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Política

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Seguridad de mineros, sin prioridad en el Congreso de la Unión

Los familiares de los mineros atrapados han llamado a que se traiga ayuda desde el extranjero para las labores de rescate.

Aunque desde hace décadas se han hecho evidentes los peligros a los que se exponen los trabajadores mineros del país, para el Congreso de la Unión no ha sido prioridad el mejorar sus derechos laborales y de seguridad. Desde el 2006, a la fecha, una decena de iniciativas en la materia se han desechado, con otras tres más que se mantienen en la congeladora.

A raíz del fallecimiento de 65 trabajadores mineros de Pasta de Conchos en Coahuila, en febrero del 2006, la entonces diputada Laura Elena Martínez Rivera (PRI) llamó, a las y los legisladores de la LIX Legislatura en San Lázaro, a reformar la Ley Minera con el fin de establecer sanciones en contra de las empresas que omitieran la adopción de medidas de seguridad y cometieran negligencias que derivaran en accidentes que afectaran a mineros.

En el mismo periodo, el diputado perredista, Sergio Augusto Magaña Martínez, presentó un proyecto para evitar que los accidentes mineros no quedaran impunes cuando fueran provocados por acción u omisión de los concesionarios de las minas.

Sin embargo —y pese a la tragedia de Pasta de Conchos—, ambas iniciativas se mantuvieron congeladas en comisiones cinco años, hasta que fueron desechadas en 2011.

Para la LXI Legislatura, el diputado Pedro Ávila Nevárez (PRI), planteó que el salario del minero debería incrementarse de acuerdo a la peligrosidad de su labor; que el reparto de utilidades fuera anual y que el Estado debería designar a supervisores exclusivos a la rama minera para que se acataran las normas laborales. El proyecto fue rechazado en julio de 2012.

En 2016, durante la LXIII Legislatura, la diputada Ana María Boone Godoy (PRI) propuso sancionar a los responsables de la operación y supervisión de trabajos y desarrollos mineros que no implementen medidas de seguridad previstas en la normatividad, con multas de hasta 5,000 unidades de medida y actualización, cuando por su omisión se produzca un riesgo de trabajo que generó a uno o varios trabajadores la pérdida de la vida.

Estas iniciativas, entre otras, fueron desechadas poco después de ser presentadas.

En la congeladora

Actualmente, en el Congreso de la Unión hay tres iniciativas en materia de protección de mineros que se mantienen pendientes de legislar.

En 2012, los entonces diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Jesús Murillo Karam, ambos del PRI, presentaron una iniciativa para prohibir tanto la extracción rudimentaria de carbón en tiros verticales a profundidades menores de 100 metros.

Además de establecer que los titulares de las concesiones mineras serán responsables solidarios por la incapacidad permanente parcial o total, o la muerte de sus trabajadores.

Y aplicar penas de prisión de 3 a 6 años y multas cuando por omisión se produzca la muerte de uno o varios trabajadores mineros; prisión de 6 a 9 años, cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores mineros por extraer carbón mediante los métodos rudimentarios prohibidos, sin contar con las licencias. Dicha propuesta está en comisiones de San Lázaro hasta ahora.

En 2012 también, el Grupo Parlamentario del PAN planteó prohibir que mineros trabajaran en tiros verticales a profundidades menores a 100 metros.

Un ejemplo de este tipo de minas, es oportuno referir, es la ubicada en Agujita en Sabinas, Coahuila, donde el pasado 3 de agosto un derrumbe, que provocó su inundación, dejó a 10 mineros atrapados.

En el caso de esta iniciativa, desde octubre de 2018 se mantiene pendiente de analizar en comisiones de San Lázaro.

Durante la LXIV Legislatura, el Congreso de Sonora envió a San Lázaro una propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos para ampliar los fines a los que podrán ser destinados los recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros y así establecer que deberán ser empleados para mejorar el bienestar de las personas que trabajaron como mineros o sus familias.

Además de plantear que podrán otorgarse apoyos monetarios directos a los extrabajadores mineros equivalente a dos salarios mínimos mensuales.

Este proyecto se mantiene pendiente de analizar en la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados desde 2018.

Se inunda de nuevo mina de Sabinas

Tras informar que los niveles de agua al interior de la mina El Pinabete, ubicada en Agujita del municipio de Sabinas, Coahuila, donde 10 trabajadores se encuentran atrapados desde hace más de 11 días, se incrementaron abruptamente, protección civil afirmó que ya alista una nueva estrategia para rescatar a los mineros.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, afirmó a los familias que “no los vamos a abandonar”.

A su vez, dijo que la mina El Pinabete tiene condiciones extraordinarias debido a su colindancia, al sur, con la mina Conchas Norte que fue abandonada hace aproximadamente 30 años y desde donde se ha filtrado el agua.

Ayer en un comunicado, el Gobierno de Coahuila dio a conocer que el aumento “abrupto” del líquido se dio durante la madrugada de ayer.

Los familiares de los mineros dijeron estar “desesperados por lo lento de las maniobras de rescate”.

“Nosotros no quisimos dar información, ni nada, porque en cierta forma le quisimos dar su lugar a ellos (autoridades) de que nos ayudaran rápido pero nosotros ya nos cansamos (de tantos días) y decidimos salir porque ya necesitamos a nuestros familiares”, dijo Martha María Huerta, esposa de uno de los mineros.

maritza.perez@eleconomista.mx

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