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Resarcimiento costará más de 2,000 mdp
De acuerdo con organizaciones de protección al ambiente, se sienta un precedente, pero aún falta afilar sanciones inhibitorias en la ley.
El caso del derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi exhibe la imperativa necesidad de revisar las leyes de medio ambiente y minería, ya que las sanciones económicas ante un siniestro de este tipo son muy bajas y las normativas de regulación muy laxas, sostuvieron integrantes de organizaciones civiles encargadas de velar por el medio ambiente.
El fideicomiso de 2,000 millones de pesos que Grupo México deberá crear para reparar y pagar el daño a la población afectada es una figura inicial y flexible, dijo Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
La coordinadora de la campaña de Tóxicos de la organización Greenpeace México, Sinaí Guevara, dijo que el gobierno debe rendir cuentas transparentes sobre este dinero para evitar que sea una acción de pantalla. Declaró que Grupo México deberá prever los gastos a largo plazo.
Detalló que ante la alta probabilidad de que los metales pesados y los tóxicos vertidos en los ríos, que alcanzaron más de 250 kilómetros recorridos, provoquen enfermedades a largo plazo, el pago que deberá desembolsar Grupo México debe ir más allá de las medidas inmediatas anunciadas.
A casi mes y medio de ocurrido el incidente, un equipo de Greenpeace visitó la zona para efectuar una evaluación. Guevara reporta que en algunas partes aún es visible una tonalidad naranja debido al cobre en el agua.
Constataron que se registraron animales muertos, ganado, debido al derrame. Advirtió que los contaminantes que llegaron al agua son bioacumulativos, capaces de generar enfermedades como cáncer o insuficiencia renal en los próximos años.
Sergio Serrano Soriano, miembro de Pro San Luis Ecológico, organización perteneciente a la Red de Afectados por la Minería Abierta, expresó que el fideicomiso da cuenta de que la capacidad de contaminación de las grandes empresas mineras y de otro tipo es de gran magnitud .
Este derrame, catalogado como el peor desastre ambiental de la industria minera del país, es un llamado de atención para impulsar una nueva ley de minas en la que se especifique la existencia de una licencia social, en donde las comunidades y pueblos originarios otorguen permiso.
