Presiones fiscales

Aunque durante el gobierno del presidente López el flujo anual de los requerimientos financieros del sector público (el agregado más amplio del déficit fiscal) se ha mantenido relativamente bajo al igual que su saldo como porcentaje del PIB (48%) ello no indica que las finanzas públicas se hayan manejado con prudencia o de manera ortodoxa; por el contrario. Tal evolución del déficit y de la deuda se han logrado principalmente por dos razones.

La primera, el presidente López decidió dejar al sector público federal en los huesos y, por su ridícula política de salarios, con un capital humano de menor calidad, sin posibilidad de adquirir suministros y, por lo mismo, sin capacidad operativa, una administración pública federal prácticamente paralizada. ¿Qué mejores ejemplos son haber dejado a una parte significativa de la población sin acceso a los servicios de salud y a otra parte todavía mayor sin medicamentos y enfrentados a servicios en hospitales y clínicas públicos sin suministros básicos y equipamiento, escuelas a las que no se les ha dado mantenimiento, con muchas de ellas que siguen sin agua potable, servicios sanitarios y electricidad, así como carreteras federales cayéndose en pedazos? La segunda, la decisión de vaciar prácticamente todos los fondos y fideicomisos y utilizar los ahorros que heredó de gobiernos pasados, cancelando de paso muchos programas y apoyos (cultura, ciencia, servicios escolares, desastres naturales, áreas naturales protegidas, cambio climático y un muy largo etcétera).

Estos mal llamados "ahorros" (como al presidente le gusta denominarlos), se han canalizado mayormente a tres renglones. Primero, transferirle recursos a las dos más ineficientes empresas que existen en México (Pemex y CFE) que, además, valuados correctamente los pasivos contingentes y los costos del capital, tienen capital neto negativo; están quebradas. Segundo, financiar las cuatro obras faraónicas (refinería, Tren Maya, AIFA y el tren que conectará Coatzacoalcos - Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec) que no sólo han más que duplicado el costo inicialmente estimado de construcción, sino que, al tener un valor presente negativo, requerirán de transferencias futuras para que puedan operar sin que, además, se conviertan en un detonante de mayor inversión privada.

Tercero, el financiamiento de los llamados programas sociales en un auténtico derroche de recursos en programas mal diseñados y ejecutados, como son "jóvenes construyendo el futuro" y "sembrando vida", y de manera destacada por no ser sostenible fiscalmente, dado que absorberá una fracción creciente del gasto público total, la pensión no contributiva para adultos mayores (el presidente, en un acto puramente electoral, decidió en 2021 reducir de 68 a 65 años la edad mínima para recibirla, cuando lo correcto, por el envejecimiento paulatino de la población y la mayor esperanza de vida, era subirla a 70 años).

A las presiones fiscales de gasto arriba señaladas hay que agregar que, al menos por los siguientes dos o tres años, el servicio de la deuda pública se mantendrá en niveles relativamente elevados, dado que las tasas de interés tanto internas como externas no bajarán mientras la inflación no disminuya apreciablemente.

Es indudable que el próximo gobierno enfrentará desde su inicio presiones fiscales significativas, no sólo por los crecientes compromisos de gasto que irresponsablemente el actual gobierno heredará, sino también porque no es eficiente, socialmente hablando, tener un sector público en los huesos y paralizado. No es posible, además, seguir con la inercia actual en el gasto público cuando es necesario incrementarlo en cuatro rubros: educación, salud, seguridad pública e inversión pública en infraestructura, como son comunicaciones y transportes y transmisión y distribución de electricidad, y que a su vez detone la inversión privada (destaca que, a pesar de las cuatro obras faraónicas, la inversión pública total se encuentra, como porcentaje del PIB, en niveles similares a los de la década de los sesenta del siglo pasado).

En consecuencia, el próximo gobierno tendrá que impulsar una profunda reforma fiscal. Por el lado de los ingresos (tributarios y no tributarios), es indispensable fortalecer estructuralmente estos y alinear los incentivos que se desprenden de su diseño, particularmente del tributario, con el objetivo de lograr mayores tasas de crecimiento económico. Por el lado del gasto, se tendrá que realizar un rediseño a fondo de su estructura con el objetivo, esto último, de que lo que el sector público gaste sea íntegramente una aportación a la generación de riqueza en el país y no una de transferencias corrientes que no son más que simples paliativos de la pobreza o proyectos con rentabilidad social negativa, como ha sido el gasto del actual gobierno.

Twitter: @econoclasta