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Desencanto en democracia data desde hace 21 años: Mauricio Merino, exconsejero electoral
El Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, elaborado por el World Justice Project (WJP), afirma que en la mayoría de las entidades el Estado de Derecho se ha estancado.
El académico afirmó que los enfrentamientos entre el Ejecutivo y otros poderes son reflejo del declive en democracia. Foto EE: Archivo
El “declive democrático” en México, y la “polarización”, que hoy es “protagonista central de nuestro régimen político”, no serán resultado de los comicios del próximo 2 de junio, cuando se renovará la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, entre más de 20,000 cargos en disputa; el “problema” empezó hace 21 años, afirmó Mauricio Merino Huerta.
“En 2003 empezó un periodo de desencanto con la democracia que justamente llevó al triunfo de (Andrés Manuel) López Obrador en 2018. La gente estaba muy desencantada con el régimen de partidos y con los resultados que había entregado”.
En entrevista con El Economista, el politólogo, académico e investigador respondió que “estamos pasando por un mal momento, a todas luces”, a la pregunta sobre cómo está México en términos de democracia.
“La democracia empezó a empeorar con el periodo de desencanto del 2003”, a la mitad del gobierno del expresidente Vicente Fox, precisó.
“Fue cuando los partidos políticos PRI, PAN, PRD, que ahora están coaligados en la oposición, se pusieron de acuerdo para repartirse el Instituto Federal Electoral —hoy INE— y empezaron a crear lo que se llamaría poco después la partidocracia. O sea, se fueron quedando prácticamente con todos los espacios públicos que se iban creando, negociando posiciones”, explicó el exconsejero electoral del primer IFE autónomo.
“Entonces, dieron al traste con la idea de una transición basada realmente en instituciones controladas, vigiladas por la ciudadanía y ajenas a la ambición de poder, comprometidas con su misión.
“Eso empezó a producir un enorme desencanto que desembocaría en el 2006, además que la elección de (Felipe) Calderón, que nunca quedó suficientemente clara, desembocó después en un regreso del PRI, que a su vez tenía que ver con el mismo desencanto con la transición y con sus resultados.
“Y el PRI traiciona esa mirada a través de sus gobernadores y luego por Ayotzinapa y luego por la Casa Blanca. Todo eso coloca a López Obrador, el candidato antisistema de entonces y hoy el presidente, como la opción principal en la boleta en el 2018”.
Confrontación
Lo nuevo, dijo Merino, es la confrontación del Poder Ejecutivo con otros poderes del Estado, derivado de la polarización que se vive.
Y es que durante la segunda mitad del sexenio del presidente López Obrador, la confrontación entre el poder Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial ha sido notoria.
“Esa confrontación brutal que estamos viendo con cualquier cosa que se oponga al presidente, pues sí, esa sí es una novedad de este régimen creado tras el desencanto democrático”, sostuvo Merino.
Tras los comicios federales intermedios del 2021, el presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de reducir el tamaño del Congreso de la Unión, mediante la eliminación de los diputados y senadores de representación proporcional o plurinominales, y reformar el Poder Judicial de la Federación (PJF), cuyos integrantes serían electos de manera directa por los ciudadanos.
El enfrentamiento verbal entre el mandatario mexicano, legisladores federales de la oposición y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cede.
La integración actual de la Cámara de Senadores y de Diputados, que impide la aprobación de cambios a la Constitución ante la carencia de mayoría calificada de votos (dos terceras partes de sus integrantes) del partido del gobierno, impidió que las reformas planteadas de manera formal por el presidente López Obrador ante el Congreso mexicano al respecto fueran discutidas al menos.
Por otra parte, el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, elaborado por el World Justice Project (WJP), reveló que en “un contexto de estancamiento y retos persistentes en la mayoría de las (32) entidades” federativas del país, Querétaro, Guanajuato, Baja California Sur, Tamaulipas Sinaloa y Sonora “muestran un progreso sostenido” desde 2018, cuando se hizo la primera medición en la materia.
El Estado de Derecho, detalla, es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz.
