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Corte analiza facultad de realizar cateos sin orden judicial
El Pleno de la Suprema Corte comenzó a discutir las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Inai en contra de 13 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El Pleno de la Suprema Corte de la Nación comenzó a discutir las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en contra de 13 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ambas instituciones consideran que son violatorios a los derechos humanos las fracciones del Código que regulan la geolocalización, embargo precautorio, detención en flagrancia por delitos que requieren querella, inspección de personas y vehículos.
También aquellos relativos al aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras, resguardo domiciliario como medida cautelar, duración de las medidas cautelares, arresto hasta por 15 días como medida de apremio y asistencia jurídica internacional a petición del imputado.
El primer tema que fue estudiado se refiere a si es constitucional que la policía realice inspecciones a personas y de vehículos en la investigación de los delitos sin que cuenten con una orden emitida por una autoridad competente.
El ministro Javier Laynez Potisek, encargado del proyecto de sentencia, propuso declarar este precepto como constitucional, pues está de acuerdo con las facultades que le otorga a la policía el nuevo Sistema de Justicia Penal.
“Para que las inspecciones que realice la policía sean constitucionalmente válidas debe existir previo a su práctica la sospecha razonable de que en ese momento los sujetos estén cometiendo un delito; es decir que se esté en presencia del delito flagrante. También se permitirá la inspección cuando exista sospecha razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga”, planteó el ministro.
Los 11 ministros que componen al Pleno del Máximo Tribunal continuarán con el análisis del caso este martes, sin embargo, se requiere de al menos ocho votos para que una norma se declare como inconstitucional, y se prevé que la votación no alcance para dar la razón a la CNDH y al Inai.
