Ley de austeridad delega facultades del Legislativo al Ejecutivo para decidir destino de los ahorros

La nueva Ley de Austeridad Republicana con la que se le da al presidente la facultad de decidir el destino de ahorros generados en la administración pública a través de decretos, genera un monopolio de decisiones y achica la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, indicaron expertas.

Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, comentó que, si bien se están dando mecanismos para saber en qué se gastarán esos ahorros, el esquema que se está manejando es discrecional.

Explicó que, en dicha ley se establece la creación de un comité de evaluación, donde el gobierno tiene que entregar un informe de la austeridad y del uso de los ahorros, los cuales serán evaluados y entregados a la Cámara Diputados.

“No sé si yo le llamaría partida secreta porque al hacerlo a través de un decreto, se verá en qué se va a gastar; no obstante, me parece un esquema discrecional el que sea una sola persona (Ejecutivo) la que decida todo el destino de los recursos ahorrados”, dijo Campos en entrevista.

Otro problema de esta ley -que fue aprobada en el Senado de la República- es que se quiera confundir el ahorro con subejercicios, pues los ahorros son positivos porque no se deja de cumplir con las metas; mientras que los subejercicios se dan porque se le retuvieron recursos, detalló.

“Si se deja que el presidente decida el destino del ahorro, me preocupa que se vaya a forzar a las dependencias a generar los ahorros o subejercicios para que el presidente pueda hacer uso de ese dinero. Los incentivos no están bien alineados y no me parece un buen esquema”, expuso luego de participar en la presentación de la investigación Ramo 23, de la discrecionalidad al abuso.

Refirió el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se establece que las dependencias u organismos que generen un ahorro, son las que decidirán en qué van a poder destinar esos recursos.

“Es decir, si la Secretaría de Salud genera un ahorro, es la que debería decidir cómo gastarlos, pero ahora será el presidente el que decida en qué se va a destinar el ahorro”, dijo Mariana Campos.

Al respecto, la politóloga, María Amparo Casar dijo que, al no respetar el artículo 61 se está permitiendo una mayor discrecionalidad en la ejecución del gasto público y se están delegando facultades de los legisladores al Ejecutivo.

“La división de poderes se está achicando, una facultad que tienen los diputados para decidir sobre recursos pasa el Ejecutivo a través de un ordenamiento jurídico que está por debajo de una ley y de la Constitución”, comentó Casar.

Ana Elena Fierro, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mencionó que este tipo de acciones son similares a lo que hoy sucede en el ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido como “fondo moche”, donde existe una gran discrecionalidad sobre los recursos que se ejercen.

“El ramo 23 no aguanta la prueba de llevarlo a la jurisdicción, creo que debemos empezar a pensar en litigios estratégicos, donde se demuestre que este tipo de recurso no se apega a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que no tienen las reglas en los planes sectoriales y que no se obtienen los resultados que se esperan”.

Ley de austeridad choca con marco jurídico

Fernando Galindo, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, explicó que la Ley de Austeridad choca con el marco jurídico de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es la única que regula todo lo referente a las finanzas públicas.

“La Ley Federal de Presupuesto establece que los ahorros que se generen son para programas prioritarios y determinados por la Cámara de Diputados, pero la Ley de Austeridad dice que ahora se decidirá por decreto y es ahí donde se tiene que ver qué ley está arriba o encima de la otra”.

Quien fue subsecretario de Egresos en el gobierno pasado, comentó que, el grupo parlamentario del PRI está revisando si la Ley de Austeridad tiene toda la solides jurídica que se requiere. “Vamos a revisar con cuidado las modificaciones que llevó a cabo el Senado y seguramente se discutirán en el pleno ya sea en periodo extraordinario o en septiembre”.