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Subsidios a autos eléctricos generan división en EU
El crédito fiscal que plantea el gobierno estadounidense es más generoso si se destina a la compra de un vehículo armado con mano de obra sindicalizada, pero los sindicatos no son obligatorios en estados como Texas, Indiana, Tennessee, Carolina del Sur o Alabama.
Foto: Reuters.
La iniciativa legislativa relacionada con subsidios a la compra de vehículos eléctricos ha dividido a los gobernadores de Estados Unidos, con 11 de ellos, prácticamente todos del sur del país y con una producción destacada, oponiéndose a la misma.
De aprobarse la propuesta del ejecutivo estadounidense, se proporcionarían hasta 4,500 dólares más en créditos fiscales para la compra de vehículos producidos por trabajadores sindicalizados. Así que la iniciativa afecta a ese grupo de estados, con plantas donde tener sindicato no es obligatorio.
Por ejemplo, General Motors cuenta con factorías de ensamblaje en Texas, Indiana y Tennessee, mientras que Toyota opera fábricas en Indiana, Texas, Mississippi y Alabama; BMW en Carolina del Sur; Nissan en Tennessee y Mississippi, y Daimler AG en Alabama y Carolina del Sur.
“No podemos apoyar ninguna propuesta que cree un ambiente discriminatorio en nuestros estados al castigar a los trabajadores automotrices y a las compañías automotrices porque los trabajadores de sus plantas optaron por no sindicalizarse”, dijeron los gobernadores en una carta dirigida al Congreso estadounidense.
Los gobernadores en cuestión son de los estados de Alabama, Arizona, Georgia, Texas, Tennessee, Carolina del Sur, Arkansas, Georgia, Oklahoma, Indiana y Mississippi.
Ellos argumentaron que esta legislación no trata de apoyar la tecnología emergente, sino que es un intento punitivo de ponerse del lado de los sindicatos a costa de los trabajadores y los consumidores estadounidenses.
“Al poner ciertos vehículos en desventaja en términos de costos, esta legislación va en contra de nuestros estados, socava a nuestros residentes e impacta negativamente a la economía de Estados Unidos”, agregaron.
Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) consideró que estas controversias tienen el potencial de convertirse en conflictos mayores para la implementación del T-MEC y poner en riesgo el objetivo planteado por los líderes de los tres países de elevar la competitividad de la región en el mercado internacional.
El subsidio va desde 7,500 hasta 12, 500 dólares y será mayor si se cumplen las condiciones de ensamblaje en ese país, con un cierto porcentaje de componentes estadounidenses y mano de obra sindicalizada.
Ya el proyecto fue aprobado, con modificaciones, por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y será revisado por el Senado el 13 de diciembre próximo. Sólo después de su aprobación por la cámara alta podrá ser implementado.
Los gobernadores arguyeron que el Congreso no debe promulgar propuestas que favorezcan los vehículos producidos por una fuerza laboral sobre otra, particularmente cuando hacerlo limita drásticamente las opciones de los consumidores y socava los objetivos más amplios de reducción de emisiones de carbono.
“Les instamos a que consideren la inversión y el empleo creado por todos los fabricantes de automóviles, incluidos los talleres no sindicados, mientras evalúan las propuestas. Nuestros estados están trabajando para crear un ambiente estable para la fabricación automotriz estadounidense, y pedimos su colaboración, no castigo, en este esfuerzo”, concluyeron.