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El Inai permitió la vigilancia telefónica; tres investigadoras de la masacre de San Fernando fueron espiadas
Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en una foto de archivo de 2019. Foto EE: Cortesía / Twitter @FJEDD
La periodista Marcela Turati, la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo y la cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense, Mercedes Mimi Doretti, fueron espiadas ilegalmente por las autoridades federales de México mediante el uso que hicieron de sus teléfonos entre 2015 y 2016.
Para espiarlas, las autoridades exigieron a las compañías telefónicas que les entregaran datos e información de la ubicación geográfica en tiempo real de los teléfonos de estas tres mujeres, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) aprobada en 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que incluyó un capítulo que obliga a las compañías a colaborar con las autoridades recabando y teniendo a disposición información privada y sensible de sus clientes.
El Inai —el instituto responsable de garantizar la protección de datos en México— tuvo la oportunidad de refutar esa ley en la Suprema Corte e intentar la defensa de la privacidad de los ciudadanos ante el riesgo de una vigilancia masiva, indiscriminada y desproporcionada del gobierno. El Inai no lo hizo. La ley entró en vigor, con todo y el capítulo que permite la intervención de comunicaciones privadas.
Con el caso de Turati, Delgadillo y Doretti tenemos otra confirmación de las arbitrariedades que permiten leyes que atentan contra la vida privada de los ciudadanos, que son mal diseñadas y no cuentan con controles judiciales ni regulación ciudadana ni transparencia.
La Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) “utilizó las herramientas destinadas a combatir la delincuencia organizada para violar la privacidad, la intimidad, la seguridad, las comunicaciones y criminalizar a quienes desde distintos ámbitos buscaban la justicia, la verdad y el derecho a la información”, denunciaron distintas organizaciones de la sociedad civil el 24 de noviembre de 2021, en respuesta a la noticia de que Turati, Delgadillo y Doretti fueron espiadas.
Turati, Delgadillo y Doretti descubrieron que habían sido objeto de espionaje cuando revisaron parte del expediente judicial de la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas, cuyos cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en 2011. Parte del expediente fue transparentado por una sentencia de la Suprema Corte a favor de Delgadillo y su organización de defensa de víctimas, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. En el expediente, en el tomo 221, estas tres mujeres aparecen relacionadas en una investigación de secuestro y delincuencia organizada.
La PGR “solicitó de forma ‘extraurgente’ información a las compañías de todas las llamadas (entre febrero de 2015 y abril de 2016), para acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización”, denuncia el comunicado de las organizaciones civiles publicado el 24 de noviembre.
Este espionaje dejó “claro un mensaje: que —como dice el periodista John Gibler— en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo”, escribió Turati en The Washington Post.
Hoy están a punto de entrar en vigor dos nuevas reformas contra la privacidad, la intimidad y la protección de datos personales de los ciudadanos. Estas reformas obligarán a todos los ciudadanos mayores de edad, incluso si no tienen actividad económica, a integrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y crecer la gigantesca base de datos con información sensible y datos biométricos en poder del SAT, la oficina de recaudación de impuestos. Las reformas también permitirán al SAT utilizar herramientas de geolocalización para posicionar geográficamente los domicilios de los contribuyentes y crear un “mapa geográfico fiscal”.
El Inai tiene la obligación de defendernos, de ir a la Corte y presentar su rechazo a estas reformas. Ya lo hizo contra la reforma de 2020 que permite al SAT lucrar con nuestros datos personales sensibles y, en 2021, contra el padrón de datos biométricos de todos los usuarios de telefonía móvil. Las consecuencias de no proteger nuestra vida privada contra arbitrariedades son gravísimas y a veces irreversibles. El caso de Turati, Delgadillo y Doretti lo confirma nuevamente.
