Gobierno de EPN, improvisado y ambiguo frente a autodefensas

El gobierno mexicano ha mostrado una actitud improvisada ante los grupos de autodefensa presentes en estados como Michoacán, problema que, a decir de José Miguel Vivanco, director para Las Américas de Human Rights Watch (HRW), podría salir de control.

En entrevista telefónica, el especialista de esta Organización No Gubernamental internacional expuso que el deterioro a la seguridad ciudadana y las graves violaciones a los derechos humanos no quedaron en la anterior administración, por el contrario, continúan propagándose organizaciones de autodefensa, frente a las cuales el gobierno federal ha mostrado una posición ambigua, inconsistente y contradictoria .

José Miguel Vivanco exhibió que en momentos, las avala y justifica para luego ordenar su desarme con tal fuerza que se comenten agravios a las garantías individuales en completa impunidad, desde su oficina en Washington, a propósito del lanzamiento del Informe Mundial 2014 de esta organización.

El gobierno y el sistema reaccionan simplemente para abordar una crisis, sin entender que los temas de seguridad y derechos humanos son de extrema complejidad y tienen que ser abordados con una visión de mediano y largo plazo . Argumentó que esto es necesario para aliviar la actuación interna y ofrecer posibilidad de justicia a las víctimas, producto de esta guerra sin sentido contra el crimen organizado .

Da la sensación de que el país en estos temas está en piloto automático y que al gobierno del presidente Enrique Peña le importa poco esta materia (violaciones a los derechos humanos) , opinó Vivanco.

SIN JUSTICIA

De acuerdo con el Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha presentado avances considerables en materia de justicia a un año de iniciada su administración.

Si bien el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el enfrentamiento del ex Mandatario, Felipe Calderón Hinojosa, en contra de las organizaciones de narcotráfico propició graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de más 26,000 personas desaparecidas desde el 2007 , por lo que promulgó una ley para los derechos de las víctimas; a un año de comenzar la administración, el gobierno federal no ha presentado un avance significativos en el juicio de los delitos relacionados con las acciones en contra de las organizaciones criminales, exhibe HRW.

En el capítulo de México del Informe Mundial 2014, se exhibe que el gobierno del presidente Peña Nieto no ha sido capaz de avanzar en el juicio de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y tortura, perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones en contra del crimen organizado.

La organización internacional destaca que durante el gobierno de Peña Nieto, integrantes de todas las ramas de las fuerzas de seguridad continúan perpetrando desapariciones, en algunos casos en colaboración directa con organizaciones delictivas. En junio del 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró por lo menos 2,443 desapariciones con evidencia de la posible participación de agentes del estado.

Esta organización exhibe que aún permanece la práctica de torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. En general, las torturas se aplican durante el periodo desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, pero son muchos los jueces que aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional en contra de este tipo de prueba.

Criminalizar las drogas destruye vidas

En países como México, las políticas de criminalización de las drogas destruyen vidas, fomentan abusos y perturban la justicia, advirtió la organización Human Rights Watch (HRW).

A través de un artículo, María McFarland Sánchez-Moreno, directora adjunta del Programa sobre EU de HRW, detalla que el negocio de tráfico ilícito de estupefacientes abastece a más de 150 millones de personas en el mundo.

En el texto Por qué el respeto a los derechos humanos exige reformas a las políticas de drogas , parte del Informe Mundial de HRW, McFarland explica que en las últimas décadas muchas naciones establecieron una guerra contra el multimillonario comercio.

En el caso de México, la autora indica que la lucha en contra del narcotráfico disparó la tasa de homicidios desde el 2007 y destacó que al menos 80,000 personas han muerto en la guerra contra las drogas , mientras que Estados Unidos promueve penas desproporcionadas en prisión por delitos relacionados a estas sustancias.

Recordó que durante ese periodo, EU ha proporcionado más de 2,000 millones de dólares en fondos a México para combatir las drogas. Con base en estudios de política antidrogas en diversos países, la especialista data que en México la penalización es incompatible con los derechos humanos.

ana.langner@eleconomista.mx