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Pensiones, con más incidencia en calificaciones
La abultada burocracia municipal llevará a ayuntamientos a enfrentar estos pasivos con gasto corriente, como en Nuevo León, Morelos y Quintana Roo.
La combinación entre la deuda pública y los pasivos por pensiones estatales puede comenzar a impactar las calificaciones crediticias de los gobiernos subnacionales en un lapso de cinco a 10 años, de acuerdo con Alejandro Garza, analista del sector en Moodys Investor Service.
En conversación con El Economista, descarta que estos pasivos pensionales estén afectando el perfil crediticio de las entidades en este momento; sin embargo, refiere que no es la deuda aislada, sino las pensiones las que están presionando cada vez más a las finanzas de los estados.
La mediana de la deuda de los estados al cierre del año pasado era de 15% del PIB, mientras la mediana de las obligaciones por pensiones no fondeadas entre las entidades federativas es de 100%, según las estimaciones del experto.
Advierte que de no asumirse medidas correctivas que faciliten su fondeo, los pasivos por pensiones sí representarán importantes problemas a resolver en el corto plazo en algunas entidades como Veracruz o Puebla.
No obstante, expone que hay que revisar caso por caso para identificar donde está el mayor riesgo.
Alguna administración estatal administra con más holgura sus obligaciones, es decir, su pago de intereses es más chico y esto le permite destinar más recursos a pagar pensiones de sus extrabajadores hoy jubilados , comenta.
Pero lo cierto es que con una deuda pública estatal en crecimiento es previsible un aumento del riesgo en la gestión de sus pasivos, asegura.
Municipios, en la misma tónica
Un análisis aparte de la consultoría aregional titulado Destinan municipios 62% de su gasto a la burocracia precisa que no son sólo los gobiernos de los estados los que enfrentan riesgos en la gestión de sus pasivos por pensiones públicas.
Relatan que los ayuntamientos que tienen amplias planillas laborales enfrentarán también problemas en materia de pensiones y jubilaciones.
Destaca los casos de los municipios de Nuevo León, Morelos y algunos de Quintana Roo, que deben cubrir estas obligaciones con gasto corriente .
Con este panorama, aseguran los analistas de la firma: Los ayuntamientos que tienen poco control en su gasto administrativo también presentarán balances primarios y financieros con desequilibrios que tendrán que ser financiados con deuda pública .
ymorales@eleconomista.com.mx
