¿Son los grupos empresariales poderosos los mayores enemigos de la competencia?

Felipe Irrazábal, en un artículo publicado en El Mercurio, el 8 de septiembre del año pasado, se pregunta si ¿son los grupos económicos una amenaza para la libre competencia? La pregunta es interesante, aunque demasiado amplia. Más complejo aún sería saber qué medidas concretas habría que adoptar para disminuir esa amenaza, si fuese cierta, sabiendo que también existen eficiencias.

Una asociación de consumidores solicitó al Tribunal de Libre Competencia (TDLC) abrir un expediente de recomendación normativa (ERN) para discutir estos temas. El TDLC resolvió iniciar el proceso y ofició a las autoridades económicas para que aporten antecedentes.

Al día siguiente, los medios de comunicación informaron sobre el ERN y lo catalogaron de “inédito”, transcribiendo algunas palabras del Ministro de Hacienda: “es un tema que está en el radar de su cartera” y “se necesita una visión de conjunto sobre estos conglomerados”.

La solicitud de la asociación tiende a mirar a los grupos económicos -los alrededores de 25 conglomerados familiares, muchos de los cuales combinan negocios financieros con otros industriales- como una suerte de manada de lobos feroces que dominan la economía de nuestro país. Chile tendría excesivos niveles de concentración, en especial en los grupos económicos, y sería un “país carísimo”, todo lo cual ha sido la base del malestar de la ciudadanía de los últimos años.

Sostienen, con un grado de convicción algo abrumante, que esta forma de organización de la economía genera efectos dañinos en el acceso a los mercados financieros, desplazamientos de las pymes, instancias de coordinación colusiva, predaciones, disuasión a la entrada, afectación al bienestar económico e influencias indebidas en las autoridades de turno. Así, los grupos económicos serían la fuente de todos o muchos de nuestros males, y si eso fuese cierto, esta ERN sería la madre de todas las batallas.

Esa certeza de diagnóstico viene acompañada, por cierto, de una certeza aún mayor en los remedios. La asociación le pide al TDLC que, a su vez, le recomiende al presidente de la República que dicte un proyecto de ley que reduzca las estructuras de sujeción piramidal, separe a las entidades financieras de las empresas industriales, obligue al Estado a considerar la concentración agregada en forma previa a asignar concesiones y derechos y establezca un registro público sobre los grupos económicos.

La solicitud se apoya en un informe preliminar que el Ministerio de Hacienda del gobierno anterior le encargó al profesor de la Universidad de Chicago Luigi Zingales y en las experiencias legislativas de Israel y EE.UU.

El mecanismo del ERN se estableció en la reforma del año 2003 al DL 211 -aunque su origen antecede a la creación del TDLC- y le permite al tribunal proponer al Presidente de la República, “la dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando sean necesarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se presten en condiciones no competitivas”. Quienes tengan interés legítimo en el asunto deberán aportar antecedentes en un plazo de 30 días y ese aporte los habilitará para participar en una audiencia pública que se realizará con posterioridad. La resolución del TDLC podría ser reclamable ante la tercera sala de la Corte Suprema, aunque eso no esté así expresamente contemplado.

A la fecha, el TDLC ha tramitado 23 ERN -absteniéndose de recomendar en tres oportunidades- en temas variados y precisos, tales como exenciones tributarias para empresas sanitarias, régimen de acceso a recursos pesqueros, medios de pago, intermediación de valores y uso de espectro radioeléctrico. El TDLC nunca se ha visto enfrentado en un ERN de la amplitud de esta solicitud, que apunta a la estructura de cómo se organiza la economía, sin hacer referencia a un mercado o conducta determinada.

Las autoridades de competencia no la tienen fácil. El camino es largo y sinuoso. La tramitación de la solicitud ante el TDLC debiera demorar un buen tiempo. De ahí, a la Corte Suprema, luego al presidente de la República de turno -que difícilmente sería el actual- para terminar en el Congreso. El trabajo requiere llegar a tener un diagnóstico claro en base a evidencia dura -algo difícil de obtener en este tipo de procedimientos-, tanto de las eficiencias propias de los conglomerados como de los riesgos competitivos inherentes a su existencia y de la razonabilidad de las medidas recomendas.

El proceso debe ser técnico y basarse en datos precisos, evitando caer en ideologizaciones o meras abstracciones académicas. El proceso debe restringirse a asuntos de competencia -tal cual lo mandata la ley- y no a otras políticas públicas, debiendo la Corte Suprema exhibir un razonable grado de deferencia. Sería deseable que el TDLC luego de los aportes de antecedentes circunscriba el objeto de esta ERN y adopte medidas eficientes para resguardar la confidencialidad. La FNE debiera coordinar eficazmente a las otras autoridades para buscar miradas compartidas. El solicitante debería profundizar en sus argumentos, de manera transparente, en especial respecto a los riesgos efectivos en libre competencia y sus remedios. Los grupos económicos, por sí o por medio de sus asociaciones, debieran participar en este debate, principalmente respecto de sus eficiencias y las razones económicas de sus organizaciones. En caso de que se adopte una recomendación, el Ejecutivo y el Congreso debieran desplegar seriedad, profundidad y mirada de largo plazo en sus análisis.

El asunto puede ir para cualquier lado. Hay múltiples riesgos -principalmente que esto sea utilizado por quienes quieren debilitar la economía de mercado aunque no sepan con qué reemplazarla-, pero también hay una oportunidad para analizar, con pruebas empíricas, prudencia y cordura, el rol de los grupos económicos en la economía de mercado de nuestro país.

.Algún ejemplo similar debería pensarse para México, donde 10 empresarios concentran más del 40% del PIB. Es lógico que donde hay concentración, hay precios más caros y más posibilidad de realizar acuerdos colusorios. Las PYME añaden dinamismo a la economía, ocasionan que sea más difícil que las empresas lleguen a acuerdos colusorios.

La política de la pequeña y empresa mediana es una política económica especial dirigida a las empresas medianas independientes que representan el 96 por ciento de todas las empresas. Las empresas medianas son un grupo heterogéneo compuesto por los artesanos, el comercio minorista, las profesiones liberales, las empresas de servicio y las pequeñas y medianas empresas manufactureras con un máximo de 500 empleados. La fuerza de una economía de mercado crece con el buen funcionamiento de la competencia y la competencia depende del número y de la competitividad de las empresas medianas. Sin embargo, la política es, sobre todo, dominada por las empresas públicas o las grandes sociedades de capital. Como consecuencia, muchas leyes tienen un efecto desfavorable para las empresas medianas:

• La desigualdad absoluta en materia de exigencias burocráticas significa una mayor carga especialmente para las empresas pequeñas.
• El abuso de la posición de mercado discrimina frecuentemente a las empresas medianas (p.e., discriminación de proveedores).
• De todos los actores económicos, los únicos que se responsabilizan de las pérdidas de sus empresas con todo su patrimonio personal son los empresarios (no los gerentes).
• Los sueldos de los gerentes son considerados costos de las empresas mientras que el sueldo del empresario debe ser declarado como beneficio y paga impuestos.
• Las únicas empresas que pagan el impuesto a la herencia cuando asume una nueva generación son las empresas personales.
• Mientras que los consorcios internacionales pueden trasladar sus beneficios a cualquier parte del mundo, las empresas medianas deben, por lo general, someterse a las leyes fiscales nacionales y cargan con más de dos tercios de la carga tributaria pública. La economía de mercado sólo es justa si ofrece igualdad de oportunidades. Por ello, la política de la empresa mediana debe asegurar la igualdad de oportunidades de las pequeñas y medianas empresas personales.

Para esto sirven:

• Las leyes de fomento de la empresa mediana que exigen, por ejemplo, que los volúmenes de los contratos de las licitaciones públicas tengan un tamaño adecuado,
• La privatización de servicios públicos para alcanzar una igualdad de competencia en este sector,
• El control de cárteles y monopolios (Ley contra Limitaciones de la Competencia) para evitar prácticas desleales de los consorcios que dominan el mercado,
• Los créditos públicos para la creación de empresas porque los empresarios jóvenes y pequeños empresarios sin recursos propios no pueden acceder al mercado de capitales,
• La mayor desregulación para reducir la carga burocrática y administrativa de las empresas medianas. La política de la mediana empresa sufre por no tener la misma fuerza de cabildeo político que los sindicatos y empresas grandes; debido a la cogestión, hay una coalición de patronos y sindicatos que se enfrenta al Estado como titular de la política económica.

Además, la independencia de los empresarios medianos fraccionó la representación de los intereses de este sector. En vista de que las empresas medianas emplean al 80% de toda la población económicamente activa, podrían, en teoría, movilizar por si solos a las mayorías políticos e imponer una política económica orientada hacia la empresa mediana. Sin embargo, falta aún la conciencia de que los intereses de la empresa mediana son mucho más compatibles con los objetivos de la economía social de mercado. Los reglamentos especiales, obtenidos por grupos de cabildeo poderosos, se oponen frecuentemente a los intereses de las empresas medianas. Por ello, la política de la empresa mediana es y sigue siendo el pedido permanente por más justicia, igualdad de oportunidades y equivalencia en el marco de la política de la economía social de mercado

Una sola Ley de competencia por sí sola no es suficiente para proteger a las MIPYMES. Los más de 30 años de la LFCE lo demuestran. Debería resucitarse la política hacia las PYME que inauguró Calderón, perfeccionó con el Instituto del Emprendedor Peña Nieto y desmanteló en su totalidad AMLO. No hubo ninguna razón demostrada para su clausura, ni alguna persona procesada por corrupción en todos sus programas. Por supuesto que era una política perfectible, pero que ahora brilla por su ausencia.

Llama la atención la poca importancia que le han dado en su discurso todos los candidatos a la presidencia a la política de PYMES. Necesitamos menos dinero regalado y más dinero producido, lo que se logra con más esfuerzo, pero es menos lucrable políticamente, e impide la manipulación de los gobernantes a las personas y a las empresas. Un país vale lo que vale la productividad de sus empresas.