Elección de jueces abriría la puerta a presiones de grupos de poder: Magistrado Miguel Bonilla López

Una de las consecuencias "nefastas" que tendría la iniciativa de reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es que la elección popular de jueces y magistrados —que se mantiene en el dictamen aprobado en comisiones—, abriría la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre el Poder Judicial, señaló el magistrado de circuito Miguel Bonilla López.

En entrevista, el magistrado de circuito del Pleno Regional en materia Penal y de Trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, explicó que la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se discute en el Congreso, debe ser analizada en función del fin declarado de la misma, que es el perfeccionamiento de la justicia federal.

En ese sentido, dijo que si los tres poderes van a elegir posibles candidatos a jueces, se estaría permitiendo que grupos de poder, como  empresariales, sindicales o, incluso, del crimen organizado, puedan ejercer presión efectiva para que las listas de personas elegibles estén integradas por candidatos que “de alguna forma llevan ya un favor”.

“Si yo tengo que acercarme a un grupo político para que me impulsen y pueda ser designado candidato y se vote por mí, pues sí voy a aceptar posiblemente la injerencia de un poder extraño”.

Además —añadió—, con este método se está olvidando el tema de la preparación técnica y la solvencia moral. “Es muy posible que no sean puestas en esas listas personas por su capacidad técnica o por su solvencia moral”.

El magistrado enfatizó que la impartición de justicia debe verse como un servicio público al que tienen derecho los ciudadanos.

“¿Qué exigimos de las personas que van a ofrecernos servicios de salud, electricidad, agua potable o de extinción de incendios, por ejemplo?, Pedimos competencia técnica y experiencia. Si esto ocurre con servicios públicos como estos, pues cuanto más es necesario para el servicio público de administración e impartición de justicia, remarcó.

Asimismo, el impartidor de justicia llamó la atención que, con la reforma, los poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden sustituir de manera radical a todo un poder, el Judicial.

Lo importante en esta pretensión, indicó, es recordar que vivimos en una república, cuya idea misma es la división de poderes y que el Judicial es un contrapeso a los otros dos y, en este caso, el poder del presidente de la República y el del Congreso prevalecerán ante el del Judicial.

“La elección popular es un mal método para escoger a personal cuyo perfil es necesariamente de experiencia y calificación técnica”, abundó.

Preocupan responsabilidades “ambiguas” que podrían atribuirles  a jueces

Por otra parte, el juzgador manifestó su preocupación por el papel que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial que pretende instaurarse. En su opinión, tal como se ha propuesto, cinco personas van a decidir sobre la conducta de los jueces del resto del país, tanto los de distrito como los de tribunales colegiados e, incluso, de quienes integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su opinión, el problema es que esta responsabilidad puede ser fincada por actos que sean contrarios al interés público.  Además, se dice que se va a revisar las decisiones emitidas por los tribunales si son conformes o no con la administración de justicia, con el interés social o el interés público.

Lo delicado, según dijo, es que “la causa de responsabilidad es ambigua. Porque decir que uno es responsable por resolver algo en contra del interés público, pues allí cabe todo, ¿verdad?”.

Indicó que, normalmente, lo que revisan los tribunales de disciplina es la conducta que se aparta de ciertas reglas de comportamiento, pero lo que se está proponiendo ahora es que el tribunal de disciplina diga si la sentencia, es decir, la decisión de un juez, magistrado o ministro es conforme o no con ciertas causales ambiguas.

Entonces, no se estará calificando la conducta, sino las decisiones judiciales y eso va a desincentivar que se emitan sentencias que potencialmente puedan afectar los intereses gubernamentales, aunque los actos de la administración pública o de las legislaturas sean arbitrarios o abiertamente inconstitucionales, remarcó.

Recalcó que esa situación no solo afectará a los jueces que teman que por sus decisiones puedan ser sancionados, sino que afectará también a los ciudadanos, pues menoscabaría el derecho a una justicia imparcial.

No se toca el trabajo de ministerios públicos y policías

Por otra parte, expuso que los actos de autoridad que realmente afectan la justicia son actos que tienen que ver preponderantemente con policías, con fiscales, con la falta de acceso a defensores públicos calificados, con que existe una gran cantidad de abogados sin competencia profesional, y eso la reforma no lo toca.

Entonces, se preguntó: ¿Esta reforma, que se dice que quiere contribuir a perfeccionar la justicia federal, realmente está atacando la raíz del déficit de justicia de la ciudadanía?; ¿está intentando mejorar lo que pasa con la policía, con los fiscales, con los jueces de primer grado, los jueces comunes?  Y él mismo respondió: La verdad es que no.

Consumirá abundantes recursos

Por otro lado, dijo que la reforma en cuestión va a consumir abundantes recursos materiales y económicos y, al final, la relación costo beneficio será nula porque no se va a mejorar la justicia.

Además, continuó, los aspectos que atacan la independencia judicial van a enviar una muy mala señal a los inversionistas, nacionales y extranjeros, de cuyo capital depende en buena medida el desarrollo económico del país y el empleo.

En ese tenor, mencionó que para que una inversión esté protegida, debe haber la seguridad de que en caso de presentarse un conflicto exista un mecanismo de solución confiable, que el juez que va a resolver sea imparcial.

Dijo que los inversionistas, como los ciudadanos en general, tienen derecho a saber que, en caso de litigio, su caso va a ser resuelto conforme a derecho y nada más, sin ninguna injerencia extraña, sin que ningún poder económico, político, social o criminal, vaya a ejercer presión sobre el pensamiento del juez.

En ese aspecto, el juzgador mencionó que los jueces deben tener garantías de estabilidad en el empleo. “Que el juez esté seguro de que a partir de su nombramiento no puede ser separado de su cargo, sino porque incurra en una causal de responsabilidad, porque tenga mala conducta”.

Por otra parte, lamentó que con la reforma se elimine la carrera judicial en la cual se ha ido la mayor parte del presupuesto del poder Judicial de los últimos años. “. Si damos al traste con todo esto, pues me parece que hay una relación nula de costo-beneficio y estamos tirando por la borda, 30 años de experiencia y de inversión y no es cosa menor”.

"Nos defenderemos legalmente"

Por otra parte el magistrado fue enfático al señalar que si sus compañeros son separados de sus cargos y no son indemnizados como marca la ley se irán a juicio.

Dijo que, como cualquier ciudadano, las personas juzgadoras, si sufren una afrenta, tienen el deber moral de oponerse al agravio.

Insistió en que se trata de un deber moral con uno mismo. “No puedo dejar que me menoscaben, que me ofendan, que me perjudiquen”.

“Creo que esta iniciativa que propone la destrucción del sistema de carrera judicial que propone la transformación arbitraria del poder judicial de la federación sobre la base seguramente de un capricho nos causa un agravio ¿que no entonces tenemos el deber moral de resistir y de oponernos?”, insistió.

Tenemos un deber moral con nosotros, pero también con la ciudadanía. Si se nos llegara a separar de nuestros cargos sin duda que tenemos el derecho de defendernos y para defendernos podemos hacer uso de todo lo que las normas jurídicas que se ponen al alcance de las personas normales comunes y corrientes seguramente demandaremos; seguramente buscaremos indemnizaciones pero este deber moral del que le hablo no solamente tiene la finalidad el resistir o el defendernos de esto que consideramos un agravio, también tenemos el deber de hacer todo lo que el derecho pone nuestras manos para impedir que se apruebe esta reforma para hacer ver que esta reforma no es buena.

Dijo que los  integrantes de la legislatura que está por iniciar, y la nueva administración del gobierno federal, tienen una oportunidad valiosísima de convertirse en artífices de una verdadera reforma a la justicia integral, “pero esta no”.

El magistrado fue entrevistado antes de que se conociera el proyecto de dictamen que construyó la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.