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Están creando una herramienta de terrorismo, alerta Coparmex
Se establecen sanciones que van de tres meses hasta nueve años de prisión por defraudación fiscal.
La iniciativa que propone equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada es una herramienta de terrorismo fiscal que afectará no sólo a las empresas, sino a cualquier contribuyente, aseguró Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Están creando una herramienta de terrorismo fiscal, porque ellos van a tener la potestad de poder señalar a cualquiera de estar relacionado, aparentemente, al crimen organizado y sólo por haber cometido algún fraude fiscal de cualquier tipo”, dijo a El Economista.
A su parecer, en la iniciativa que fue presentada en el Senado de la República y que se discute en comisiones, los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación (CFF) deben estar excluidos de que cualquier defraudación fiscal sea relacionada con el crimen organizado.
Coinciden en que sólo se considere el artículo 113, relacionado con la emisión y adquisición de facturas falsas como delincuencia organizada.
“Hemos tenido varias reuniones con el procurador fiscal, y si bien han atendido algunas de nuestras sugerencias, no hemos podido conciliar con el problema esencial de que los artículos 108 y 109 no sean considerados como crimen organizado”.
El artículo 108 del CFF establece sanciones que van de tres meses hasta nueve años de prisión a quienes cometan defraudación fiscal, la cual se puede dar cuando una persona hace uso de engaños o aprovechamiento de errores, omite total o parcialmente el pago de alguna contribución y obtiene un beneficio indebido con perjuicio al fisco.
El artículo 109 dicta que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal del 108 quien consigne en las declaraciones deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.
En tanto, en el artículo 113 se establece que se impondrán sanciones de tres a seis años de prisión al que dolosamente reproduzca o imprima comprobantes, sin estar autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Preocupa discrecionalidad
El presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex enfatizó que uno de los temas que más preocupan de esta iniciativa es el grado de discrecionalidad que puedan tener las autoridades al momento de considerar a alguien relacionado al crimen organizado.
“Nos preocupa ese grado de discrecionalidad que la autoridad pretende arrogarse al momento de decidir cuándo se trata de gente vinculada al crimen organizado y cuándo no, porque lo que va a suceder en la práctica es que, cuando alguien no esté relacionado con el crimen organizado le van a decir ‘si no me pagas, te vas a defender desde la cárcel’ y entonces, con la amenaza de prisión preventiva oficiosa, van casi a obligar a que mejor paguen”.
Esquer Félix indicó que, si bien las actuales autoridades dicen que no actuarán de “mala fe”, eso no garantiza que la siguiente administración actúe con esas mismas intenciones.
