Endurecimiento de políticas migratorias de México preocupa a especialistas

Responsables de dependencias de gobierno, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales que tienen como causa la defensa de los derechos de los migrantes en Guatemala, El Salvador y Honduras que conforman el llamado Triángulo del Norte de Centroamérica (TNCA), manifestaron su preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno mexicano y destacaron que eso generará una situación de mayor tensión en la frontera sur de México, además de que colocará en una situación de mayor vulnerabilidad a las personas migrantes, las que están en tránsito y los repatriados.

Honduras

México generó una crisis migratoria a sus puertas

El endurecimiento de la política migratoria de México hacia las personas que arriban a su frontera sur con la intención de cruzar el país y llegar a Estados Unidos es vista con preocupación por académicos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de migrantes en Honduras.

Si bien no cuestionan el derecho del gobierno mexicano a decidir lo que debe hacer en su frontera, plantean que las nuevas disposiciones generarán desafíos, no sólo para los países de donde son originarios los migrantes, sino también para México, pues, de entrada, habrá una crisis migratoria en la frontera y se incrementarán las solicitudes de refugio.

En entrevista el director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, Rolando Sierra Fonseca dijo que la posición asumida por México ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de imponerle nuevos impuestos a sus mercancías, para empezar, va a generar que se incremente el número emigrantes retornados, lo cual será un desafío para los gobiernos de sus países de origen.

Expuso que esa situación provocará una nueva tensión al gobierno hondureño porque tiene el reto de lograr la reinserción de esas personas a sus comunidades, de las cuales partieron en busca de mejorar sus condiciones de vida.

El académico refirió que, si bien desde 2015 existe en Honduras una ley para la protección de las personas migrantes, realmente lo único que se hace es cierta ayuda cuando bajan del camión o del avión, pero de ninguna manera, se trata de una estrategia de reinserción a sus comunidades de origen.

En ese sentido mencionó que hay que tomar en cuenta que la persona que se decide emigrar hace dos o tres intentos. Por ello es que cada vez que se levanta una encuesta entre los retornados se observa que más de 50% lo intenta de nuevo.

El también director del de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Honduras, opinó que seguramente con las nuevas disposiciones del gobierno mexicano se incrementará la conflictividad en la frontera, pues hasta ese lugar llegaran personas provenientes no sólo de los países del triángulo norte de Centroamérica, sino las que vienen de otras naciones de América, Asia y África que hacen toda la ruta migratoria.

“Esto va a ser un desafío especialmente para el gobierno mexicano de cómo gestionar especialmente con un enfoque de derechos humanos”, indicó.

Sierra Fonseca recordó que también hay muchas solicitudes de hondureños que están solicitando refugio en México por lo que seguramente esa figura se va a ampliar.

El académico destacó que la posición asumida por el gobierno mexicano se trata de un discurso muy diferente al que se planteó al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso recordó que hace unas semanas fue a Honduras el ahora ex director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, donde planteó que habría un cambio en la política migratoria de México, particularmente para los migrantes centroamericanos en tránsito por el territorio nacional.

Recordó que el funcionario mexicano dijo que eso se traduciría en un nuevo tratamiento para la población migrante, que sería más desde una perspectiva de derechos, incluso hacia las caravanas como un nuevo fenómeno de migración.

En este aspecto, recalcó que la migración debe entenderse como un derecho humano, el cual se ve limitado por este tipo de medidas, lo cual es preocupante.

En su opinión, para salir de este problema lo que debe trabajarse es una alianza para ver cómo se desarrollan y mejoran las condiciones socioeconómicas y los temas de seguridad en la población ya que la inseguridad y la violencia es uno de los principales factores  de migración de la población.

Sobre las caravanas de migrantes dijo que estamos ante una nueva estrategia  de migración de la población migrante, pues  se siguen manteniendo los mismos porcentajes de la población que intenta migrar.

Dijo que en Honduras cada año intentan salir del país más 100,000 personas, mientras que son retornados entre 60,00 y 70,000 en el mismo lapso.

Las caravanas lo que reflejan es que estamos ante un cierto éxodo, migratorio por un lado, pero, por otro nuevas estrategias.

Recordó que la ruta de tránsito por México ya era difícil para la población migrante. Refirió que de cada 100 personas que intentaban cruzar México, sólo lograban alrededor de 25.

Frente a eso, tanto para la población que quiere llegar a Estados Unidos como para los “coyotes” o traficantes de migrantes, las caravanas pueden facilitar su objetivo.

Puede haber diferentes razones en esto. Lo que sí es cierto, según los datos, es la propensión a parar de la población hondureña es muy alta.

En ese sentido mencionó que no debe perderse de vista que más de la mitad de la población está dispuesta a salir de su país. Concretamente comentó que 63% de los estudiantes que cursan el tercer grado de secundaria dice que su objetico es terminar la secundaria y luego emigrar.

Recalcó que las causas principales de la migración en Honduras es la pobreza, la condición socioeconómica, la violencia y las redes de reunificación familiar, así como hay sectores que están saliendo por efectos del cambio climático, donde ya no hay certidumbre para los cultivos.

El gobierno hondureño se muestra indiferente

La Gerente del Programa de Apoyo a migrantes de la Comisión de Acción Social Menonita, Mercedes Pérez dijo que, pese a las nuevas políticas adoptadas por México en la materia, el flujo de personas que viajan sin documentos con la intención de llegar a Estados Unidos no se va a detener.

“Se pueden tomar todas las medidas… en Guatemala incluso se había dicho que ya está la frontera militarizada, que se van a tomar medidas en México y la gente sigue saliendo”.

Dijo que la situación es tal que diariamente salen de Honduras entre 300 y 400 personas con dirección al norte.

Desde su perspectiva, habrá implicaciones “fuertes” en dos ámbitos: en la situación económica de las familias y en la situación económica del país.

Lo grave, añadió, es que eso puede generar que haya más expresiones de represión del gobierno hondureño hacia su propia población que busca alternativas para mejorar su situación económica y social.

Recalcó que lo preocupante ahora es que el gobierno hondureño no está preparado para recibir a sus nacionales retornados.

Según la activista, actualmente se tienen registros de que diariamente llegan a territorio hondureño entre 300 y 400 personas que no pudieron cumplir con su meta de llegar a Estados Unidos.

Son familias enteras las que regresan a la terminal de autobuses de Tegucigalpa y al aeropuerto y en muchas ocasiones se quedan varadas en la terminal porque no tienen un lugar a donde ir y las organizaciones de la sociedad civil no cuentan con espacios a donde trasladarlos para atenderlos por humanidad.

En ese sentido subrayó que el gobierno hondureño asume una actitud totalmente indiferente hacia los repatriados que regresa derrotada.

Indicó que esta situación debería propiciar que los gobiernos de los países del llamado Triángulo de Norte buscaran negociaciones con México para ver qué respuesta se le va a dar a la crisis migratoria”.

“Lo que tenemos claro es que mientras los gobiernos centroamericanos no destinen recursos y creen opciones reales e integrales para la población, la gente va a seguir buscando salidas a otros países y su destino va a ser siempre Estados Unidos”.

Dijo que es una buena intención la iniciativa del gobierno mexicano para implementar un plan de desarrollo integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México (para lo cual se pidió un diagnóstico de oportunidades y recomendaciones a la CEPAL), pero mientras eso no se concreta, “la gente se está muriendo de hambre”.

Debe ir a la par temas de incidencia, negociación entre gobierno, pero también tiene que hacer una respuesta integral inmediata a la gente, es decir cómo podemos crear opciones de oportunidades laborales que no obliguen a la gente a migrar y que se expongan a esta ruta, que sabemos que es un camino de peligro, de muerte, de violación, de violencia extrema”.

Honduras tiene una población de ocho millones 075,034 personas. De acuerdo con la Comisión de Acción Social Menonita, alrededor de 100,000 hondureños abandonan su país anualmente. A ese ritmo y si no nacieran más en 80 años el país se quedaría inhabitado. Esa nación recibe anualmente 75,000 retornados.

Guatemala

Nadie tiene control de sus fronteras

No existe algún país que pueda tener el control en 100% de sus fronteras, por lo que ni Estados Unidos, ni México ni Guatemala están exentos de la migración ilegal, afirmó el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua),  Carlos Rolando Narez.

En entrevista, el funcionario guatemalteco planteó que ante las nuevas medidas migratorias del gobierno mexicano no se descarta que los migrantes hagan uso de “puntos ciegos” para intentar cruzar la frontera en su búsqueda de llegar a Estados Unidos.

“Tenemos un sinnúmero de puntos ciegos. Puntos ciegos son puntos donde existen tránsito de personas y ahí se dan casos como trata de personas, secuestros, tráfico humano, tráfico de estupefacientes, drogas y contrabando, no existe un control que nos pueda definir claramente qué pasa de una frontera hacia otra”.

El titular de la Conamigua apuntó que si bien México es libre de administrar sus fronteras, les tomó por sorpresa su decisión de endurecer las medidas para frenar la migración de población centroamericana.

Recordó que hace algunos meses México no sólo ofrecía respeto a la población centroamericana, incluso un permiso para residir y trabajar. Muestra de esa política de protección y brazos abiertos, dijo, es la cifra de solicitudes de centroamericanos que recibió el gobierno mexicano en 2017, la cual alcanzó las 14,500, cifra 66% superior a la de un año atrás. Sin embargo, dijo, las amenazas de imponer aranceles de un 5% a todas las importaciones desde México hasta que el flujo de migrantes se detuviera propiciaron un cambio de discurso de México.

Indicó que, pese a que el panorama para el problema de la migración es complejo, el cambio en las medidas de México no tendrá un impacto real en la relación con Guatemala.

“No creo que esto represente un distanciamiento ni algo por el estilo…México tiene derecho a asegurar sus fronteras, igualmente Guatemala, pero todos debemos velar porque los flujos migratorios garanticen la vida, y el bienestar de  los refugiados”.

Rolando Narez planteó que un problema que también está enfrentando Guatemala con las nuevas medidas implementadas por México para evitar el paso de centroamericanos hacia Estados Unidos es que a diario aumenta el porcentaje de población varada en sus 25 zonas.

La complicación ahora es doble, en primer lugar porque en efecto la cantidad de seguridad, de militares de parte de México para frenar la migración, mayoritariamente en Chiapas, nos coloca en una situación que debemos de atender de forma inmediata porque resulta ser que cuando esta migración se queda limitada en su ingreso, se quedan varadas en nuestro país, comentó.

Asimismo, sostuvo que un problema más que enfrentan es que se piensa que todos los migrantes son centroamericanos, y ello es falso, pues en los últimos meses algunos grupos de personas originarias de Haití y de República Democrática del Congo también han migrado en busca del “sueño americano”.

Para el secretario ejecutivo de la Conamigua, el problema de la migración ilegal debe ser atendido en conjunto por la región de Centroamérica, pues es un desafío compartido entre países emisores como receptores de migrantes.

El problema de la migración lo debemos enfrentar de una manera homologada de una forma coordinada, nosotros debemos de recibir el apoyo constante que prácticamente están siendo los receptores de los migrantes, pero esa ayuda debe ser fortalecida para nuestros países centroamericanos, porque de lo contrario, si esa ayuda se limita o se corta, el reflejo será aún mayor, es decir habrá más cantidad de personas que quieran migrar para buscar nuevas oportunidades en los países vecinos mayoritariamente en Estados Unidos, opinó.

Lo que sí dijo, es que es obligación de los países involucrados velar porque los migrantes corran peligro y se vele por su bienestar.

Migrantes serán más vulnerables

Las nueva política migratoria de México no sólo viola el derecho humano a migrar, sino deja a los migrantes “a merced” de grupos criminales, afirmó Miriam Catarina Roquel.

La procuradora adjunta I de la Procuraduría de Derechos Humanos, entidad estatal comisionada por el Congreso de la República de Guatemala para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, señaló que desde ese país están preocupados por las medidas anunciadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días, en materia migratoria a cambio de que Estados Unidos no gravara con 5% de aranceles todas las importaciones desde México.

“Los principios de protección internacional para las personas migrantes se ven amenazados. La migración es un derecho para quienes huyen de su país por varias razones, y frenarlo a través de medidas drásticas como las que ha anunciado México es de gran preocupación porque México es un país de paso”.

Explicó que frenar el flujo de migrantes no sólo viola derechos humanos, sino incluso hace vulnerable a esa población de caer en manos del crimen organizado.

A estas personas que van en tránsito, que van llegando a México, este anuncio del gobierno las deja a merced de los capos. Sino tienen protección del propio Estado mexicano, los migrantes quedan a merced de los capos de la droga, y su integridad está en riesgo de ser alterada por delitos como la trata de personas, al narcotráfico, robo, hechos delictivos. El presidente mexicano está dejando expuesta a esta población migrante.

Catarina Roquel Chávez lamentó que el cambio de discurso de parte de México, pues recordó que hace algunos meses el país ofrecía empleo a los migrantes y hoy los deja solos.

En ese sentido, consideró que lo económico se sobrepuso a los derechos humanos.

“Es una medida radical, va de extremo a extremo. Después de decirle a los migrantes son bienvenidos, México los recibe, les damos sus visas, pero ahora el cambio de medidas por los anuncios dados por EU ponderó la cuestión de los aranceles, frente a la vida de personas, a la integridad de las personas, es decir, ahí cambió lo económico frente a los derechos humanos de las personas migrantes”.

Para la procuradora adjunta I, la nueva política implementada por México para frenar la migración tienen un impacto en la relación con los países de Centroamérica.

“Definitivamente daña la relación, aunque los gobiernos no lo vean porque los gobiernos ven por sus intereses, pero van en contra de los derechos humanos de las convenciones firmados por los países, incluso los acuerdos entre los gobiernos. Veo preocupante estas medidas contra la población migrante”.

Pese a sus nuevas medidas, dijo, México y todos los países que son emisores y corredores de migrantes deberán garantizar la protección de esa población en tránsito.

Una vez ingresada a su territorio, apuntó, deben darle atención  y respetar sus derechos.

En el caso de Guatemala, sostuvo, el gobierno deber implementar políticas de atención a la migración, así como hacer valer sus acuerdos con otros países en los que se garantiza la movilidad de las personas.

Se incrementarán deportaciones

La decisión de México de colaborar con Estados Unidos para frenar la migración de centroamericanos generará mayores violaciones a los derechos humanos, planteó Silvia Verónica Raquec.

En entrevista, la coordinadora del Programa de Migración de Pop No’j, una asociación civil que brinda atención a migrantes en Guatemala, planteó que es lamentable el cambio de discurso y actitud del gobierno mexicano  respecto a quienes deciden dejar sus países de origen en busca de mejores oportunidades de vida.

Recordó que hace algunos meses, el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decía vamos a ayudar a nuestros hermanos centroamericanos para que tengan trabajo, y poco tiempo después le está “haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos” frenando la migración.

La joven originaria de Kaqchikel, uno de los pueblos mayas indígenas de las tierras altas del occidente de Guatemala, consideró que medidas como enviar a la frontera sur de México a 6,000 elementos de la Guardia Nacional para frenar los flujos migratorios sólo propiciará que se aumenten las violaciones a los derechos humanos.

“Esas medidas representan aumento de más violencia, represión contra la población migrante, se les está reprimiendo el derecho a migrar de manera violenta cerrando las fronteras, militarizando las fronteras”.

La también licenciada en Trabajo Social por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, planteó que al nadie quererse hacer cargo de la población migrante, seguramente le tocará a su país funcionar como un tercer país seguro, debido a que Estados Unidos no quiere población procedente de países como El Salvador y Honduras.

Abundó que el principal derecho humano que se les viola a las personas es el de migrar. De acuerdo con los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos las personas tienen el derecho a moverse libremente y a buscar refugio y asilo en casos extremos donde su vida corre peligro.

La coordinadora del programa de migración consideró que debido a que México necesitará cumplir con  la disminución del flujo migratorio hacia Estados Unidos, seguramente las deportaciones incrementarán, sin siquiera realizar una investigación seria sobre quien busca asilo en otro país.

En México las deportaciones son exprés, no hay investigación de quién está solicitando refugio, y eso violenta los derechos específicamente a la población indígena, muchas veces no dominan bien el español y hablan maya, el idioma también les dificulta la comunicación y por ende el acceso a defender sus derechos ante las autoridades migratorias.

Dijo que la deportación exprés toma sentido cuando las autoridades dejan ver que no quieren hacerse cargo de la población migrante ni siquiera tenerlos en las estaciones migratorias.

Para la integrante de Pop No’j el problema de la migración debe ser atendido por los países de la región de Centroamérica de manera coordinada, pero siempre anteponiendo la protección de los derechos humanos.

Agregó que los países que son corredores y receptores de migrantes deben garantizar su derecho a la  libre movilidad que está garantizado en todas las constituciones, pero sobre todo la no criminalización de la migración.

“Con los estigmas que se tienen de las personas, se va a criminalizando a todas las personas que van en la movilidad. Además se tiene que garantizar que la persona tenga toda la información y el derecho de pedir asilo o refugio, y que tenga información de qué puede hacer estando en México porque la mayoría de las personas dicen que no tiene información”.

Guatemala tiene una población de 15 millones 920,000 personas.

El Salvador

Hay que aplicar en serio el Plan de Acción de Brasil 2014

La situación que se vive en los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) es muy inestable por lo que las acciones que criminalizan la migración, así como la deportación de desplazados a estos contextos complejos, sólo van a profundizar la situación de inestabilidad social en la región, planteó Noah Bullok, director Ejecutivo de la organización Cristosal, que tiene como causa la defensa de los derechos humanos de víctimas de diferentes tipos de violencia.

Al preguntarle su opinión sobre la decisión de México de endurecer sus políticas hacia los migrantes que ingresan por su frontera sur con el propósito de llegar a Estados Unidos respondió: “todas las acciones que criminalicen la migración sólo van a prolongar y profundizar el sufrimiento humano del continente. No resuelve nada”.

El dirigente de esa reconocida organización de la sociedad civil de El Salvador, comentó que cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la intención de implementar un Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México (para lo cual se solicitó el apoyo de la CEPAL), ese trabajo fue visto como algo que pudo haber contribuido a una mayor cooperación mesoamericana; sin embargo, “ahora vemos mucha preocupación de que el presidente está capitulando a un plan del presidente (estadounidense) Donald Trump, por las presiones económicas, comerciales que le están haciendo”.

Empero, recalcó que “siempre hay una alternativa”. Y en este caso es generar liderazgos desde el gobierno de México para articular una respuesta regional.

Concretamente planteó que los gobiernos tienen la opción de formar un bloque y una respuesta regional basada en la protección y los derechos humanos de las personas desplazadas o migrantes.

Bullok hizo énfasis en que hay que tener claro que mejorar los entornos de vulnerabilidad que obligan a las personas a migrar implica un proyecto de mediano y largo plazo, por lo que debe no va a haber cambios de un ciclo electoral a otro.

Además, agregó, los países vecinos deben colaborar en generar protección temporal para las personas que realmente ya no pueden quedarse en casa.

En su opinión, la solución al problema de la migración forzada en la región debe ser mediante una respuesta regional integral.

En ese sentido recordó que Latinoamérica, incluyendo México, ya tiene un plan de acción para responder al desplazamiento y refugio y se llama Plan de Acción de Brasil.

El 3 de diciembre de 2014, en el marco del proceso conmemorativo del Trigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, 28 países y tres territorios de América Latina y el Caribe, con la participación de la sociedad civil, adoptaron por aclamación la Declaración y el Plan de Acción de Brasil, para responder a los nuevos retos de la protección internacional y la identificación de soluciones para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe en los 10 años siguientes.

Bullok dijo que la población de la zona debería de exigir a sus gobiernos que opten mejor para respetar los derechos humanos en lugar de que criminalicen a las poblaciones y hay que hacer un llamado de  no caer en la trampa de las estrategias políticas que buscan dividir aprovechando de la situación de la migración para generar discriminación con políticas criminalizadoras sólo para ganar elecciones.

Asimismo subrayó que hay que reconocer que en el Triángulo Norte se está dando una crisis en múltiples dimensiones en términos de desarrollo humano, de pobreza de cambio climático crisis política, corrupción, impunidad, violencia control territorial. Todo eso genera entornos en los que la población ya no ve posibilidades o mecanismos para resolver las cuestiones más fundamentales de la vida.

Ni Trump ni López Obrador van a detener la migración

¿A México le gusta que el gobierno de Estados Unidos trate mal a sus migrantes mexicanos?, pregunta Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante de El Salvador y Guatemala, a lo que responde: supongo que no, como tampoco a Centroamérica le gusta que México trate mal a quienes deciden dejar sus países de origen en busca de mejores oportunidades.

En entrevista, el sacerdote brazilero consideró como preocupante la posición que ha asumido México en los últimos días respecto del flujo de migrantes. Afirmó que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador  negoció al mismo nivel los derechos humanos que la economía de mercado, ello porque a cambio de que no se gravaran con 5% todas las importaciones desde los Estados Unidos Mexicanos se ofreció controlar el flujo de migrantes hacia territorio estadounidense.

El Padre Verzeletti, quien ha trabajado en la atención y defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes, refirió que la nueva política migratoria de México traerá graves consecuencias.

¿Qué consecuencias vamos a tener, más secuestros, desapariciones, muertes, más trasiego de armas, más venta de seres humanos, para la trata o sea la explotación sexual, laboral, el negocio se va a reactivar el negocio de la venta de órganos? Y quién va a responder ¿Estados Unidos?, como Pilatos se lava las manos y que México se queda ahí siendo cuestionado”.

Lamentó que el gobierno mexicano haya cambiado su discurso radicalmente, pues recordó que el entonces presidente electo López Obrador ofreció y otorgó permisos de empleo y residencia a los centroamericanos que decidieran migrar y ahora les envia elementos de la Guardia Nacional para evitar que lleguen a Estados Unidos.

“Ni (Donald) Trump ni (Andrés Manuel López) Obrador, ni ninguno de los países van a lograr detener el flujo migratorio sin políticas serias, profundas, que realmente ayude a un arraiga verdadero de las personas”.

En ese sentido, cuestionó la negociación de México y del canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon pues dijo que si bien lograron que no se graven las importaciones, no fue una negociación de ganar-ganar, sino de ganar para Estados Unidos y perder para México y Centroamerica.

Desde su perspectiva, México pierde porque queda como el que está “haciendo el trabajo sucio” al gobierno de Donald Trump y Centroamerica también porque no sólo se sigue criminalizando a los migrantes, también porque Guatemala podría ser utilizado como un tercer país seguro a pesar de que no tiene las condiciones para serlo.

Mauro  Verzeletti consideró que el problema de la migración debería ser atendido de manera regional, pues de lo contrario, no habrá soluciones de fondo.

“Faltó realmente una estrategia del parte del gobierno de Manuel López Obrador a sentar primero los gobiernos de Centroamérica no sobre todo la región norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, hacer una estrategia de negociación y poner lo que necesita, porque ahora como que Manuel López Obrador va a ser el buen padre de la región norte de Centroamérica”.

El  también representante del Punto Focal de La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) en El Salvador y Director de la Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala afirmó que quienes deciden dejar sus comunidades de origen no lo hacen solo por pobreza, en un alto porcentaje lo hacen por las condiciones de inseguridad pública y criminalidad como sucede con los países  que integran el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).

“No hay importunidades, los gobiernos nunca hicieron nada para los más pobres y los marginados. A ello hay que sumarle que la corrupción e impunidad se ha desatado en esos países, y la violencia de las maras, por ejemplo, en el Salvador tenemos 4,800, millones de dólares por concepto de extorsión, en Honduras 300 millones de dólares”.

Indicó que si el discurso es que se debe velar por los migrantes, es momento de pasar a la práxis, pues hoy la realidad demuestra a personas hacinadas en centros migratorios.

El Salvador tiene una población de 6 millones 085,000 personas.