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Embarazo adolescente en México, a la baja, pero con retos grandes
El embarazo adolescente y el matrimonio infantil son de las violaciones más profundas a los derechos de las infancias y constituyen uno de los retos más persistentes en México y los países de América Latina para cerrar brechas de desigualdad social y económica.
El embarazo adolescente y el matrimonio infantil son de las violaciones más profundas a los derechos de las infancias y constituyen uno de los retos más persistentes en México y los países de América Latina para cerrar brechas de desigualdad social y económica.
En México, en promedio, cada día, 20 niñas menores de 15 años se convierten en madres.
En total, durante 2022 —la cifra más reciente disponible— se registraron 7,255 nacimientos de embarazos de niñas de hasta 14 años; mientras que en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, 259,702 nacimientos.
En conjunto, los nacimientos en los que las madres son niñas o adolescentes representaron el 14% del total, de acuerdo con cifras de natalidad del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
Si estas cifras se comparan con las registradas una década atras, se observa que la situación ha mejorado. Pese a los avances, los retos todavía son grandes.
El embarazo adolescente y el matrimonio infantil son de las violaciones más profundas a los derechos de las infancias y constituyen uno de los retos más persistentes en México y los países de América Latina.
En México, por ejemplo, la Tasa Específica de Fecundidad de Adolescente (TEFA) se ubica en 60.3 nacimientos por cada 1,000 adolescentes; en 2015 era de 72.4 por cada 1,000. Esto refleja que en casi una década se han logrado reducir 16% los niveles de fecundidad en este grupo poblacional.
Pero si se desglosa por entidades se observa que en algunas de ellas las cifras actuales son alarmantes; Guerrero, Chiapas, Coahuila y Veracruz encabezan la lista de estados donde ocurren con mayor frecuencia los embarazos en niñas y adolescentes.
Para entender la persistencia de la problemática es preciso analizar las condiciones sociales, económicas y de acceso a derechos que tienen las distintas regiones del país. No es casualidad que gran parte de estos embarazos ocurran entre mujeres con rezago educativo, pobres, indígenas y rurales.
Embarazo infantil y adolescente aumenta riesgos y brechas
Los embarazos en niñas y adolescentes, en un primer momento, muestran que durante los primeros años de vida hubo carencias en el acceso a la educación sexual integral, a los servicios de prevención sexual y salud ginecológica. Estas condiciones están, casi siempre, enlazadas con otras carencias básicas.
En un segundo momento, de acuerdo con el análisis de Coneval sobre los derechos de los niños y niñas en México, la ocurrencia de un embarazo infantil o adolescente tiende a profundizar las vulnerabilidades que ya existían, a crear nuevas y a sumar obstáculos en el desarrollo personal, educativo, profesional y social de las mujeres.
Las cifras muestran que, en México, el embarazo adolescente y el matrimonio infantil se encuentran entre las cinco primeras causas de abandono escolar durante la educación básica.
Adicionalmente, las mujeres que se convirtieron en madres en edad temprana tienen mayores tasas de desocupación y menores ingresos.
En el ámbito exclusivo se observa que los riesgos, que ya son propios de cualquier embarazo, se profundizan en las niñas y adolescentes. De acuerdo con información de la OMS (Organización Mundial de la Salud), los embarazos en mujeres de 10 a 19 años son más propensas a desarrollar eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas.
Los nacidos de estos embarazos también son más propensos a nacer con bajo peso en condición prematura y a desarrollar afección neonatal grave.
La educación sexual y el aborto seguro sí importan
Dos de los grandes ejes en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) son la educación —que aporta a la prevención— y la celebración de la diversidad y la autonomía sexual —que aporta a la atención—.
En México, la edad más común de inicio de la vida sexual activa está entre los 14 y 19 años y, aunque existe un amplio conocimiento de algunos métodos anticonceptivos, casi 60% de quienes tienen una vida sexual activa no utiliza ninguno. Los motivos principales son el estigma, no poder pagarlos o no saber dónde encontrarlos.
Por ello, es fundamental reformar los planes de estudio desde la educación básica, levantar campañas de sexualidad en comunidades marginadas y traducirlas a las diferentes lenguas indígenas habladas en el país, hacer gratuitos y universales los métodos de prevención sexual y planificación familiar. Y sobretodo, desestigmatizar la sexualidad en toda su diversidad.
Por otro lado, es crucial erradicar la criminalización hacia las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente sus embarazos. Ejercer este derecho de manera legal, segura, informada y gratuita puede transformar positivamente la vida y el desarrollo de las mujeres.
Los datos muestran que en combinación, la legalización del aborto y la implementación de la educación sexual, han reducido de manera importante la incidencia de embarazos no planificados.