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Dan libertad condicional a militares implicados en caso Ayotzinapa
La jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, determinó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos desde febrero pasado.
La jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, determinó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos desde febrero pasado.
Los ocho militares imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) como presuntos responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde hace ya casi una década, fueron liberados por orden judicial.
La jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, determinó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos desde febrero pasado los integrantes de las Fuerzas Armadas por el beneficio de enfrentar su proceso en libertad.
De ahí que Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, a quienes se acusa de posibles nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, continuarán en libertad el proceso penal iniciado en su contra.
Los implicados podrán abandonar el Campo Militar número 1, ubicado en Ciudad de México, en cuanto cubran una garantía de 100,000 pesos; deberán acudir al referido juzgado a firmar dos veces al mes, los días 1 y 16.
En enero pasado, a los soldados se les otorgó la libertad provisional por primera vez tras cubrir el pago de una garantía por 50,000 pesos, pero el mes siguiente se les dictó auto de formal prisión acusados de delincuencia organizada.
El Centro Prodh criticó la medida a través de la red social X.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró, “sigue litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos”.
