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Aplicarán cirugía a Ley antilavado
La Cámara baja analizará a profundidad dicha iniciativa, para evitar afectaciones a personas que no tienen que ver con el crimen organizado.
Con calificativos de riesgosa, criminalizadora, imprecisa y hasta arbitraria, la iniciativa del presidente Felipe Calderón en materia de combate al lavado de dinero cumplió ya más de un mes de ser analizada en el Senado, donde los legisladores advierten una cirugía mayor para evitar afectaciones a personas que no tienen que ver con el crimen organizado.
En un estudio entregado a senadores, la Barra y el Colegio de Abogados alertaron que considerar sujetos obligados a profesionistas, pasantes o asesores en materia contable, jurídica o fiscal, de reportar a la autoridad operaciones sospechosas de procedencia ilícita, es desafortunada y excesivas, "porque éstos se verían obligados a involucrarse a fondo en actividades en las que únicamente participaron como consejeros o asesores, sin haber formado parte en sí de del ejecución de las mismas".
Pidieron a los senadores evitar la criminalización de ese sector, y "revisar la verdadera trascendencia de las conductas que se tipifican en la iniciativa presidencial, pues consideramos que algunas de ellas no revisten el carácter de trascendencia necesario para ser consideradas como delitos, lo cual representa una transgresión al principio de intervención mínima".
El grupo financiero Inbursa, propiedad del empresario Carlos Slim, advirtió que "resulta peligroso que si bien se requiere la denuncia de SHCP para actuar en contra de un empleado o funcionario bancario, la utilización de técnicas especiales de investigación, como operaciones encubiertas, entregas vigiladas, infiltraciones y medidas cautelares, pueden desarrollarse aún sin que medie la denuncia previa de SHCP para investigar al funcionario. Esto es, se podrá incluso arraigar a un funcionario o empleado de la entidad financiera, como medida cautelar, sin que exista la denuncia previa de la SHCP".
En ese marco, los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado, José Isabel Trejo (PAN), y de Justicia, Alejandro González Alcocer (PAN), aseguran que analizarán a fondo esas inquietudes de los sectores involucrados, para evitar afectaciones tanto al flujo de capital en comercios legales como actos de persecución en contra de personas que, a pesar de no tener vínculos con el crimen organizado, puedan verse afectadas.
jmonroy@eleconomista.com.mx
RDS
