Corredor transístmico: sólo son beneficios fiscales, no varitas mágicas

Recientemente, el presidente López Obrador emitió un decreto para otorgar beneficios fiscales y facilidades administrativas a los contribuyentes (personas físicas y morales) que realicen actividades económicas productivas en alguno de los diez Polos de Desarrollo para el Bienestar (ubicados en el Corredor del Istmo de Tehuantepec). Las actividades consideradas incluyen a las industrias automotriz (electromovilidad), agroindustria, la farmacéutica y la generación y distribución de energía eléctrica, entre otras.

El decreto señala que el objetivo de los beneficios es detonar inversiones productivas, crear empleo y promover el crecimiento económico en las zonas designadas. Además, se menciona la intención de usar dichos incentivos como una herramienta para reducir la desigualdad en la región, pues en el 2020 un porcentaje muy elevado de población estaba en situación de pobreza (Oaxaca con 62% y Veracruz con 59%), lo que se compara desfavorablemente con la tasa del 44% a nivel nacional. De igual forma, el documento especifica que la tasa de informalidad alcanza un 82% en Oaxaca y llega a 67% en Veracruz, muy alejadas de la tasa promedio en el país que es de 56 por ciento.

¿En qué consisten los beneficios fiscales propuestos recientemente? Los contribuyentes elegibles no pagarán Impuesto Sobre la Renta (ISR) los primeros tres años de operación. Posteriormente, el estímulo será del 50% en los siguientes tres años. Sin embargo, la exención del pago de ISR podría subir hasta 90% si se superan los niveles mínimos de empleo que quedarán estipulados en los lineamientos que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Adicionalmente, las operaciones (enajenación de bienes y la prestación de servicios independientes) que sean realizadas dentro de los diez Polos de Desarrollo para el Bienestar estarán exentas del IVA durante cuatro años. Finalmente, a la lista de beneficios se suma la posibilidad de deducir de manera inmediata bienes nuevos de activo fijo durante los primeros seis años de operación.

Tras haber leído el decreto me surgen dos dudas, una relacionada con el costo de los beneficios fiscales y la segunda sobre su posible efectividad. En lo que respecta a la primera, lo lógico era pensar que en el documento de Renuncias Recaudatorias 2023 (presentado a más tardar el 30 de junio de cada año) se hubiera incluido la pérdida recaudatoria que generarán dichos beneficios, con el afán de comparar sus costos y resultados esperados con otros incentivos, suponiendo que en algún momento se quisieran evaluar.

La triste realidad apunta a que este año no se presentará dicho documento (fundamentado en el artículo décimo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2023), bajo la argumentación de que la obligación de presentarlo se subsanó con el reporte del año pasado. No obstante, la pérdida recaudatoria que generarán los beneficios fiscales para los Polos de Desarrollo para el Bienestar no está contenida en el reporte del 2022, ya que el decreto que los crea se firmó en junio de este año. En ese sentido, no publicar el documento de Renuncias Recaudatorias es una mala noticia, pues éste es una herramienta esencial en materia de transparencia presupuestaria.

Con respecto a la efectividad de las medidas, hasta la fecha, no recuerdo un paquete de beneficios fiscales que haya logrado cumplir con un objetivo como el que busca el presidente. Reducir las desigualdades regionales y promover la inversión en un país como México, es un reto que varios han intentado superar y la mayoría con malos resultados.

Los beneficios fiscales pueden funcionar y lo han hecho en varias partes del mundo. No obstante, no son una “varita mágica”, ya que han sido efectivos en contextos distintos al nuestro. Además, en el país hay otros problemas estructurales que impiden su buen funcionamiento. Por ejemplo, ¿Qué tan atractiva resulta una deducción inmediata de activos fijos cuando hay zonas en donde el crimen organizado cobra sus propios “impuestos” con el derecho de piso?

La vigencia de los estímulos tampoco resulta atractiva cuando a la vuelta de la esquina tenemos una elección y un nuevo gobierno que podría borrar de un plumazo los beneficios del decreto, tal como lo hizo el presidente López Obrador con las Zonas Económicas Especiales de Enrique Peña Nieto. No podemos pasar por alto que, previo a la publicación del decreto aquí analizado, la Secretaría de Gobernación sacó otro en el que se declara al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como “obra de seguridad nacional y de interés público”, y unos días después la Secretaría de Marina publicó varios decretos en los que se declara la expropiación de ciertos tramos del Corredor y se ordena la ocupación temporal inmediata.

Ningún incentivo fiscal podrá compensar los problemas que se tienen en ciertas regiones del país en materia de seguridad, ni serán atractivos ante la incertidumbre de su vigencia; tampoco podrán solucionar la falta de confianza del empresariado para invertir en un país plagado de inestabilidad. La magia de los incentivos no existe.