Los rivales de Pemex Fertilizantes

México pasó, en menos de tres décadas de ser productor a ser un neto importador de fertilizantes. En la actualidad, 58% de la demanda total nacional de 4.5 millones de toneladas proviene de China, Estados Unidos, Rusia, Canadá, India y Ucrania.

En el final de la cadena están los hombres del campo. Los pequeños productores reciben el subsidio del gobierno federal. Aquellos que están al margen de los programas de apoyo deben asumir altos costos finales, por las tasas de flete e importación, además poca disponibilidad del producto en momentos clave del ciclo agrícola.

A mediados del sexenio peñista, la administración federal intentó paliar el déficit de fertilizantes con una decisión que resultaría catastrófica, en más de un sentido: la compra de las plantas de fertilizantes de AHMSA que eran improductivas, por años de abandono. Pemex adquirió Fertinal y Agronitrogenados luego de que Proman Group rechazara una oferta de compra.

Segundo productor de metanol a nivel mundial y sexto entre los productores de amoniaco, ese consorcio de origen suizo-alemán, enfocado al desarrollo y operación de proyectos en la industria petroquímica, abrió Gas y Petroquímica de Occidente. Y en vez de comprar chatarra decidió construir una planta generadora de amoniaco anhidro en terrenos aledaños a la Bahía de Ohuira, en el Ahome, Sinaloa.

Mientras Emilio Lozoya Austin y Edgar Torres Corzo concretaban la compra de Fertinal y Agronitrogenados, GPO vio frenado su proyecto, por trabas burocráticas propagadas desde el piso 43 de la Torre de Pemex. El rotundo fracaso de la división de fertilizantes de la Empresa Productiva del Estado no disminuyó el boicot a los inversionistas foráneos.

La salida de Lozoya Austin de la dirección general de Pemex revivió las expectativas de los directivos del GPO. Apenas fue una impresión, pues ni José Antonio González Anaya ni Carlos Treviño Medina hicieron mucho para resolver el principal problema del complejo petroquímico: contar con el suministro de gas natural.

El diseño original de la planta contempló una conexión con las instalaciones de Pemex en Topolobampo. Al paso del tiempo —no obstante el cambio de administración— los inversionistas foráneos también emprenderían la construcción de una nueva terminal marítima, adjunta al complejo petroquímico.

El proyecto —de 5,000 millones de dólares, de los cuales ya han gastado 1,200 millones— no aguanta más trabas. Y eso ya lo saben los directivos de Pemex y los asesores del Ejecutivo federal, a los que GPO ha ofrecido ayuda para reactivar las plantas de Cosoleacaque que adquirió hace cuatro años la empresa productiva del Estado mexicano.

El gas contractual está en el centro de estas polémicas. Y otras, que darían cuenta del favoritismo de las autoridades del sector petroquímico con firmas vinculadas a altos funcionarios de las últimas dos administraciones federales. Los malos negocios de Pemex con Fertinal, pero sobre todo con Agronitrogenados es una historia paralela a la del complejo Etileno XXI, el mayor proyecto petroquímico en México en los últimos 30 años y por su monto —4,720 millones de dólares— una de las inversiones extranjeras directas más importantes para una empresa brasileña fuera del territorio del gigante sudamericano. Las virtudes del proyecto se desvirtúan cuando Odebrecht brota como la empresa involucrada, a través de su filial Braskem, junto con la firma mexicana Idesa.

Sin capacidad para abastecer la demanda actual de fertilizantes, las obras en la Bahía Ohuira parecerían una opción inmejorable. Y con los permisos en el escritorio, los directivos de GPO esperarían iniciar la construcción de su planta en el último trimestre del 2019 y comenzar a producir en el 2022. De las 800,000 toneladas que producirían en el primer año de trabajos —han prometido— al menos 500,000 serían para abastecer al mercado interno.

Detrás de las resistencias al proyecto en Topolobampo estarían los distribuidores de fertilizantes que actualmente cubren la demanda nacional, consideran los promotores de la inversión alemana.

El aspecto novedoso —a su juicio— es el activismo de la diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo, quien basada en una investigación periodística del diario Noroeste, propiedad de su familia, objetó la construcción del complejo petroquímico.

“Está mal informada”, reviraron los directivos de GPO aunque no aludieron a las acusaciones sobre los presuntos vínculos de los exgobernadores Francisco Labastida Ochoa y Mario López Valdez con los inversionistas. “Hay una intención clara de politizar el asunto”, concluyeron.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿USURPACIONES? Este fin de semana, en Lisboa, se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Ministros Responsables de la Juventud 2019 y el Foro de la Juventud LISBOA+21. Alfredo Pérez Bravo, embajador de México en Portugal, acudió a ese encuentro, en representación del gobierno de México. ¿Y el exdiputado morenista y el titular del Imjuve, Guillermo Santiago? Tampoco tiene mucha injerencia en la definición del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

¿FILTRACIONES? El gobierno federal retrasó un día el fallo de la licitación para la contratación consolidada de bienes terapéuticos. Y casi de inmediato —trascendió en el Palacio Nacional— será divulgado el resultado de la investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública sobre el presunto conflicto de interés en el que habría incurrido el delegado de los programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí. En el camino surgió evidencia —negada inicialmente por el funcionario— sobre la participación de Laboratorios Solfran en la mega licitación, que presentó a tiempo los correspondientes escritos de interés en participar y con preguntas para la junta de aclaraciones. Lomelí es administrador general único de ese laboratorio farmacéutico, como consta en su declaración patrimonial, aunque no percibe ingresos por el desempeño de ese cargo. No obstante, Lomelí reiteró que no participará en licitaciones convocadas por el gobierno federal pues su prioridad es activar y bajar los recursos de los programas sociales en Jalisco. Hasta ahora, la única certeza es que las bases de la licitación estipulan que la entrega de los medicamentos ocurrirá cinco días después de que sea emitido el fallo.