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Delitos contra unidades económicas se reconfiguran en los estados mexicanos
La extorsión prevalece como la principal flagrancia contra las unidades económicas. Aunque disminuyó a nivel nacional, creció más de 100% en seis entidades.
En México, la incidencia delictiva es uno de los factores que afectan a negocios y empresas. Las entidades que registran una mayor prevalencia de estos delitos son Sonora y Durango.
Sonora se posiciona como la entidad con mayor tasa de incidencia delictiva con 13,700 casos registrados por cada 10,000 unidades económicas durante el 2023; seguido de Querétaro con 11,661, Ciudad de México con 9,593 y San Luis Potosí con 9,405, reveló la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 realizada cada dos años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el 2023 se cometieron 2.9 millones de delitos contra las unidades económicas, lo que representa una tasa de 6,114 delitos por cada 10,000 unidades económicas, “este aumento de 1.3% en comparación con el 2021, aunque no es estadísticamente significativo a nivel nacional, evidencia cambios en la estructura interna del país en cuanto a la distribución y tipos de delitos”, explicó en conferencia de prensa Adrián Franco Barrios, vicepresidente del Inegi.
En el 2021 la extorsión era el principal delito en 21 entidades y para el 2023 bajó a 18; el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes pasó de ser el principal en ocho estados a seis; mientras que en otras seis fue el robo hormiga; sólo en el Estado de México y Durango, los delitos más frecuentes fueron los actos de corrupción y los delitos informáticos, respectivamente.
Aunque presentó una reducción nacional de 10%, la extorsión tuvo “incrementos alarmantes en seis estados: Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chiapas, Morelos y Sonora, donde su presencia en las unidades económicas aumentó más de 100%”, dijo Franco Barrios.
En contraste, 15 estados lograron disminuir este delito desde 20 hasta 88%, como es el caso de Durango, seguido de Ciudad de México, Sinaloa, Puebla y Baja California. Un aspecto preocupante es que la modalidad de extorsión presencial se ha duplicado, lo que la ha vuelto “más efectiva”.
La cifra negra
La cifra negra también se está reconfigurando con delitos no denunciados que alcanzan 90.3%, con Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes y San Luis Potosí a la cabeza; lo cual es estructural y se observa en menores porcentajes en estados industrializados como Guanajuato, Nuevo León, Estado de México y Chihuahua, explicó Dwight Dyer, director general de Estadísticas de Gobierno Seguridad Pública y Justicia del Inegi.
Jalisco destaca por pasar de 75.8% de delitos no denunciados en el 2021 a 92.2% en el 2023, lo es indicativo de “que algo está sucediendo en las instancias de seguridad y justicia”, ya que también es donde más aumentó la prevalencia delictiva en las unidades económicas, señaló Adrián Franco.
“Tenemos casos extremos en la cifra negra, Guerrero con 97.6%, prácticamente todo lo que pasa en guerrero, no hay denuncia, no hay registro”, por lo cual no hay acción gubernamental.
Sin una carpeta de investigación difícilmente las autoridades pueden actuar, complementó.
En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registraron 10,337 delitos de extorsión en el 2023, la ENVE estima para el mismo año 747,000 casos, “esos son los extremos de la cifra negra, considerando que la cifra del Secretariado se incluyen personas, en hogares y en empresas”, afirmó.
Costo
El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito contra las unidades económicas representó un monto estimado de 124,000 millones de pesos, es decir, 0.51 % del Producto Interno Bruto (PIB), que toma en cuenta tanto las consecuencias de ser víctimas de un ilícito como la inversión en la prevención del delito.
Los mayores costos del delito se registraron en Nuevo León con 75,300 pesos por unidad económica, seguido de Sinaloa con 78,371 pesos; Nuevo León con 75,300 pesos y Chihuahua con 70,372 pesos; por encima de la media nacional, que fue de 54,451 pesos.
Como consecuencia, 15% de las unidades económicas canceló planes o programas de inversión por ser víctima o por evitar ser víctima de un delito. También 1 de cada 5 unidades reduce sus horarios de producción o atención al público.
Las entidades con menores tasas de incidencia son Tamaulipas con 3,020 por cada 10,000 unidades económicas, seguido de Nayarit, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo; también redujeron esta cifra respecto al 2021.
