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Defensa del Bronco podría implementar acciones vinculadas a un conflicto competencial
Un conflicto competencial entre autoridades del orden común es inexistente si ya hubo el pronunciamiento de otro Tribunal Colegiado de Circuito. Con esta y otras herramientas buscan combatir la resolución del Juez Penal Federal que regresó al fuero común el caso de delitos electorales por el que fue vinculado a proceso el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
Monterrey, NL. El abogado de la defensa del ex gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, Víctor Oléa Peláez, aseguró que están por implementar acciones relativas vinculadas a un conflicto competencial que se surte porque el Juez Penal Federal Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, determinó este lunes 18 de abril, no aceptar la competencia que antes declinó el Juez de control del estado de Nuevo León, sobre el caso del presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita durante la campaña presidencial.
Se acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Amparo, para que pueda presentarse un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que, al conocer de un juicio de amparo, de un recurso de revisión o cualquier otra clase de asuntos sometidos a su consideración, uno de ellos declare su incompetencia para conocer del tema y, en consecuencia, envíe los autos al órgano jurisdiccional colegiado que, en su opinión, cuente con facultades para resolverlo y que este último no acepte la competencia declinada, debiendo comunicar al tribunal declinante y ordenar la remisión de los autos al Supremo Tribunal para su avocamiento y posterior resolución.
“Estaremos en vías de implementar las acciones relativas vinculadas a un conflicto competencial que se surte en este caso. Estamos analizando todas las herramientas que tengamos a la mano para combatir esta resolución que no compartimos, la respetamos porque es del Poder Judicial Federal pero no la compartimos y en los próximos días interpondremos los recursos correspondientes”, aseguró el litigante.
Reiteró que el delito que buscan imputar a su cliente debe ser revisado por un Juez Federal, debido a que así lo establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
“Es una determinación del Juez de Control Federal (…) al tratarse de un delito electoral vinculado a la elección federal presidencial, la propia Ley Federal en materia de delitos electorales establece, sin lugar a la menor duda que es competencia federal”, recalcó Víctor Oléa.
Ante la prensa local, el abogado enfatizó que el Juez del fuero común puede rechazar el expediente pues ya se pronunció declarando su incompetencia, “sería un poco incongruente que ahora la acepte y se generarían escenarios jurídicos distintos, que ya estamos analizando y que abordaremos para que se actúe conforme a derecho”, señaló.
Como se recordará el ex mandatario fue detenido el pasado 17 de marzo, afuera de un rancho en General Terán, operativo en el que participó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Posteriormente El Juez de Control estatal, Carlos Alberto Salas González, se declaró incompetente para continuar con el caso, y envió la carpeta de investigación a un Juez de Distrito ya que la defensa argumentó que el delito era del ámbito federal. Sin embargo, dictó prisión preventiva al ex mandatario.
