La Corte Penal Internacional es otra víctima del 7 de octubre

En 1998, en el momento de la adopción del estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), el juez Eli Nathan, jefe de la delegación de Israel, manifestó esperanza y miedo por su futuro. Siendo sobreviviente del Holocausto esperaba que cumpliera su función de terminar con la impunidad de los crímenes más graves.

Al ser testigo de la politización de la CPI en las negociaciones para la redacción del estatuto –al incluirse disposiciones para atacar a Israel– temía se pervirtieran las metas. Al explicar que Israel no podía acceder a un ente tan politizado, Nathan expresó la esperanza de que el Tribunal “sirviera a los nobles objetivos para cuya consecución se estaba estableciendo”.

Un cuarto de siglo después, los temores del juez Nathan se concretaron. Lejos de terminar con la impunidad, las órdenes de arresto contra el Primer Ministro y el ex Ministro de Defensa de Israel, junto a un líder de Hamás (aparentemente fallecido), son un regalo para la organización terrorista. Además, crea una equivalencia entre las víctimas que se defienden del terrorismo, y los asesinos y violadores del 7 de octubre, que han jurado repetir la masacre “una y otra vez”.

La determinación ignora un principio clave del estatuto de la Corte: la complementariedad. Establece que sólo tiene jurisdicción cuando los tribunales locales no pueden o no quieren actuar. Hamás, está claro, no investigará sus atrocidades; incluso, considera que cada víctima civil, palestina e israelí, es un éxito. Israel, en cambio, tiene un sistema jurídico riguroso, elogiado por el mismo Fiscal de la CPI, dispuesto y capaz de perseguir las violaciones del derecho internacional.

Los presuntos crímenes reflejan una desconexión de la realidad, acusan a Israel de matar de hambre a los gazatíes, con la imposición de un “sitio total”, pero ignoran al más de un millón de toneladas de alimentos, medicamentos y otras ayudas, entregadas en cerca de 60,000 camiones; esto mientras Hamás mantiene a 101 secuestrados, dispara misiles, y roba suministros para los palestinos.

Resulta difícil evitar la impresión de que el Fiscal trató de reforzar su decisión remitiendo las evidencias a un panel de “expertos imparciales”, integrado por algunos perfiles que han acusado públicamente a Israel. Lo que más preocupa es que entre sus campos de especialización, apenas hay alguien familiarizado con el tema militar y las leyes de los conflictos armados, siendo un panel que no podía deliberar con experiencia militar, sobre lo necesario y permisible en defensa contra los ataques con cohetes y la retención de secuestrados.

Incluir a expertos de esta clase daría una perspectiva diferente, como la de John Spencer, jefe del Centro de Estudios de Guerra Urbana del Instituto de Guerra Moderna West Point: “Israel ha implementado más precauciones para prevenir daños civiles que cualquier ejército en la historia”.

En la Conferencia de la CPI de 1998, el juez Eli Nathan, expresó su temor a que se convirtiera “en un foro más del cual abusar por parte de un grupo irresponsable de Estados, conforme a su capricho político”. Trágicamente, la propia Corte acaba de aproximarse un paso más a esa predicción.

*La autora es embajadora de Israel en México