México y AL, urgente una conferencia de paz

El entorno de México y de América Latina requiere romper con la inercia de la inmovilidad que representa la negación de la realidad. 

Es urgente.

Un estudio de la unidad de análisis de The Economist ubica la caída de México al lugar número 90 en cuanto a su calidad democrática.

“El mayor retroceso se produjo en la subregión de Centroamérica, lastrado por los descensos en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras”, revela el estudio.

La convocatoria de una Conferencia de Paz y de Democracia en América Latina rompería con la burbuja de la ficción (de que aquí no pasa nada) y, por otra parte, incentivaría el regreso de la diplomacia y la cooperación en la región.

Las conferencias de paz se organizan para resolver conflictos armados, rediseñar fronteras y establecer acuerdos que promuevan la paz y seguridad internacionales.

El Estado mexicano ha ido perdiendo control del territorio del país. Es PRI, es PAN, es Morena. Los tres partidos se señalan, pero la democracia del país ha sufrido una erosión súbita.

El Gobierno de México debería de pedir ayuda al exterior. Solo no ha podido. Ya son varias décadas y varios presidentes del PRI, PAN y Morena que no han logrado revertir la expansión de la delincuencia organizada.

Generalmente los políticos patrioteros asocian la pérdida de la soberanía con el avance de Estados Unidos en diversas estructuras del Estado, pero en el caso de México, el Estado y los gobiernos han perdido soberanía por el avance del narcotráfico, la colusión de políticos con delincuentes y por la deserción de ejercer el monopolio de la fuerza.

En cuanto a la política exterior, fue éticamente reprobable el apoyo que AMLO le obsequió a Maduro, y ahora refrendado por la presidenta Sheinbaum y el secretario De la Fuente al avalar el fraude electoral del dictador, señalado por tribunales internacionales como posible criminal de lesa humanidad.

Internamente, la reforma judicial representa la mayor transferencia de poder hacia el Ejecutivo desde la transición de la democracia del año 2000; su entrada en vigor degradará súbitamente la confianza de inversionistas internacionales.

“Cuando las personas elegidas para defender el Estado de derecho desafían abiertamente el significado claro de las leyes, entonces estamos en una crisis constitucional”, comentó Jessica Silbey, profesora de Derecho en la Universidad de Boston (El País, 23 de marzo). Silbey se refería al caso del presidente Trump quien ha criticado al juez James Boasberg por haber cuestionado la expulsión de venezolanos a El Salvador. AMLO pensaba lo mismo de los jueces que cumplían con su trabajo.

Es imperativo la convocatoria de una Conferencia de Paz y Democracia por el bien de México y la región. Es urgente.