El problema energético y el T-MEC

Hemos tenido recientemente amenazas, burlas e ironías en Palacio Nacional. ¿El motivo? El inicio de la etapa de consultas por parte de Estados Unidos y Canadá contra el gobierno de México por presuntas violaciones de la actual política energética a los términos acordados del T-MEC. Este procedimiento muy probablemente desembocará en el establecimiento de un panel arbitral Estado-Estado. Se trata de una cuestión de tanta relevancia, que podría terminar con la imposición de cuotas arancelarias a la exportación de productos electrónicos o agroindustriales mexicanos hacia el país del Norte y Canadá. Por lo que, las bromas y actitud retadora del Ejecutivo Federal deben tener un límite y apelar a la defensa institucional del T-MEC y de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano por el Poder Legislativo, particularmente el Senado de la República, que, hasta ahora, ha guardado silencio. 

Y es que políticamente, la controversia ha redituado -y lo hará todavía más- al gobierno del presidente López Obrador, pues le ha facilitado un nuevo episodio de la narrativa del enemigo perfecto: el imperialismo yanki que justificará la retórica en contra del “invasor” que quiere llevarse la energía de los mexicanos, como si se tratara de un robo territorial, como en el siglo XIX. La nota ha servido, además, para que algunos editorialistas y periodistas emitan improperios contra la jerarquía “malvada” de nuestro sistema jurídico, que coloca a los tratados internacionales por encima de las leyes federales. Según ellos, el presunto desdén por las leyes nacionales de nuestra pirámide normativa serían las que impiden que avance el plan de gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. ¿Está justificado este enfado? 

En primer lugar, es necesario aclarar que nuestra Constitución no coloca a los tratados internacionales por encima de las leyes federales. El artículo 133 constitucional establece que “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.” 

La jerarquía de los acuerdos comerciales a un nivel superior a las leyes que emita el Congreso es resultado de la interpretación que ha realizado la Suprema Corte. Es decir, nuestro máximo tribunal ha reiterado por jurisprudencia consolidada que los tratados están por encima de las leyes para evitar el incumplimiento de compromisos de México en el ámbito internacional. Esto es justamente lo que constituye el jugo del conflicto acerca de la energía eléctrica: ¿La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del 2021 puede contradecir el T-MEC? Obviamente no. 

Adicionalmente, la Convención de Viena sobre los tratados internacionales establece que ninguna disposición interna de un Estado puede servir de justificación para el incumplimiento de los compromisos de ese Estado en el ámbito internacional. Es lógico, de otro modo se pondría en serio peligro el concierto pacífico entre los Estados, y el comercio internacional, por ejemplo, sería imposible.  

Los que cuestionan la actitud del presidente López Obrador tienen razón: de este brete el gobierno mexicano difícilmente saldrá bien librado. Se trata de la relación con nuestro principal socio comercial, aquél que compra el 80% de nuestras exportaciones. 

López Obrador y su equipo argumentan que México negoció con Estados Unidos y Canadá una excepción al tratado, que se explicita en el capítulo 8. Sin embargo, esa reserva sólo se refiere a los hidrocarburos del subsuelo; la cadena de suministro, tanto de hidrocarburos como de electricidad, incluso aquella producida con carbón o combustóleo, no constituyen una excepción a los acuerdos y principios del nuevo T-MEC que firmó México.  

¿En qué terminará este enredo? Tememos un final de tragedia griega, el gobierno mexicano ha insistido en mantener su política actual que da ventaja a Pemex y a CFE por encima de sus competidores, y descuida que esto incremente tanto los costos de la electricidad para toda la economía, como las emisiones de gases de efecto invernadero que afectan el medio ambiente y la salud de la población. De cumplirse la profecía, el Panel convalidaría las expectativas, lo que terminaría con el condicionamiento a México a cambiar las reformas legales que violan el T-MEC, so pena de sufrir las represalias, materializadas en medidas arancelarias equivalentes al daño causado. El monto podría alcanzar sumas superiores a los 20 mil millones de dólares. Además, en lo político, los aranceles se impondrían seguramente a partir de 2024, en plenas campañas electorales en México y en los Estados Unidos. Para AMLO, un presidente para quien todo tiene un significado político, la creación de un enemigo extranjero victimario de México parece que es el ingrediente que necesitaba para crear un escenario populista perfecto.