Estados mejoran finanzas en un escenario de mayor deuda

En un contexto de crecimiento de la deuda pública en las entidades federativas, el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) arroja resultados positivos para los gobiernos locales.

En este escenario, el monto de financiamiento de estados, municipios y sus entes públicos, a septiembre del 2017, ascendió a 560,092.3 millones de pesos, un incremento anual de 4.6% que fue mayor en 0.9 puntos porcentuales respecto a la variación en el mismo periodo del 2016.

Mientras en los primeros 11 meses del año, las entidades adquirieron 118,861.3 millones de pesos en obligaciones inscritas en el Registro Público Único de la SHCP, que significó un aumento anual de 300.2%, así como un monto récord.

De esta deuda, 35.8% correspondió a Veracruz; 24.4%, a Nuevo León; 6.5%, a Zacatecas; 3.6%, a Baja California; 3.5%, a Sonora, y 3.4% a Morelos, principalmente.

A lo anterior se añade, que del total, 57.3% se destinó para refinanciamiento; 28.4%, para cubrir necesidades de corto plazo (no cuenta con respaldo); 11.4%, para inversión pública productiva, y 2.4%, a inversión y refinanciamiento, sin especificar proporción.

Por ejemplo, de las obligaciones financieras de Veracruz, 89.3% se contrató en refinanciamiento, y 10.3%, en deuda de corto plazo.

De la Ley de Disciplina Financiera, que entró en vigor en abril del 2016, deriva el sistema de Alertas de la SHCP, que se encarga de clasificar el endeudamiento en tres niveles: sostenible (verde), en observación (amarillo) y elevado (rojo).

Con este panorama, el Sistema de Alertas mostró mejoras. Al 2016, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas estaban bajo la lupa de la SHCP, ya que se encontraban en semáforo amarillo;  sólo Coahuila se ubicaba en focos rojos.

Pero ya con medición del tercer trimestre del 2017, el horizonte cambió: Baja California, Morelos, Veracruz y Zacatecas pasaron de amarillo a verde, y Coahuila, de rojo a amarillo. Es decir, ya no hay territorios con alarma en su deuda y en “preventivo” se colocaron siete entidades.

Explicación

La clasificación determina el techo de financiamiento neto al cual podrían acceder las entidades el próximo ejercicio fiscal (2018): en sostenible, se podrá incurrir en un endeudamiento adicional máximo equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición; en observación, el límite será de 5% y elevado no podrá contratar deuda adicional.

Para llegar a esto, se parte de tres indicadores financieros: deuda pública y obligaciones como proporción de los ingresos de libre disposición; servicio de la deuda y de obligaciones como proporción de los ingresos de libre disposición, y obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas como proporción de los ingresos totales.

En el primer indicador, Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Michoacán y Sonora están en semáforo amarillo, cuyo coeficiente es superior a 100% (deuda mayor a ingresos). Para pasar a semáforo rojo, la relación debe ser mayor a 200 por ciento.

Ley de Disciplina Financiera crea competencia: Fitch

La competencia para otorgar préstamos a las entidades federativas se ha intensificado en los últimos años debido a la Ley de Disciplina Financiera que limita el endeudamiento de los estados y municipios y les exige contratar deuda al menor costo financiero, lo que lleva a márgenes de interés más estrictos para los bancos en este segmento, aseguró Fitch Ratings.

A la desaceleración del crédito público, explicó la calificadora, se suman las sucesivas subidas de las tasas de interés en el 2016 y la primera mitad del 2017, lo cual ha desanimado a los estados y municipios a endeudarse, mientras el aumento de la competencia bancaria ha ajustado los márgenes.

“El crecimiento de los préstamos del gobierno alcanzó un máximo de 25% en el 2014 y ha disminuido rápidamente desde entonces y los préstamos totales del sector público cayeron en 1% interanual en septiembre, en relación con el aumento crediticio general de 9.8%”, indicó la agencia a través de un comunicado.

Agregó que la introducción del límite de la deuda de la ley ha restringido la demanda de crédito en los territorios mexicanos, donde también los obliga a contratar préstamos en mejores condiciones.

“El crédito a las entidades públicas normalmente no se basa en garantías sólidas, pero los préstamos están respaldados por transferencias federales a los estados que están designados para pagar las obligaciones bancarias. Esto ha dado lugar a que los ratios de morosidad de los bancos en este segmento estén históricamente cerca de 0%”, expuso Fitch.

Sin embargo, aclaró, los préstamos del gobierno pueden aumentar la liquidez y los riesgos políticos, ya que estos créditos generalmente tienen vencimientos de cinco años o más y, por lo tanto, requieren financiamiento a largo plazo para evitar desajustes de plazos en los balances.

“Los problemas con la capacidad de pago de los deudores también podrían conducir a la reestructuración de préstamos (...) El riesgo político y de eventos que conduce a tales reestructuraciones también es una consideración. Las próximas elecciones federales y locales en el 2018 podrían tener un impacto en el crecimiento de los préstamos”, concluyó. (Redacción)