ASF, auditando al sector financiero en 2024

“Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas

o criterios objetivos a que aquellas deben someterse” Auditoría, Diccionario de la Lengua Española

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico de la Cámara de Diputados, encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, y que cada año debe publicar su programa de trabajo, lo que, en esta ocasión puede consultarse en la edición del DOF del 19 de enero de 2024.

El universo de las auditorías programadas para este año, como es usual, está dirigido a los tres poderes de la unión, considerando dependencias y entidades, así como también a los organismos constitucionalmente autónomos y gobiernos de entidades federativas y municipales, y en general, cualquier persona física o moral que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales y respecto de las cuales existe el deber de verificación.

Las auditorías a ser realizadas pueden practicarse bajo la óptica de cumplimiento (AC), que incluye entre otras, la revisión de inversiones físicas, el gasto federalizado y las auditorías forenses; y por otra parte, las conocidas como auditorías de desempeño (AD) que se enfocan constatar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales, si fueron realizados con eficacia, eficiencia y economía, así como el impacto y beneficios que tuvieron entre la ciudadanía. En lo que al sector financiero corresponde, vamos a ver que están consideradas ambas modalidades dependiendo del sujeto auditado y la materia específica de que se trate.

Por ejemplo, en materia de banca de desarrollo, es muy notoria la diferencia que se presenta entre las distintas instituciones, siendo Banobras la que atenderá la mayor cantidad de auditorías con 12, seguida de Banco del Bienestar con 2 AC (conjuntamente con la Secretaría del Bienestar); Nafin (1AD); Bancomext (1AD), SHF (1AD) y finalmente, el Banco del Ejército ameritó 0 revisiones. También es de destacarse que, en el caso de Banobras, directamente 10 son AC, sólo 1 AD y 1 mixta, lo cual tiene cierta lógica si partimos de la base de la gran cantidad de recursos ejercidos en relación con la obra y servicios públicos en el país.

La SHCP también será directamente materia de revisión con 15 auditorías repartidas en sus múltiples encomiendas, así como el Banco de México con 3 (1AC y 2AD) y los órganos desconcentrados y organismos descentralizados en funciones de autoridades del sistema financiero como CONDUSEF (1 AC y 1AD); Consar (1AC y 2 AD), mientras que la CNSF y el IPAB van con 0 auditorías, sin perjuicio de las transversales en las que puedan estar también citados.

Particularmente, hago paréntesis en el caso de la CNBV que tiene programadas para atender este año 4 auditorías, todas ellas de desempeño: (i) Ahorro y Crédito Popular, (ii) Regulación y Supervisión de las Instituciones de Financiamiento Colectivo, (iii) Regulación y Supervisión de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, y (iv) Servicios Financieros de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Pareciera que la ASF, va a evaluar el impacto en la sociedad de las políticas que se han tomado en estas materias y específicamente, los avances reales que se han tenido en materia de Inclusión Financiera en lo general, y en lo particular, el estatus regulatorio derivado de la conocida como Ley Fintech.

En ese sentido, tal vez uno de los conceptos o expresiones que más se utilizan desde el punto de las políticas financieras públicas, es el de la Inclusión Financiera; mismo que como se desprende de la información cuantitativa compartida por el Bank of International Settlements (BIS) comparándonos con economías equivalentes en Latinoamérica y de la propia CNBV, en su reporte de inclusión financiera, en el caso de México se evidencia todavía un área de oportunidad importante, ya que las mejorías que se han dado parecieran marginales al versar básicamente sobre población urbana o sub urbana, joven y no de centros poblacionales de menos de 5,000 habitantes en zonas rurales de difícil acceso. En otras palabras, más cajeros automáticos y más cuentas abiertas a los habitantes de la CDMX, definitivamente no cambian la circunstancia de las poblaciones que se encuentran en las sierras de Guerrero, Oaxaca o Querétaro.

Interesante será ver el informe de la cuenta pública que emita la ASF en este sentido, cuyas observaciones del desempeño, pudieran servir como auténticos detonadores de cambios en las políticas existentes y verdaderas promotoras del cambio en beneficio de la inclusión financiera, o simplemente como documentación de trámite para cerrar ejercicios anuales. 

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