Se deben vigilar actividades vulnerables

Cancún, QR. Firmas especializadas como Deloitte aseguran que a tres años de la aplicación de la Ley para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita en México se ha detectado que hay actividades vulnerables que deberían ser incluidas en la observancia de esta norma, tales como las operaciones millonarias que se realizan en el draft del futbol o el pago de honorarios en servicios profesionales, además de haber ciertas lagunas en actividades reguladas como el sector inmobiliario.

Jorge Ricardo García Villalobos, socio de investigaciones forenses de Deloitte, ejemplifica este punto con el caso de un abogado o un auditor. Ellos no están bajo las limitaciones que impone la ley; pueden recibir pagos millonarios pero aún no están identificados como sujetos obligados o vulnerables; algo similar ocurre en el ámbito turístico-inmobiliario, donde un inversionista puede construir cinco o seis casas para uso vacacional como una actividad alterna a su ocupación principal, ¿esa actividad debe reportarse o no está sujeta a ser vigilada? , cuestiona.

Otro tema de moda es el futbol, añade, en el que aún hay muchas lagunas en el tema de las transferencias y los pagos a los jugadores que deberían ya estar siendo regulados por la autoridad; lo mismo que las donaciones a instituciones altruistas o sin fines de lucro.

La institución puede recibir una donación por cualquier monto en efectivo que, claro, debe ser reportada; pero, ¿qué hace esta institución con el dinero, a dónde lo destina, en qué lo gasta? Todas ésas son lagunas que deben clarificarse y bien podrían estar previstas en la ley , dijo el especialista.

García Villalobos asegura que si bien la ley ha sido bien recibida y se han hecho ajustes sobre el camino, el gobierno federal tendrá que destinar muchos más recursos y esfuerzos si acaso lo que se pretende es minar el camino financiero del crimen organizado en nuestro país.

Así, el objetivo de la ley antilavado vigente estableció procedimientos de detección y una mayor vigilancia en las transacciones financieras y comerciales del país. Los notarios, corredores públicos, empresas de blindaje de inmuebles y las inmobiliarias han tenido que seguir un protocolo para identificar a sus clientes y cumplir con los avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.