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La clave para la normalización de la relación entre Estados Unidos y Cuba
Aunque la administración Biden excluyó a Cuba de la Cumbre de las Américas de este año, también ha señalado su interés en mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Para hacerlo, deberá vincular el tema de la compensación por la confiscación de bienes en el pasado a un acuerdo más amplio para ayudar a abrir y modernizar la economía cubana
CHICAGO – La Cumbre de las Américas que se desarrolló en Los Ángeles trajo a primer plano los muchos cambios que se han producido desde la última vez que el presidente estadounidense Joe Biden había estado en la Casa Blanca. Después de enero de 2017, Venezuela se convirtió en un estado fallido, y las migraciones desde Centroamérica han sido causa de polarización política en los Estados Unidos. Brasil eligió como presidente a una versión tropical de Donald Trump, y México a un populista de izquierda.
Pero hay algo que no cambió: Cuba sigue siendo un estado de partido único, y una espina en el costado de la política exterior y de promoción de la democracia en la región de los Estados Unidos. Por eso la administración Biden decidió excluirla de la lista de invitados a la cumbre (junto con Venezuela y Nicaragua).
Sin embargo, el gobierno estadounidense también anunció hace poco que revertirá las sanciones contra Cuba de la era Trump. Al hacerlo, Biden comienza a readoptar una política para Cuba similar a la de su anterior jefe, el entonces presidente Barack Obama, quien en 2015‑16 restableció relaciones diplomáticas con Cuba, hizo una visita oficial a La Habana, y flexibilizó algunas de las restricciones comerciales y turísticas impuestas a los estadounidenses en relación con la isla. La idea era que un “relacionamiento positivo” ayudaría a fomentar cambios económicos y políticos en Cuba y la región.
Pero los esfuerzos de la administración Obama se estancaron incluso antes de que Trump asumiera el cargo y deshiciera todos los compromisos de su predecesor. Subsiste una cuestión problemática para Cuba: los pedidos de compensación para los estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas durante la Revolución Cubana. Si la administración Biden puede resolverla, habrá dado vuelta una página en toda la región.
Cuando Fidel Castro derrocó en 1959 a Fulgencio Batista, Cuba estaba hundida en la pobreza y la cleptocracia. Batista se había llenado los bolsillos, mientras la mayoría de los cubanos se deslomaban en las plantaciones azucareras y tabacaleras de las élites ricas, o como personal de servicio en los complejos turísticos costeros de la isla. Una parte del atractivo popular inicial de Castro se basó en lo radical de su estrategia para cerrar la enorme brecha entre ricos y pobres: su gobierno se limitó a confiscarles propiedades a los ricos y redistribuir el botín entre los pobres.
Pero en esta campaña general de expropiación y nacionalización cayeron numerosos ciudadanos y empresas estadounidenses. Hoteleros, terratenientes, empresas azucareras y dueños de ferrocarriles descubrieron de un día para el otro que sus bienes en Cuba habían sido confiscados, y que lo mejor que podían hacer era huir y salvar sus vidas.
Desde entonces, se han presentado en la Comisión para la Certificación de Demandas en el Extranjero de los Estados Unidos unos 6,000 reclamos certificados de estadounidenses contra el gobierno cubano, por un total de 2,000 millones de dólares. Además, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos recibió varios miles de reclamos más, sin contar a los miles de cubanos que antes de huir a Estados Unidos y obtener la ciudadanía estadounidense también sufrieron incautaciones.
Que en diciembre de 2015 la administración Obama convenciera al gobierno cubano de mantener conversaciones sobre el tema fue un gran avance. La Habana nunca había reconocido que los pedidos de indemnización fueran legítimos o dignos de discutirse. Pero Cuba agregó una demanda propia: en concreto, que Estados Unidos la compense por el enorme costo económico del largo embargo comercial que impuso a la isla. Según los cálculos de Cuba, las pérdidas son entre 100,000 y 850,000 millones de dólares.
Los pedidos de indemnización por propiedades confiscadas no son una rareza en las relaciones internacionales. En 1968, un gobierno militar en Perú confiscó la International Petroleum Company estadounidense, tras un escándalo local en la que estuvo implicada y que terminó con un golpe de Estado.
La empresa pidió una compensación de 120 millones de dólares, pero el reclamo no se resolvió hasta que finalmente Perú compensó a otras empresas estadounidenses por bienes perdidos durante el proceso de nacionalización, lo que permitió al gobierno estadounidense intervenir y redirigir una parte de los fondos en su dirección.
Luego el mismo gobierno peruano efectuó una expropiación masiva de latifundios (como la que había hecho Castro en Cuba) que afectó a más de 15,000 terratenientes y en total a aproximadamente 10 millones de hectáreas. El gobierno prometió indemnizarlos con bonos públicos, pero una década después estos perdieron valor en medio de un proceso de inflación descontrolada, y el gobierno nunca los pagó. Al día de hoy, un grupo de terratenientes todavía intenta obtener compensación, y un fondo de cobertura estadounidense, Gramercy Funds Management, compró miles de bonos a precio de remate a antiguos terratenientes y demandó al gobierno peruano por 1,600 millones de dólares.
La experiencia pasada hace pensar que para que una distensión entre Estados Unidos y Cuba perdure, debe orientarse al futuro. Felizmente, los complicados reclamos y contrarreclamos se pueden usar como base para un acuerdo negociado más amplio tendiente a normalizar la relación bilateral.
Una propuesta es que Cuba resuelva los reclamos pequeños con una indemnización financiera y los grandes con licencias para desarrollo de negocios. Esto puede ser parte de un paquete de modernización y apertura en la economía cubana, por el que Estados Unidos levante las sanciones y regulaciones punitivas y acepte la reincorporación de la isla a instituciones financieras internacionales clave; en el proceso, esas medidas desarmarán sobradamente el embargo comercial.
Pero cualquier resolución tiene que estar atada a que haya más reconocimiento y protección para los derechos de propiedad dentro de Cuba, como lo que hizo México antes de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1992. Cuando el régimen de Castro confiscó bienes privados para pasárselos a los pobres, se reservó los derechos de propiedad, de modo que los beneficiarios no recibieron ni títulos sobre las tierras ni la facultad de enajenarlas.
Los gobiernos autoritarios que redistribuyen propiedades suelen imponer esa clase de restricciones, que no solo debilitan la inversión y el crecimiento, sino que vuelven a los receptores dependientes de los programas del gobierno, lo que a su vez se usa para garantizar su fidelidad política. Fue el modelo de economía política que tuvo México desde la revolución, en la década de 1910, hasta principios de los noventa.
El gobierno cubano ya dio algunos pasos iniciales en dirección a un achicamiento del sector estatal y una desregulación del uso de propiedades. Al tiempo que se reconocen los derechos de los demandantes extranjeros, también hay que reconocer los derechos de propiedad de quienes recibieron los bienes confiscados. Por ejemplo, los agricultores deberían recibir títulos sobre sus tierras, junto con los derechos asociados. Una solución de este tipo puede ser un nuevo inicio no sólo para la relación bilateral y los estadounidenses expropiados, sino también para los ciudadanos cubanos, que a su vez podrán impulsar una nueva era de desarrollo en la isla.
El autor
Michael Albertus es profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago.
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