Lectura 4:00 min
Derechos humanos en el nuevo aeropuerto
Comunicación gráfica de Apollo Communications, una de las tres compañías responsables de instalar la tecnología biométrica de reconocimiento facial en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Foto: Apollocom / LinkedIn
La Secretaría de la Defensa Nacional contrató la tecnología de reconocimiento facial de la compañía Vision-Box para utilizarla en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Los detalles del contrato son un misterio, pues no aparecen en la plataforma de transparencia de licitaciones y compras del Gobierno de México.
El nuevo aeropuerto para la Ciudad de México utilizará un sistema de reconocimiento facial para coordinar el acceso de los pasajeros a las salas de espera. El sistema lo instaló el Agrupamiento de Ingenieros de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Datos personales sensibles como son los datos biométricos (en este caso, las características de nuestros rostros) estarán en una base de datos administrada por una empresa de las Fuerzas Armadas.
Las tecnologías de reconocimiento facial representan grandes riesgos para la seguridad de los ciudadanos, pues recopilan y dan tratamiento a datos sensibles, irrepetibles e irrecuperables en caso de una fuga de información, como son las formas del rostro, las huellas dactilares o los detalles del iris.
El sistema de biometría facial del AIFA, bautizado como E-Gates, operará con el software y el hardware diseñado y desarrollado por Vision-Box, según pude confirmar. La instalación la realizaron tres empresas: Apollo Communications, S.A. de C.V., una empresa mexicana especializada en ciberseguridad industrial; Amadeus IT Group, S.A., una empresa española especializada en tecnología para la industria del turismo, y la propia Vision Box - Soluções de Visão por Computador S.A.
En Compranet, una plataforma pública de transparencia y seguimiento de las compras del gobierno, no hay registros sobre el proceso de licitación y compra de la tecnología de Vision-Box. Esta opacidad reduce la posibilidad de vigilar la tecnología de una compañía global que en India está ayudando a construir una matrix de vigilancia y control social que amenaza los derechos humanos.
Vision-Box es una compañía con sede en Lisboa, Portugal, especializada en tecnología biométrica para controles de seguridad, como las puertas de acceso en una terminal aérea o cruces fronterizos. Es proveedora del gobierno de Hyderabad, India, para el desarrollo de un sistema de videovigilancia en tiempo real con datos biométricos.
La Policía de Hyderabad, denunciaron las organizaciones Amnistía Internacional, Internet Freedom Foundation y Artículo 19, ha obligado a los ciudadanos a ser registrados y fotografiados en la vía pública para nutrir la base de datos.
La opacidad del contrato de la Sedena vinculado con Vision-Box no es la única falta con el sistema de reconocimiento facial del AIFA. La oficina de protección de datos de México, el Inai, ordenó a la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V., administradora de la terminal, que entregue información sobre el registro y almacenamiento de los datos biométricos de los pasajeros.
La empresa incumplió además con un mandato de ley que le obliga a realizar una evaluación de impacto en la protección de datos personales. Esta evaluación de privacidad debe realizarse cuando se pretende implementar un sistema informático que dé tratamiento intensivo o relevante de datos personales y “existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar”, “se traten datos personales sensibles” y “se efectúen o pretendan efectuar transferencias de datos personales”.
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. es una empresa de participación estatal mayoritaria agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que incluye al Ejército y a la Fuerza Aérea.
Amnistía Internacional, Internet Freedom Foundation y Artículo 19 han diseñado un formulario para que cualquier ciudadano en el mundo pida a Vision-Box y a otros proveedores de tecnología susceptible de lastimar los derechos humanos que se abstengan de ofrecer sus productos y servicios a gobiernos con historiales de violación de derechos humanos. La solicitud se basa en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que invitan a las iniciativas de capital privado a tomar medidas para evitar los riesgos para los derechos humanos que impliquen sus operaciones comerciales.
Quizá en México podríamos empezar transparentando los contratos relacionados con la tecnología de biometría facial del aeropuerto, porque los derechos a la información y a la protección de datos personales también son derechos humanos.