Reclaman a Santander responsabilidades penales por Popular

La sombra judicial de Popular es cada vez más alargada. La Audiencia Nacional decidió reclamar responsabilidades penales a Banco Santander en el proceso que se sigue contra Popular por la gestión de la entidad durante la etapa de Ángel Ron y, posteriormente, de Emilio Saracho, que tomó las riendas del banco en los últimos meses antes de su resolución.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, José Luis Calama, dictó el miércoles que, una vez culminada la fusión por absorción de Popular, el procedimiento abierto se dirija directamente contra Banco Santander.

El magistrado Calama, que sucedió al juez Fernando Andreu al frente de la instrucción de la causa, recuerda que Santander absorbió y adquirió “en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Banco Popular Español”.

En este sentido, destacó que, de acuerdo con el artículo 130.2 del Código Penal, “la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión”.

Santander imputará

Santander va a recurrir su imputación por considerar que se trata de acontecimientos anteriores a su gestión, según informa Servimedia, que cita fuentes de la entidad.

Hay 34 imputados desde octubre del 2017 en la causa que investiga a la excúpula de Popular en la Audiencia Nacional. A los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho se suman otros 32 banqueros y exconsejeros, el millonario mexicano Antonio del Valle, financieros holandeses y cinco sociedades: Popular, Crédit Mutuel, PwC, la Sindicatura y Unión Europea de Inversiones. A éstos se suma ahora Santander como sucesor empresarial de Popular.

Los pasados 13 y 21 de diciembre, uno de los inversionistas personados en la causa, Rujoma Gestión Inmobiliaria, reclamó al juez que imputara a Santander y aportó certificados del Registro Mercantil de Madrid y Santander en los que constaba que Santander había absorbido a Popular, adquiriendo en bloque a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo de Popular.

En la madrugada del 6 al 7 de junio del 2017, la Junta Única de Resolución decidió la resolución de Popular y su adjudicación por un euro a Santander después de que el BCE certificase que la entidad era inviable. Una controvertida decisión que dio lugar a una avalancha de reclamaciones por parte de accionistas y bonistas.

En este sentido y de forma paralela a la causa penal, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene más de 100 recursos contenciosos pendientes que se dirigen con la Junta Única de Resolución en su gran mayoría, aunque algunos también lo hacen contra la Comisión Europea y uno de ellos contra el Banco Central Europeo.

A esto se suman los miles de pleitos civiles que se han planteado en juzgados de toda España, un procedimiento de Discovery o revelación de documentos que se dirige contra Santander en Nueva York y un arbitraje contra España por parte de Del Valle.

Orcel y plan estratégico

El auto de la Audiencia Nacional tiene lugar apenas un día después de que Santander anunciara su decisión de no seguir adelante con el fichaje de Andrea Orcel como consejero delegado por su “inaceptable coste” para el banco. Santander disponía de unos 40 millones de euros para fichajes entre el 2018 y principios del 2019, mientras que el bonus de Orcel en UBS ronda los 50 millones de euros.

Asimismo, la decisión de la Audiencia se produce pocos meses antes de que el banco presente una actualización de su estrategia, tal como anunció la presidenta de Santander, Ana Botín.