Dos jueces británicos abandonan sus puestos en la alta corte de Hong Kong

Londres anunció el miércoles que dos jueces británicos dejarán de participar en la máxima instancia judicial de Hong Kong, por su oposición a la ley de seguridad nacional que China aplica a este territorio autónomo y excolonia del Reino Unido.

"Los jueces del Tribunal Supremo no pueden seguir ocupando sus puestos en Hong Kong sin parecer que respaldan a una administración que se ha alejado de los valores de la libertad política y la libertad de expresión", afirmó el presidente de dicho tribunal, Robert Reed, al anunciar su retirada y la del vicepresidente Patrick Hodge "con efecto inmediato" de la Corte de Apelación Final de Hong Kong.

El gobierno de Pekín "deploró enérgicamente" esta decisión, acusando a Londres de "vilipendiar las políticas de China para Hong Kong y desacreditar el desarrollo del Estado de Derecho en Hong Kong".

Las autoridades británicas, cada vez más enfrentadas a Pekín por el trato que reserva al territorio, han denunciado en el pasado que la ley de seguridad de 2020 no respeta la independencia acordada por ambas partes cuando el Reino Unido devolvió a China la soberanía de la excolonia en 1997.

Dicho acuerdo prevé que jueces británicos ocupen puestos no permanentes en la Corte de Apelación Final de Hong Kong, el más alto tribunal del territorio.

También participan en ella jueces jubilados del Reino Unido, Australia y Canadá.

En total, ocho de los doce jueces extranjeros no permanentes son británicos, incluidos los dos del Tribunal Supremo, y se desconocía el miércoles si los demás seguirían el ejemplo de Reed y Hodge.

Reaccionando a su dimisión, la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, consideró que "la situación ha llegado a un punto en que resulta insostenible que los jueces británicos formen parte del principal tribunal de Hong Kong".

"Hemos visto una erosión sistemática de la libertad y la democracia" en el territorio bajo soberanía china, denunció.

Promulgada en junio de 2020 tras una serie de masivas manifestaciones por las libertades en Hong Kong, la ley de seguridad nacional permite castigar las actividades separatistas, "terroristas", la subversión o la injerencia extranjera en el territorio autónomo chino.

Londres la denunció como una "clara violación" de la autonomía de la que gozaba su excolonia y decidió en reacción ampliar a muchos de los habitantes del territorio el derecho a emigrar al Reino Unido.