Sedena espía y no hay rendición de cuentas: María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora Internacional Centro ProDH 

El reiterado espionaje realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través del software Pegasus contra el Centro ProDH es muestra de la falta de rendición de cuentas de las instituciones, así como una afrenta directa al trabajo de activistas y víctimas, reprochó María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora Internacional de la organización.  

“Estamos ante una reiteración de este tipo de ataques debido a la falta de rendición de cuentas de las instituciones y la falta de capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para poder investigar este tipo de hechos.  

“Es importante decir que es obviamente una afrenta directa a mi privacidad, a la de mis colegas, pero también a la privacidad de las personas con las que interactuamos todos los días, a las que acompañamos y que es, pues el objetivo y el fin de nuestro trabajo, que las personas que acompañamos puedan sentir que el Centro Pro es una instancia segura que es donde pueden encontrar respuestas”, sostuvo Aguilar Rodríguez luego de que este martes se diera a conocer que tanto ella como Jorge Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez A.C. (Centro Prodh) fueron espiados, de nueva cuenta, con el software Pegasus en 2022.  

En este sentido, la defensora advirtió que este tipo de ataques en contra de una organización como el Centro ProDH, en realidad también da cuenta del empoderamiento que han tenido las Fuerzas Armadas en México y de los riesgos que eso conlleva. 

Según la ONG, a finales del 2022, tanto María Luisa como Santiago Aguirre, recibieron correos electrónicos en los que la empresa Apple les notificó que sus teléfonos habían sido vulnerados por “atacantes patrocinados por un Estado”. Los correos electrónicos advertían que los ataques habían ocurrido “por quienes son” o “por lo que hacen” y alertaban sobre que el nuevo ataque podía haber dejado vulnerables sus comunicaciones, archivos, cámaras, imágenes y el resto del equipo. 

Por lo que con la ayuda de la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y Artículo 19, sus teléfonos fueron analizados por Citizen Lab, instancia de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Política Pública de la Universidad de Toronto, que confirmó que habían sido atacados con Pegasus, en al menos cinco ocasiones.

Casos investigados

María Luisa recuerda que entre junio y julio de 2022, fechas en las que Citizen Lab encontró que el spyware estuvo activo, la organización estaba investigando los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, en la sierra Tarahumara, en Chihuahua. 

“(Estábamos) un poco denunciando lo que eso significaba alrededor de la impunidad y del que se permitiera que este tipo de crímenes horrendos sucedieran en una región como la Tarahumara”, detalló. 

Asimismo, agregó que las otras fechas de posible infección son en septiembre, mes que se encuentra muy asociado a las actividades que generalmente tienen las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de quienes el Centro Pro es representante legal, y acompañante. 

Además, sostuvo que en ese mismo periodo la organización mostró su postura en torno a la discusión que se estaba dando a nivel público sobre el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena. 

“El centro Pro tiene mucho tiempo trabajando en estos temas para identificar cuáles son los riesgos y las preocupaciones por la militarización de la seguridad pública y estábamos activamente revisando cuáles eran esas implicaciones que estaban teniendo estas reformas”, subrayó.

Por ello, resaltó que la organización realiza un trabajo “muy clásico” de Derechos Humanos, de acompañamiento y de trabajo de construcción incluso con instituciones del Estado y, por lo mismo, han podido llegar a la conclusión de que en este gobierno hay instituciones, como la Sedena, —sobre la cual The New York Times logró documentar que es la única institución que tienen un contrato activo con el software Pegasus—  que no cuenta con controles, y cada vez tienen más poder. 

“Este tipo de historias, lo que nos da cuenta es de cómo están completamente sin controles, cómo utilizan este tipo de recursos para espiar a personas que nos dedicamos a la defensa de derechos humanos y que cada vez hay menos posibilidades de que de estos controles sean suficientes para detener a un a un Ejército que cada vez está más empoderado”, expresó.

Además de subrayar que el uso de este tipo de ataques o de herramientas habla de un Ejército que utiliza recursos públicos, que son muy caros, para espiar a personas que en realidad lo que están buscando es que sean más transparentes, abiertos y que sigan los principios democráticos. 

Este espionaje “habla de la falta de rendición de cuentas y de la falta de control de civiles a los cuales no están dispuestos a sujetarse. Entonces nos parece que esto habla más del tipo de institución que es el del Ejército, alejado de los principios democráticos”, dijo. 

Finalmente, María Luisa Aguilar Rodríguez, señaló que al igual que en 2017, cuando se documentó que tres personas del Centro ProDH habían sido infectadas, denunciarán el caso ante la Fiscalía General de la República, sin embargo, resaltó que, desde seis años, pese a que se comprobó el espionaje, tenían una expectativa de que el esclarecimiento y la sanción contribuyeran a la no repetición, lo que no ocurrió ni ha ocurrido.

“En 2017, junto con otros periodistas y otros activistas, denunciamos e impulsamos por muchos años esa investigación, aunque no hubo los resultados que deseábamos y no hubo ningún impulso por parte de la entonces Procuraduría (…) si nos creemos obligados a denunciar esperando que haya una respuesta por parte del Estado y lo haremos en los siguientes días. 

“Lo que no vemos es a una FGR que sea capaz de investigar este tipo de delitos complejos y tampoco que tenga la voluntad de hacerlo”, enfatizó.

maritza.perez@eleconomista.mx