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STPS ve cambios en iniciativa de outsourcing y trámite antes de elección
La titular del Trabajo descartó que la regulación de la subcontratación laboral se vaya a posponer para la nueva legislatura en el mes de septiembre.
Foto: Archivo
Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), afirmó que en los próximos días habrá un acuerdo en materia de la iniciativa para regular la subcontratación que permita a los diputados, como cámara de origen, seguir con el proceso legislativo para una eventual aprobación. No se trata, dijo, de enviar una nueva iniciativa sino, en todo caso, de hacer modificaciones.
De esta manera, Alcalde Luján sostuvo que la discusión no se irá hasta el mes de septiembre, sino que “esperemos que eso pueda suceder en las próximas semanas y que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, como cámara de origen pueda discutir y esperemos en su caso aprobar para que pase a la Cámara de Senadores y tener en las próximas semanas o par de meses la iniciativa aprobada”.
Al respecto, la diputada Anita Sánchez, secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, afirmó que la iniciativa “no está muerta, estamos esperando los ajustes, los cuales podrían llegar las últimas semanas de febrero. Estamos listos para su discusión”, expresó.
La propuesta del Ejecutivo para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación se presentó el 12 de noviembre del 2020, y en su exposición de motivos busca, entre otras acciones, prohibir el uso de la subcontratación -insourcing y outsourcing- para evitar la simulación de las contrataciones y la violación de los derechos de los trabajadores.
“Hemos avanzado (en la discusión) del reparto de utilidades, se abrieron foros públicos porque hay preocupación del sector empresarial de que si se aprueba la iniciativa pudiera haber en algunos sectores distorsiones a la hora de cumplir con el reparto de utilidades.
Esto se ha venido analizando y estamos próximos a poder tener un acuerdo, la idea no es presentar una nueva iniciativa, sino más bien que hubiese, en todo caso, modificaciones”.
En conferencia de prensa ofrecida en el estado de Baja California, una de las entidades que transita el nuevo modelo de justicia laboral, Alcalde Luján expuso que “hay la pretensión de que este tema sea discutido después de la elección y no es el caso, por lo menos no es la intención del gobierno de México, el presidente López Obrador, presentó una iniciativa a finales del año pasado que pone orden en materia de subcontratación”.
El pasado 3 de febrero, el senador morenista Ricardo Monreal había afirmado que era poco probable que algunos proyectos de ley polémicos en la actual legislatura, tales como la regulación de la subcontratación y la reestructuración de los órganos reguladores autónomos, se discutieran antes de las elecciones de medio término de julio próximo.
La pérdida oculta para el gobierno
De acuerdo con análisis que se han presentado en los foros de discusión; los efectos negativos por eliminar la subcontratación también incluyen al insourcing -una razón social distinta dentro de un mismo grupo de interés económico que se encarga de la administración de personal- pues podría representar la pérdida de ingresos para el gobierno federal del orden de 14,000 millones de pesos.
Lo anterior, si se considera que del total de trabajadores en insourcing sólo 60% de los empleadores contrataría a su personal de manera directa -algunos sólo por honorarios-; dejando sin empleo formal al 40%, cuyas estimaciones en materia de subcontratación interna involucra a 4.6 millones de trabajadores a quienes se les dejaría de cubrir la seguridad social, así como el Impuesto Sobre Renta (ISR); lo cual no sólo afectará a los trabajadores, pues la recaudación de impuestos también se vería impactada; razón por la cual se mantiene en discusión dicha figura.
Cabe destacar que, en ambas cámaras del Poder Legislativo, hay 22 iniciativas de ley presentadas; pero la que envió el Ejecutivo el 12 de noviembre es la que contempla los mayores cambios.
Héctor de la Cruz, especialista laboral de D&M Abogados, afirmó que si bien el pacto que se firmó entre empresarios gobierno federal y trabajadores no fue para modificar la iniciativa original “sólo abrió una brecha de tiempo para que las empresas regularizaran sus operaciones de subcontratación, y paralelamente se discutieran las propuestas sobre el reparto de utilidades”.
En materia de reparto de utilidades es posible que existan modificaciones para ciertos sectores industriales; “sobre todo en los que el impacto de ese costo puede ocasionar distorsiones, no obstante que, durante los diálogos públicos sobre el tema, la autoridad fue clara en el sentido de que el derecho de los trabajadores a recibir un reparto de utilidades es intocable”, pero eso lo veremos en las próximas semanas.