SICT pagará hasta 2.5 millones de pesos por manual para consultas indígenas

En la recta final de actual sexenio, el gobierno federal busca mejorar en la planeación y ejecución de obras, por ello, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pagará hasta 2.5 millones de pesos a la empresa encargada de elaborar el Manual del protocolo de consulta indígena para la infraestructura carretera, mismo que deberá estar terminado el presente año.

En el proceso de licitación, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 26 de junio, participan Geo Bios Sustentabilidad Ambiental, Grupo Selome y Sistemas de Inteligencia en Mercado y Opinión.

El objetivo de la dependencia es: Elaborar la metodología referente a la obtención del consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas (consulta indígena) para proyectos de la infraestructura carretera. Con la finalidad de que en la normativa de la SICT se cuente con los criterios específicos que permitan la correcta planeación, ejecución y seguimiento de dicho procedimiento, con apego a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos de las comunidades y pueblos originarios de México.

El concurso público ocurre al mismo tiempo que la secretaría alista la Prospectiva de infraestructura carretera y ferroviaria con horizonte de diez años.

Carreteras, caminos y puentes

El manual será utilizado por la SICT para la ejecución de obras de infraestructura carretera (carreteras, caminos y puentes) con la finalidad de no tener retrasos, a pesar de que ya cuente con los recursos presupuestales necesarios.

Su intención es generar nuevos canales de comunicación para la obtención, por ejemplo, de derechos de vía.

Para elaborar la nueva metodología (referente a la obtención del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas) se tienen que establecer los criterios para planear y desarrollar obras de infraestructura carretera cumpliendo con los estándares internacionales de Derechos Humanos en materia de consulta indígena.

También se tienen que definir “los criterios para orientar las acciones de obtención del consentimiento previo, libre e informado considerando las etapas de identificación y caracterización de la población, definición del objeto de la consulta, elaboración del protocolo y ejecución de la consulta; en apego a los criterios y mejores prácticas nacionales e internacionales”, explicó la dependencia.