Juez de EU decidirá si Santander revela información de Popular

El juez del distrito sur de Nueva York va a decidir de aquí al viernes si obliga a Banco Santander a revelar  toda la información relativa a la adquisición del Banco Popular en junio del 2017, según informaron a Expansión fuentes cercanas a los bonistas y accionistas que llevaron el caso ante la justicia estadounidense.

Las gestorías de fondos Pimco y Anchorage y el grupo de accionistas liderado por el empresario mexicano Antonio del Valle Ruiz solicitaron el 2 de octubre una reunión de urgencia con el juez, ante la proximidad de la fecha límite para presentar alegaciones en uno de los casos que tienen abiertos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El juez de Nueva York accedió al encuentro y comunicó que emitiría su sentencia la semana próxima.

Los afectados por la resolución de Popular perdieron toda su inversión, después de que el 6 de junio del 2017 el Banco Central Europeo decretara que la entidad era inviable y de que la Junta Única de Resolución (JUR) ordenara su venta por 1 euro al único comprador disponible en ese momento, el Banco Santander.

La capitalización bursátil de Popular rondaba los 1,300 millones de euros el día que quebró, mientras que Pimco, Anchorage y Algebris, otro fondo con el que se han aliado los dos primeros en su estrategia de defensa, contaban con bonos subordinados de la entidad por un valor nominal de unos 850 millones de euros.

Bonistas subordinados y accionistas han iniciado un centenar de acciones legales para anular la decisión y lograr una compensación económica por las pérdidas. Lo han hecho ante la justicia española y europea, pero se quejan de que se está vulnerando su derecho a la defensa al no disponer de acceso a toda la información relevante del caso.

Hasta el momento, la JUR ha publicado versiones redactadas —con la información considerada confidencial tachada— de documentos clave, pero, según Pimco, Anchorage y Del Valle, se sigue omitiendo información clave.

Por esta razón, en marzo y abril los bonistas y accionistas de Popular llevaron el caso ante la justicia de Estados Unidos. Aprovechando que Santander tiene actividad en ese país, pidieron amparo ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para que obligase al banco a revelar la información relacionada con la adquisición de Popular.

El negro en el arroz

Pimco y Anchorage reclaman todas las comunicaciones entre Popular, Santander y las autoridades europeas y el Banco de España en relación al proceso de resolución, incluidas las relativas a la fuga de depósitos que llevó al banco a la inviabilidad, la provisión de liquidez de emergencia por parte del BCE y las comunicaciones entre Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander, y Emilio Saracho, sucesor de Ron.

Los abogados de Santander afirman que el tribunal de Nueva York no es competente y que en la Unión Europea en general, y en España en particular, existen cauces legales para obtener la información relevante en caso de que un juez lo considere necesario.

La Comisión Europea intentó advertir al juez de que la información de las instituciones de la Unión Europea puede contener datos sensibles y confidenciales que no deben ser publicados.