La súper Secretaría de la 4T

Mientras languidece el Inai, la Secretaría de la Función Pública alista su expansión. Además de las tareas normativas que realiza, de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica de la Administración Pública, un decreto presidencial la convertirá en instancia fiscalizadora, en implementadora del sistema electrónico de contrataciones públicas e inclusive habilitará un centro de estudios para prevenir la corrupción y la impunidad.

Por instrucciones superiores, Compranet —cuya seguridad informática recientemente se vio comprometida— saldrá de la Secretaría de Hacienda para engrosar a las competencias de la SFP. Las contrataciones públicas —ya sean en la modalidad de adjudicaciones directas o compras consolidadas— o también recaerán en el terreno de la Subsecretaría del ramo, que requerirá de un robusto aparato burocrático para cumplir con las nuevas encomiendas, producto de la reciente reforma al marco legal.

A contrapelo de lo ocurrido en la mayoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, donde hubo un recorte de personal, hace un mes, y se cancelaron las plazas vacantes, en la Función Pública se crearán más de un centenar de nuevos cargos. El nuevo reglamento interno materializa la nueva estructura administrativa de la dependencia encabezada por Roberto Salcedo Aquino, quien en el despacho de los asuntos de su competencia será auxiliado por 11 titulares de unidades administrativas.

¿La austeridad republicana, subordinada a la gestión gubernamental? La jerarquía de los servidores públicos quedó establecida en el artículo octavo del Reglamento Interior. Salcedo Aquino sólo tendrá un subsecretario del ramo. 

En el mismo nivel estarán cinco coordinadores generales y el titular de la Unidad de Administración y Finanzas. En el siguiente nivel, los jefes de las unidades. Y  el director general de Comunicación Social.

El subsecretario —posición actualmente acéfala— tendrá a su cargo la UAF, cuya actual titular es Ana Liza Gómez Torres, quien fue designada directamente por el oficial mayor de Hacienda, Thalía Concepción Lagunas. De ésta, a su vez, dependerán las direcciones generales de programación y presupuesto; recursos humanos; recursos materiales y servicios generales; tecnologías de la información, y el Centro de Estudios para Prevenir la Corrupción y la Impunidad.

El organigrama de la SFP incluye cuatro nuevas coordinaciones generales: de Fiscalización, de Gobierno Eficaz y Probidad, de Combate a la Impunidad, y de Vinculación con la Sociedad. Para las entidades encabezadas por Gregorio Guerrero Pozas, (Gobierno de Órganos de Control y Vigilancia), Rafael Ruiz Mena, (Unidad de Políticas Anticorrupción), Manuel García Garfias (Unidad de Asuntos Jurídicos) y Jorge Pedro Castolo, titular del Órgano Interno de Control, no hay cambios.

Al frente de la dependencia desde hace tres años, tras de la dimisión de Irma Eréndira Sandoval, el secretario Salcedo Aquino ha conformado un equipo de trabajo que tiene 15 posiciones de relevancia. Las disposiciones del nuevo Reglamento Interior no implican su despido o reubicación.

En ese grupo están una decena de titulares de unidades administrativas: Katia Karina Rodríguez Ramos, de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones; Dálida Cleotilde Acosta Pimentel, de Ciudadanización y Defensa de las víctimas de la corrupción; Omar González Vera, Auditoría Gubernamental; José Luis Chávez Delgado, de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública; Jaime Arturo Larrazábal, de Política de Recursos Humanos de la APF; Alfredo Páez Herrera, de Ética Pública y Conflicto de Intereses; Efraín Álvarez Caborno Ojeda, de Denuncias e Investigaciones, y Eduardo Gurza Curiel, de Auditorías a Contrataciones Públicas.

El nuevo reglamento también otorga a la SFP nuevas facultades de fiscalización y ejecución de sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidades administrativas. En su esfera de competencias igualmente está la verificación de la aplicación de los recursos públicos federales para la ejecución de programas de desarrollo social.