La llamarada de petate de la reducción de la jornada laboral

No es la primera vez que una reforma causa ruido, sólo eso. Con mayor o menor magnitud, es práctica legislativa común que varios dictámenes de gran impacto sean aprobados sin tener realmente el consenso para materializarse en un cambio normativo real. Eso ha pasado precisamente con el proyecto para reducir la jornada laboral.

A finales de abril, a muchos tomó por sorpresa que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Juan Robledo, aprobara un dictamen para modificar el artículo 123 de la Carta Magna y reducir la jornada laboral semanal. De hecho, fue incluso una sorpresa para algunos legisladores y legisladoras que han planteado iniciativas en este sentido.

Unas semanas antes de que concluyera el periodo ordinario, la Comisión de Puntos Constitucionales se instaló en sesión permanente, la idea era esperar, entre otras cosas, la fallida reforma para acotar las funciones del Tribunal Electoral que se cocinaba entre la mayoría de los partidos. En ese contexto, se inscribió en una de las reuniones de trabajo el proyecto de reforma de la jornada laboral, pero fue retirado porque no tenía consenso.

La reforma electoral quedó congelada, pero la Comisión siguió en sesión permanente y antes de cerrarla se decidió volver a incluir el dictamen de la jornada laboral a pesar de no haber sido negociado a nivel de los coordinadores parlamentarios. El proyecto fue finalmente puesto a votación y avalado por todas las fracciones representadas en dicha instancia legislativa, a excepción del Partido Acción Nacional (PAN).

“Creo que sabían que la reforma no pasaría de ahí, por eso se aprobó en ese momento sin tener realmente los consensos”, detalló uno de los integrantes de la Comisión. Políticamente es muy rentable, sobre todo en las redes sociales, “pero el dictamen no tenía realmente posibilidad de llegar al pleno de la Cámara, no tenía los votos y ni estaba en la agenda de prioridades de los partidos”.

El texto vigente del artículo 123 de la Constitución establece, en la fracción IV del apartado A, que “por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos”. La reforma en cuestión plantea reducir a cinco días de trabajo y dos de descanso esta fórmula.

El mismo artículo de la Carta Magna establece en la fracción I que la jornada máxima por día es de 8 horas, de esta forma, el cambio aprobado por la Comisión implicaría que la semana laboral se reduciría automáticamente de 48 a 40 horas.

Como ha ocurrido con cada reforma laboral aprobada en los últimos años, el sector empresarial fue el primero en oponerse y alertar sobre el millonario caos que se generaría con un cambio de este tipo, lo que era de esperarse, más cuando a ellos mismos también los tomó por sorpresa la aprobación de un dictamen que casi nadie tenía en el radar.

Deficiencias del proyecto de reforma

La reforma planteada tiene varios problemas que dificultan su avance. En primer lugar, no se construyó en un diálogo tripartito, tal como lo plantea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los cambios que tienen que ver con la jornada laboral en su Recomendación 116.

En segundo lugar, no contempla ningún régimen de transición para su aplicación, lo que implicaría que, de aprobarse tal como está, de un día para otro las empresas tendrían que modificar todo su esquema productivo para acatarla, sin la posibilidad de planear el cumplimiento. La OIT propone que un cambio de este tipo debe ser progresivo.

Chile y Colombia son países de la región que recientemente lograron reformas para reducir su jornada laboral.

En el caso chileno, ya se había recortado de 48 a 45 horas semanales el máximo en 2001, con una transición que concluyó en 2005. En 2017 se presentó la nueva propuesta para bajar a 40 horas la jornada por semana, lo que se concretó finalmente en abril pasado. Es decir, para lograr un acuerdo en la materia pasaron seis años. La reforma contempla un periodo de transición de cinco años que concluirá en el año 2028 y tiene fórmulas diferenciadas por sector.

La reforma colombiana, por su parte, fue aprobada en 2021 y con ella se redujo de 48 a 42 horas la jornada laboral semanal. Contempló dos periodos de transición, pues se estableció que comenzará a regir recién en julio de este año con una hora menos y además su aplicación será gradual para concluir en el año 2026. También da la posibilidad de cumplir las horas en cinco o seis días consecutivos con diferentes modalidades.

En México se debe definir un traje a la medida de la naturaleza propia de sus industrias. Reducir la jornada laboral es una necesidad y una demanda ciudadana importante, pero esto debe hacerse con diálogo social como respaldo y un buen régimen de transición.

Basta recordar el reciente ejemplo de la reforma de las “vacaciones dignas”, la cual tomó casi un año para poderse construir y que tuvo en un papel estratégico a legisladoras como Patricia Mercado (MC) y Susana Prieto (Morena) para lograr una fórmula transitable. Todas las partes tuvieron que ceder en algo.

Si no se construyen los acuerdos necesarios para una reforma tan importante, y que de por sí tomará tiempo materializarse, porque implica cambios constitucionales y posteriormente en la legislación secundaria, se corre el riesgo de que sea una nueva “llamarada de petate” desde el Congreso. Si no, basta ver los proyectos del sistema nacional de cuidados, de igualdad salarial de género, de licencias de paternidad y de inclusión laboral de adultos y de personas con discapacidad, que hasta ahora han logrado ser sólo buenas –y congeladas– intenciones para el mundo del trabajo.

Nota para el lector. “Llamarada de petate” es una expresión popular mexicana que hace referencia a algo que generó grandes expectativas, pero que se consumió rápido. En palabras de la Academia Mexicana de la Lengua, “reacciones y actitudes momentáneas”.