Las reglas

Durante su campaña presidencial el presidente López Obrador fue muy crítico, con toda razón, del mediocre crecimiento que había experimentado la economía mexicana durante el periodo “neoliberal”, 2% promedio anual. Según él, de llegar a ser el candidato triunfador, prometía que durante su gobierno la economía crecería a una tasa promedio anual de 4% y que para el final de su sexenio la economía crecería al 6 por ciento. Malas noticias para él, pero sobre todo para los mexicanos en conjunto; durante este sexenio el crecimiento de la economía es altamente probable que no llegará ni siquiera al 2% promedio anual.

Son varias las causas del más que mediocre desempeño de la economía durante este sexenio, pero la que sobresale es, sin duda, la incertidumbre jurídica que el mismo presidente ha generado con sus decisiones y que, por lo mismo, han desincentivado la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera. Desde la arbitraria y notoriamente errónea cancelación del aeropuerto allá en el no tan lejano octubre de 2018, se ha ido mermando casi de manera continua la certidumbre sobre las reglas del juego que todo inversionista privado demanda.

La historia es de todos conocida: a la ya mencionada cancelación le siguió la otra, también arbitraria e ilegal cancelación de la planta cervecera en Mexicali, el cambio arbitrario e ilegal (por inconstitucional) de las reglas del sector energético nacional, la captura de diferentes órganos regulatorios como la CRE y la CNH, el ataque mediático y presupuestal a los órganos autónomos del Estado (INE, INAI, IFT, Cofece), la cancelación arbitraria de fondos y fideicomisos con la consiguiente apropiación de los recursos que estos manejaban y un destino por demás opaco de los mismos, la cancelación de diferentes programas gubernamentales, otra vez arbitraria y sin mayor sustento que el afirmar que había corrupción en su administración sin aportar alguna prueba, como Prospera, las estancias infantiles, el Seguro Popular y otros y un muy largo etcétera.

Jugar y cambiar arbitrariamente las reglas no es gratuito; el costo es muy elevado y lo hemos experimentado. Las empresas, al evaluar un proyecto de inversión se enfrentan a un futuro por demás incierto por lo que la rentabilidad del mismo depende de varios factores que no necesariamente están bajo su control (tasas futuras de interés y del tipo de cambio, ingresos netos esperados dada la evolución que pudiese tener la demanda del bien que producirán y los costos futuros de las materias primas, etcétera). Si además a todas estas fuentes de incertidumbre se le agrega un elemento adicional que es el que el gobierno pueda en algún momento no respetar el marco jurídico, las reglas bajo las cuales se llevaría a cabo el proyecto y las modifique arbitrariamente, como lo ha hecho este gobierno, el resultado obvio será un menor flujo de inversión y por lo mismo, una menor tasa de crecimiento económico. Y el costo lo pagamos todos, particularmente las familias más pobres; sin crecimiento alto y sostenido no hay manera de reducir permanente la incidencia de pobreza; las transferencias gubernamentales, además de que pueden inhibir el incentivo para la mejora personal, nunca serán suficientes.

El Secretario de Hacienda sabe de la importancia para la inversión y el crecimiento de dotar a los agentes económicos privados de un marco en el cual  exista, al menos, certidumbre jurídica y que las reglas no serán modificadas arbitrariamente. El problema no es él; el problema es el presidente mismo, quién no le otorga ningún valor al Estado de derecho.

Al margen

Aplausos para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes por unanimidad, al aprobar que es inconstitucional la penalización del aborto, reconocieron el derecho de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo y sobre su maternidad. Con esta decisión, la libertad en México avanzó varias casillas.

Twitter: @econoclasta