Retos para el acceso efectivo a la justicia

Uno de los aspectos más sensibles en toda sociedad es la justicia. 

Es sensible por varias razones, la primera, porque el acceso efectivo a los Tribunales del país, no siempre se da. La legislación tiene hartos candados y para las y los jueces, muchas veces no resulta tan sencillo interpretar las normas generales de tal manera que se superen los formalismos legales. Tampoco es fácil flexibilizar la ley para que las personas justiciables accedan a los órganos jurisdiccionales. Flexibilizar más de lo que la norma permite, puede generar también inseguridad jurídica porque hay plazos y términos que cumplir, cuestiones de personalidad que también se deben acreditar, así como la obligación de presentar las demandas ante la autoridad jurisdiccional competente. Todo esto hace por si mismo complejo el acceso efectivo a la justicia. 

Otra de las razones por las que es sensible la justicia, una vez que se abren sus puertas y que se superan las trabas procesales, es porque las partes se hacen expectativas sobre una realidad que no necesariamente es la objetiva y veraz. 

Hay un factor importante que es la forma de ver un problema por parte de las personas justiciables, desde que surge, cómo se desenvuelve hasta el cauce e intensidad que va tomando.

Normalmente, el buen actuar se potencializa y el mal actuar, si es que lo hubo, o por decirlo de una forma distinta, la parte de responsabilidad que le corresponde a cada uno, como generadores del problema, se invisibiliza. 

La naturaleza humana es demasiado compleja y las personas van creando antes de llega a juicio, realidades que son, para ellas, lo menos dolorosas posible. Su conducta la justifican principalmente frente a sí mismos, frente a su familia y también frente a la autoridad y sociedad. 

Cuando va saliendo la verdad durante el juicio, la niegan, dependiendo de sus valores, acusan a otros y, pueden llegar a insistir sobre la versión que fueron poco a poco creando frente a terceros antes de acceder al sistema de impartición de justicia. La autocrítica es el primer paso para poder desentrañar el problema, pero normalmente no se da en los juicios, va saliendo, por el contrario, a cuenta gotas.

Esto a su vez, lleva a un tercer aspecto. La realidad -respecto de la conducta de cada quien- ya fue creada por las partes, particularmente en las materias civil, mercantil, de arrendamiento inmobiliario, laboral, societario y familiar. Por lo tanto, si el operador de justicia desentraña una realidad distinta y la visibiliza, quien formó una verdad distinta, se siente exhibido, agraviado y en situación de vulnerabilidad, por lo tanto, su reacción es agredir y atacar. El embestida llega, dependiendo de su fuerza, hasta las últimas consecuencias, incluso muchas veces alcanza a la persona juzgadora. 

Esta es una de las razones por las que comienzan las descalificaciones, ramificaciones del problema y debilitamiento institucional. 

Además, están las asimetrías de poder, de información, de material probatorio aportado en juicio, el tener un equipo jurídico atrás más competente que otro, más agresivo en su defensa que otro, más o menos consciente de buscar una solución del problema y muchas otras razones más.

Frente a este escenario, ¿puede fortalecerse la institución de impartición de justicia? Es complicado, pero sí es necesario. Además de la transparencia en cada una de las resoluciones y sentencias que dicte todo órgano jurisdiccional, que es una obligación legal, que ciertamente fortalece el sistema de impartición de justicia, una de las posibles soluciones en estas materias de justicia cotidiana es la mediación, particularmente la pública.

En ella, las personas mediadas llegan por sí mismas a la solución del conflicto. Tiene la ventaja de que sus principios son la flexibilidad, lo que significa que aquí no hay plazos ni términos legales para resolver el problema, no hay tampoco necesidad de acreditar cuestiones de personalidad, competencia por materia o por fuero de un órgano jurisdiccional -salvo la materia penal, que tiene su propio sistema de mecanismos alternativos, el resto de las materias son mediables- y, se rige bajo los principios de buena fe, voluntariedad, confidencialidad, neutralidad y equidad entre las personas mediadas.

Una mediación pública bien manejada por las personas mediadoras tiene resultados asombrosamente positivos. El problema se aborda desde su raíz. Las y los mediados se hacen responsables de su actuar en la proporción que les corresponde el problema e incluso hay una válvula de escape para sacar a la superficie todas las cuestiones psicoemocionales para poder llevar a buen término la solución del problema.

Además, los mecanismos alternativos para resolver controversias, están contemplados a rango constitucional en el artículo 17 como un derecho humano para acceder a ellos de manera distinta a los órganos jurisdiccionales del Estado.

Existe la obligación de instrumentarla, sin embargo, no se ha dado por múltiples razones. La más importante quizá sea que aún teniendo la obligación de contemplarla, con las reformas constitucionales de marzo de 2021 y legales de junio de ese mismo año, no se hizo alusión a ella. Una de las respuestas, porque son varias, es porque no se cree en ella ni en sus ventajas. Quizá sea el desconocimiento lo que lleve a pensar que habrá una competencia con los órganos formalmente jurisdiccionales, pero esto no es así, el trabajo para los juzgados y tribunales es infinito, no acaba, por el contrario, se acrecienta. La defensoría pública tampoco se da abasto en la defensa de los asuntos. En cambio, en aquellos asuntos que san mediables, porque no todos lo son, el resultado, de así quererlo los mediados, está garantizado. La mediación pública va a ayudar a las personas más desfavorecidas socialmente, que no tienen acceso a un buen equipo de abogados para la defensa de sus casos y problemas y que tampoco tienen acceso a un defensor o defensora pública porque no se dan abasto.

Un centro de justicia alternativa federal, que existe desde 2017 obligación legal de crearlo, con mediadores y mediadoras capacitados y certificados por el Estado, que pertenezca al Poder Judicial Federal, como sucede en las entidades federativas, gratuito, como debe ser el acceso a la justicia alternativa y estructurado, desahogaría muchos de los problemas de rezago y credibilidad que tiene el Poder Judicial Federal. Se debe apostar por la mediación pública y porque a la brevedad se cree el Centro de Justicia Alternativa, separado de cualquier injerencia de otro Poder Público, porque tiene que servir a todas las personas que tienen un problema y que lo quieren resolver de una manera amigable, flexible, expedita, confidencial, justa y sin el desgaste de los Tribunales. ¿Por qué no se pensó en ella en las reformas de 2021? Además de porque tal vez no se cree en ella al o haber visto sus bondades. Esa es la duda, porque se quiera o no, se debe crear por ser mandato constitucional. Hay tantos intereses en todo, que quizá por eso avance poco el país. Si no se crea el Centro de Justicia Alternativa a nivel Federal, lo que va a suceder es lo que se está viviendo, que la mediación privada es la que prevalece sobre la pública, en demérito de las personas socialmente más desfavorecidas de este país.