Señales encontradas

Apenas han pasado dos semanas desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum y ya es evidente que dentro del gabinete no hay entendimiento cabal sobre las implicaciones de la reforma judicial. Las señales encontradas son varias. La semana pasada, tras ser ratificado por el Senado como Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente dijo que en el gobierno mexicano no hay preocupación por la opinión de Estados Unidos sobre la reforma judicial. Como ya es costumbre, apeló a la narrativa de que se trata de una decisión soberana tomada por los canales legales establecidos.

Sin embargo, su amigo y compañero de gabinete Marcelo Ebrard no se ha cansado de subrayar la importancia del US-Mexico CEO Dialogue que se celebró esta semana en la Ciudad de México, (y en el que De la Fuente participó), como un foro clave para tranquilizar y dar certeza a los inversionistas norteamericanos.

Certeza porque lo único que ha habido hasta ahora es incertidumbre. Incertidumbre sobre la reforma judicial, su implementación e implicaciones, pero no sólo. Incertidumbre también sobre los cambios abruptos —por no decir caprichosos— en las reglas del juego como la desaparición de organismos reguladores autónomos; incertidumbre sobre si el gobierno podrá garantizar condiciones de seguridad mínimas en el país; e incertidumbre sobre si habrá abasto de energía suficiente, ya no digamos limpia, para las empresas que se instalen en México.

Luego está el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O que ha hecho hasta lo imposible para tratar de calmar a los mercados y, quizás por ello sea quien más reconocimiento merece. En su más reciente esfuerzo por ganar la confianza de los inversionistas, la semana pasada estuvo en Nueva York donde se reunió con ejecutivos de JPMorgan Chase & Co. y BlackRock Inc. Porque sí, en los mercados financieros también hay preocupación sobre la reforma judicial y el futuro de México. Aún más, tras el espectáculo del Senado hace unos días, donde una tómbola convirtió el recinto legislativo en una especie de sede alterna de lotería nacional, en la que se sortearon los cargos de jueces y magistrados que serán sometidos a voto popular en 2025.

No tengo duda de que el oficialismo está decidido a avanzar ciegamente con esta reforma que, en su discurso, es voluntad de las y los mexicanos. Por supuesto que somos millones los que no compartimos este sentir, pero eso nada importa en el país de la autodenominada cuarta transformación. Lejos del malestar interno que ha provocado el desmantelamiento del poder judicial, la administración podría intentar articular un discurso coherente o menos atropellado hacia el exterior —si es que eso es posible.

Escuchar a personajes con un carácter vociferante y tozudo —ejemplos sobran dentro de la clase política mexicana— decir que la elección de jueces “va porque va” porque “la constitución ya se reformó” o que “no hay preocupación por su implementación” ya no sorprende a nadie. Lo que sí resulta sorprendente es que sea el responsable de conducir la política exterior quien desestime las preocupaciones legítimas de nuestro vecino del norte que es, además, nuestro principal socio comercial y el hogar de millones de mexicanos y mexicoamericanos.

Si como sostiene el Secretario de Relaciones Exteriores, “no hay preocupación como tal” por la opinión estadounidense sobre la reforma judicial, resulta difícil entender las acciones y declaraciones de sus compañeros de gabinete, así como la celebración de cifras de inversión conservadoras comparadas con años anteriores. De nuevo, señales encontradas. Así como en opinión del morenismo la reforma judicial fue una decisión soberana de México, así también deberían asumir sus consecuencias —tanto internas como internacionales.

Ahora que ha terminado la “pausa” con el Embajador de Estados Unidos en México y que el canciller será el primer interlocutor de Ken Salazar, sería prudente mejorar la coordinación con el resto del gabinete. Sobre todo, porque a la reforma judicial se sumarán asuntos varios como los paneles pendientes con la representante comercial estadounidense (USTR), la revisión del T-MEC, y la siempre compleja gestión migratoria. Todo esto sin contar el resultado, todavía impredecible, de la elección estadounidense.