Reforma judicial, en busca de la popularidad

Si la prioridad es democratizar al Poder Judicial en México, poco ganamos con la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.

Hay que garantizar un acceso efectivo a la justicia, sin importar si son ricos o pobres, mujeres o trans, albañiles o funcionarios públicos. Y si de paso terminamos con los privilegios y canonjías, todos habremos ganado.

Desde febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas, entre las que se contempla una ambiciosa reforma al Poder Judicial que considera la elección ciudadana de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces.

Y hace unos días, Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, confirmó la ruta cuando anticipó que la reforma del sistema de justicia será una de las prioridades de la coalición conformada por Morena, PT y PVEM, cuando inicie la LXVI legislatura el 1o de septiembre.

La elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados no es común. No obstante, sería conveniente considerar lo que Estados Unidos y Bolivia han experimentado.

En la Unión Americana, por ejemplo, fue casi abandonada la idea de nombrar jueces a través de la elección popular que se generalizó en el siglo XIX. ¿La razón? Los críticos advirtieron que la incursión de los partidos políticos en el proceso de designación provocó una excesiva politización del sistema de elección.

Además, se ha demostrado que cuando se trata de la confirmación o reelección, los jueces son sometidos a compañas de desprestigio orquestadas por personas y grupos que, en algún momento, vieron sus intereses afectados por alguna de las sentencias del juzgador.

Algo similar han experimentado en Bolivia, donde se han evidenciado casos en los que los costos de las campañas excluyen a candidatos interesados e indicios de que las contribuciones a las campañas no son desinteresadas y terminan corroyendo la honorabilidad y reputación de los juzgadores, de las instituciones jurisdiccionales y del sistema de justicia.

Incluso, varios expertos en derecho constitucional han advertido que otro de los argumentos contrarios a la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados es el abstencionismo.

En 2011 y en 2017, Bolivia celebró la elección de jueces y la participación ciudadana brilló por su ausencia. Desinteresada, desinformada o desmotivada, la ciudadanía no acudió a las urnas. Y el costo de cada proceso electoral fue de entre 300 y 500 millones de pesos.

En efecto, el Poder Judicial enfrenta un enorme rechazo social en México. En materia de justicia, magistrados y jueces federales y locales nos quedan a deber. El déficit de justicia es inmenso. Se requieren cambios profundos.

Bien harían desde el Poder Judicial, ahora que han regresado de sus vacaciones, reconocer los múltiples privilegios que gozan. Es inaudito que las ministras y ministros, con salarios mensuales superiores a los 270 mil pesos, hagan efectivas prestaciones que en otros niveles sí son válidas: 62 mil pesos cada seis meses, por concepto de prima vacacional; y el reembolso anual de más de mil 500 pesos, por concepto de armazones y graduación de lentes.

Los diputados y senadores de la próxima Legislatura en el Congreso deberán tener presente que la democratización de la justicia significa eliminar padrinazgos, para que sea el mérito lo que determine el ingreso y ascenso en la carrera judicial.

Además de que las adscripciones o el lugar a donde son asignados los jueces y magistrados sean resultado de un sistema transparente, libre de presiones políticas, premios, castigos y negocios inconfesables.