Chile enfrenta la elección más relevante desde el fin de su dictadura

Santiago. Chile vivirá este domingo el proceso democrático más importante desde el regreso de la democracia al país hace más de tres décadas. La ciudadanía votará este 4 de septiembre si aprueba o rechaza el texto de la nueva constitución surgida de una convención ciudadana.

A casi tres años del estallido social que dio paso al “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” del 15 de noviembre de 2019, firmado por la mayoría de los partidos políticos en el país, se someterá a prueba el proyecto con el que se busca reemplazar la Carta Magna vigente, redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El plebiscito de salida de este domingo es sin duda el evento más importante de la historia democrática de Chile, expresa Pamela Figueroa, académica de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), pues es la primera vez que la ciudadanía tendrá la posibilidad de participar en la definición más amplia del rumbo que tomará el país en las próximas décadas.

“Creo que a largo plazo va a ser uno de los momentos más importantes de la historia de Chile, porque es la primera vez que discutimos el pacto político y social de manera democrática en igualdad entre hombres y mujeres, con los pueblos originarios incorporados y sin militares; es la primera constitución política que surge sin los militares”, apunta la también coordinadora académica del Observatorio Nueva Constitución.

La elección en puerta es resultado de una salida institucional al malestar social que llegó a su máxima expresión con las marchas multitudinarias de octubre de 2019, manifestaciones que si bien no comenzaron como un reclamo para reformar la constitución vigente, sí encontraron en la arena política el cause constituyente como respuesta, puntualiza Juan Luis Ossa, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP).

“Aceptar esa diferenciación creo que es muy importante para no mezclar la violencia de octubre con la salida institucional de noviembre, en otras palabras, lo que en Chile se denomina el ‘octubrismo’ y el ‘noviembrismo’. La salida institucional de noviembre fue un paso político muy correcto, pues se juntaron la mayoría de las fuerzas representativas del país, salvo el Partido Comunista y otras fuerzas más a la izquierda, con el objeto de encontrar una salida y darle un cauce institucional a eso que se había completamente desbandado”, detalla.

El descontento social imperante —y en crescendo— en los últimos años, explica Luis Garrido-Vergara, director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, en parte tiene que ver con el hecho de que el crecimiento económico que ha logrado el país en las últimas décadas no se ha traducido en mejor calidad de vida para sectores importantes de la población; se ha reducido la pobreza, pero ha crecido la desigualdad social.

El abanico de demandas sociales es amplio, agrega, pero tienen en común la crítica hacia los sistemas de pensiones, de educación y de salud, así como el acceso a ciertos bienes y servicios que están relacionados con la calidad de vida. De esta manera, “la propuesta de la convención constituyente es una propuesta que intenta hacerse cargo de esa desigualdad y de reivindicar ciertos derechos fundamentales”.

La convención constituyente

El 25 de octubre de 2020 la ciudadanía chilena decidió mediante un plebiscito reemplazar la constitución vigente con un nuevo texto escrito por una convención ciudadana. Los 155 convencionales fueron elegidos entre el 15 y 16 de mayo de 2021, quienes iniciaron su encargo en una conformación paritaria y con representación de diferentes sectores y movimientos sociales el 4 de julio de ese año.

El 28 de junio de 2022 culminó el proceso de elaboración de la nueva constitución. El texto final, conformado por 388 artículos, amplía el catálogo de las garantías sociales, plantea una descentralización del sistema político, les da mayor autonomía a los pueblos indígenas y tiene un énfasis en la protección del medio ambiente. Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por gran parte de la sociedad. 

Todas las encuestas coinciden en que la opción del rechazo tiene una ventaja sobre el apruebo. De acuerdo con un ejercicio realizado por Monitor Social CL, el promedio de las últimas cinco encuestas publicadas le dan al rechazo un 48.4% y al apruebo un 38.2% de las preferencias, con una proporción de personas indecisas de 13.4 por ciento.

Sin embargo, coinciden los académicos consultados, hay un elemento diferente en este ejercicio que podría tener un impacto en los resultados y que es difícil reflejar del todo en las encuestas. A diferencias de elecciones anteriores, el voto del 4 de septiembre es obligatorio, por lo que se espera una mayor participación ciudadana.

“Servel informa: En el Plebiscito el voto es OBLIGATORIO. Conoce tu mesa y local de votación”, se lee en un mensaje de texto telefónico enviado de manera masiva por el Servicio Electoral de Chile (Servel) esta semana. El padrón electoral oficial es de 15 millones de personas y los analistas esperan una participación cercana a 10 millones de personas. Quienes no ejerzan su derecho al voto podrían hacerse acreedores de una multa cercana a 4,000 pesos mexicanos (200 dólares aproximadamente).

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha destacado que en caso de que gane la opción del rechazo a la nueva constitución, su gobierno impulsará un proyecto para que se convoque a una nueva convención, pues el mandato del pueblo en octubre de 2020 fue que se escriba una nueva Carta Magna.

“Eso es lo que nosotros como gobierno, por lo menos, vamos a hacer, porque entendemos que hay un mandato del pueblo: no es un capricho. El pueblo ya se pronunció respecto a eso. Se podrán estudiar los detalles, pero ése es el mandato principal”, expresó el mandatario en una entrevista difundida por la revista Time este miércoles.

Un análisis económico de la propuesta de la convención publicado por el CEP y realizado por Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, respectivamente, y los académicos Andrea Betancor, Claudia Martínez, Gabriel Ugarte y Guillermo Larraín, estima que implementar la nueva constitución en el mediano plazo le costaría al país entre 8.9 y 14.5% del PIB, un monto de entre 25,000 y 40,000 millones de dólares.

Entre el rechazo y el apruebo

Los académicos consultados coinciden en que el texto aprobado por la convención constituyente tiene aspectos positivos, éstos tienen que ver con la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho, el diseño de una democracia paritaria, la descentralización de la toma de decisiones en favor de las regiones y el énfasis en la protección del medio ambiente.

La transición de un esquema actual neoliberal a uno social y democrático de derecho, destaca Pamela Figueroa, implica un cambio profundo, “porque al tener más derechos sociales y al Estado con un rol de protección y promoción de esos derechos, cambia el paradigma desde donde se define la convivencia social. Eso me parece clave, creo que es lo más importante”.

A pesar de esos avances, afirma Juan Luis Ossa, el texto final no logra resolver del todo la demanda social, ya que en muchos casos se “amarran” demasiado los cambios y no se deja espacio a la discusión legislativa para su implementación. Además de que la ampliación de los derechos sociales no viene acompañada de una definición de los recursos para financiarlos.

“Me parece que es un muy mal texto que no responde a las necesidades y a las urgencias que los propios chilenos estaban reclamando a partir del estallido social y que luego se fueron exacerbando a raíz de la pandemia, y tampoco resuelve el gran dilema sobre la legitimidad institucional, y eso es lo que vamos a votar”, expresa.

Varios de los preceptos del proyecto convencional son buenos, agrega Luis Garrido-Vergara, pero la radicalización de las posturas en torno a ellos no ha facilitado su avance. “Es cierto que la convención ha logrado consolidar temas muy importantes en la nueva propuesta, pero como todo en este sentido, se plantea todo en términos muy polémicos porque la agenda política confunde mucho el debate”.

Entre los aspectos de mayor divergencia destacan la definición de Chile como un Estado plurinacional y el énfasis en los derechos de las personas indígenas, los cambios en el sistema político al eliminar la figura del Senado y el papel que tendría el sector privado en las pensiones y la salud.

Desde la perspectiva de Pamela Figueroa, estos temas, más que problemas de fondo en el texto propuesto son “dificultades de entendimiento” con las cuales se puede trabajar para mejorar la redacción en caso de que se apruebe y aclarar las críticas que han hecho diferentes sectores al respecto.

El resultado del plebiscito de salida no es seguro para ninguna de las opciones frente a la nueva constitución. Lo que está en juego el 4 de septiembre, coinciden los entrevistados, es la urgencia que tiene el país de contar con una buena Carta Magna apegada a la realidad que vive el país, la visión desde donde se construirá el nuevo ciclo político chileno y la voluntad de los partidos y diferentes actores sociales para generar acuerdos en torno a las reformas fundamentales que se requieren.

“El consenso sobre la necesidad de una nueva constitución, y sobre la actualización de las bases de convivencia sigue vigente. Yo estoy convencido de que vamos a llegar a buen término, independiente del resultado del 4 de septiembre. Ahora nosotros como gobierno tenemos el deber de gobernar, independiente de lo que pase. Hay problemas que van más allá de la discusión constitucional. El alza del costo de la vida, la inflación, la seguridad, los derechos de la infancia, la educación, la reforma de salud, la reforma tributaria. Todo eso lo vamos a seguir haciendo. Si es que eventualmente ganará el rechazo, nos demoraremos un poco más pero vamos a llegar igual”, aseveró el presidente Gabriel Boric en las palabras reproducidas por Time.

kg