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Política

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“Intolerable” violación del derecho a la vida en México

Las violaciones al derecho a la vida continúan produciéndose en México a niveles intolerables , asentó el Relator de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, Christof Heyns, en el Informe de Misión a México , la cual tuvo lugar el año pasado.

Las violaciones al derecho a la vida continúan produciéndose en México a niveles intolerables , asentó el Relator de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, Christof Heyns, en el Informe de Misión a México , la cual tuvo lugar el año pasado.

A través del documento, el relator expuso su preocupación de que el país continúe experimentando niveles alarmantes de violencia. Incidentes extremadamente violentos, particularmente violaciones del derecho a la vida, siguen produciéndose a un nivel intolerable .

Christof Heyns realizó una visita al país, del 22 de abril al 2 de mayo del 2013, y sus observaciones y recomendaciones finales quedaron asentadas en este informe. De acuerdo con el documento de 22 páginas, México enfrenta importantes desafíos para la protección del derecho a la vida , pues existen importantes flujos de drogas; los migrantes son vulnerables, del sur al norte del país, y armas son traficadas desde Estados Unidos, a través de la frontera entre ambos países.

Asimismo, poderosos cárteles, cuya influencia va más allá de las fronteras, se han arraigado y han logrado infiltrarse en el gobierno, de acuerdo con información recolectada y reportada por el relator.

De acuerdo con información recibida por el relator, cerca de 70% de los homicidios reportados en años recientes en el país se han atribuido al crimen organizado.

Es importante enfatizar que es responsabilidad del gobierno de México prevenir estas muertes y, diligentemente, investigar y perseguir a sus perpetradores , expuso el relator.

GRUPOS VULNERABLES

Por otro lado, el alto nivel de asesinatos de grupos vulnerables como las mujeres, migrantes, niños, periodistas, defensores de derechos humanos, detenidos, homosexuales, lesbianas y personas transexuales fue señalado por parte del relator, como una preocupación particularmente urgente. Dado el patrón de estas violaciones y el carácter pre-identificado de las víctimas, es posible que el gobierno emprenda mejores medidas de protección .

Los problemas para garantizar el derecho a la vida en México se deben a varios factores, reporta el documento; incluyendo deficiencias en el sistema legal; incremento en las actividades del crimen organizado y tráfico de drogas; falta de voluntad política; incapacidad de las policías y fiscales para investigar; desconfianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía, y la falta de rendición de cuentas por violaciones.

El relator refirió que de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre el 2006 y abril del 2013, en relación con el derecho a la vida, sólo 18 han sido plenamente cumplidas, seis presentan cumplimiento insatisfactorio, 27 han sido parcialmente cumplidas y cuatro no han sido aceptadas.

En consecuencia, el relator puso especial énfasis en este informe a la cuestión de poner fin a la impunidad. Para ello, existe una necesidad urgente de reducir la participación de los militares en la policía y establecer normas claras en el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todos los niveles de gobierno.

Heyns explicó que si bien es importante mirar hacia adelante para prevenir futuras violaciones al derecho a la vida, es de igual importancia asegurar la rendición de cuentas de los agravios ocurridos en el pasado.

La gravedad de la situación actual debe ser enfrentada de lleno, recomienda el relator, el derecho a la vida está seriamente amenazado en México y abordarlo debe ser una prioridad nacional .

Es poco probable que un enfoque militar de mano dura mejore la situación. Lo que se requiere es el fortalecimiento sistemático, integral y amplio del Estado de Derecho, de lo cual un elemento crítico es garantizar la rendición de cuentas por los abusos .

ana.langner@eleconomista.mx

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