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Más carga para empresas con reglas antilavado
En caso de aprobarse la iniciativa para reformar la ley antilavado presentada por la bancada de Morena, ésta significará una gran carga para las empresas que no son del ramo financiero.
En caso de aprobarse la iniciativa para reformar la ley antilavado presentada por la bancada de Morena, ésta significará una gran carga para las empresas que no son del ramo financiero, es decir, las llamadas actividades vulnerables, debido a que estas modificaciones no tomaron en cuenta la situación actual de muchas de estas empresas en el país, detalló la consultoría Asimetrics.
En un análisis proporcionado a este medio, la consultoría indicó que dicha iniciativa causó un gran revuelo en el sector empresarial, pues contiene un aumento inusitado en las obligaciones para las actividades vulnerables, que si bien son necesarias, según la última evaluación del Grupo de Acción Financiera a México, no podrían aplicarse súbitamente en el país.
“Resulta evidente que al pretender asignarles a las actividades vulnerables obligaciones que sobrepasan sus capacidades presupuestarias y conocimientos en materia de evaluación de riesgo antilavado, los sujetos obligados estarán enfrentando un escenario adverso que probablemente derivará en sanciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, explica el reporte.
Según la consultoría especializada en gobierno corporativo, dicha iniciativa, impulsada por el senador Ricardo Monreal, se elaboró sin considerar la situación de muchas de las empresas que son consideradas actividades vulnerables, como las dedicadas a la compra venta de inmuebles, comercialización de vehículos, aquellas que reciben donativos o las enfocadas al arrendamiento de inmuebles, entre otras, las cuales tienen que reportar información al SAT según su transaccionalidad.
“Es necesario afirmar que la iniciativa parece creada sin tener en consideración la situación económica actual de las empresas, ya que la ley antilavado está basada en las actividades y profesiones no financieras designadas, es decir, su mercado de aplicación es mucho más doméstico que el de las instituciones financieras. Por ende, es necesario preguntarse si están en condiciones de cumplir con una carga administrativa tan ruda”, detalla el análisis.
Hace algunos días, el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó en tribuna la iniciativa para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), o ley antilavado, la cual pretende imponer penas de cuatro a 12 años de prisión y multas de 1,000 a 3,000 días a quien permita se lleven a cabo las conductas relacionadas con el blanqueo de capitales.
El análisis de Asimetrics detalla que se prevé la creación de una unidad en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que será determinada por la Fiscalía General de la República, la cual se complementaría a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Lucha contra el terrorismo
La iniciativa planteada por Morena pretende que todas las actividades vulnerables tengan mecanismos para identificación y prevención del terrorismo, pues, aunque el marco vigente no prevé esta actividad, debido a que no hay indicios de terrorismo doméstico en el país, sí existe la posibilidad de terrorismo externo derivado de la posición geográfica de México.
Asimismo, dicha iniciativa prevé implementar la figura de persona políticamente expuesta (PEP) en la ley antilavado, que es el marco normativo para las actividades vulnerables en la materia y sería tal y como sucede en el ámbito financiero.
“Esta figura no está contemplada en la ley (antilavado) vigente, ya que su presencia se limita al ámbito financiero (instituciones de crédito, casas de cambio, SOFOMES, etcétera)”, explicó Asimetrics y agregó que las PEP se definirían en la LFPIORPI como aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas con el fin de tener una gestión del riesgo adecuada para la prevención de lavado de dinero.
