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Política

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La CNDH documenta otro caso de tortura en Michoacán

En su recomendación el órgano presidido por Luis Raúl González Pérez instó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que repare el daño causado. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 22/2019 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República y la presidencia municipal de Uruapan en Michoacán, por actos de tortura, detención arbitraria e ilegal y la deficiente investigación sobre los mismos actos ocurridos en el 2014.

La víctima de la detención y actos de tortura denunció, en su declaración a la CNDH, que en septiembre del 2014 fue detenido en el municipio de Tancítaro, Michoacán, por elementos de la Policía Federal, quienes lo golpearon y lo amenazaron de muerte con el objetivo de que se declarara culpable por conductas delictivas que la víctima refirió nunca haber realizado.

“Tras una investigación la CNDH determinó que los agentes policiales no justificaron las circunstancias de la detención ni informaron de inmediato de su aseguramiento ya que transcurrieron 46 horas para ser puesto a disposición de la autoridad ministerial y no reportaron las razones por las que el agraviado estaba lesionado”, indicó el órgano autónomo. 

Asimismo, la CNDH indicó que la víctima, tras ser detenida, fue trasladada al municipio de Uruapan en donde un médico adscrito al servicio médico de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio lo revisó e indicó que no llevaba lesión alguna. 

“Sin embargo, posteriormente al ingresar al Centro de Readaptación Social correspondiente lo diagnosticaron policontundido; llevando a cabo dicha persona, servidora pública, un ocultamiento negligente o simulado del estado físico del agraviado y un comportamiento indiferente a sus derechos humanos”, refirió la CNDH.

Además de esto, enfatizó, especialistas de la Comisión revisaron al agraviado y encontraron que la mayoría de las lesiones que presentaba el detenido se produjo de manera intencional y con uso excesivo de la fuerza. 

En su recomendación el órgano presidido por Luis Raúl González Pérez instó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que repare el daño causado. 

Asimismo, que capacite en derechos humanos al personal de la Secretaría, así como que a los elementos operativos se les entregue equipo de videograbación y audio que permita verificar la actuación de los elementos en los operativos en los que se desempeñan. 

A la Fiscalía General la instó a seguir las indagatorias sobre la carpeta de investigación abierta, además de también capacitar en derechos fundamentales al personal adscrito a la Unidad de Atención y Determinación, y de la Unidad de Investigación y Litigación de la delegación de Uruapan.     

Mientras que al gobierno municipal de Uruapan lo llamó a que capacite a los médicos legistas de la Secretaría de Seguridad local. 

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