Sipinna y el DIF son sistemas complementarios, pero distintos; expertos advierten regresiones en los derechos de la infancia

Incorporar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) al Sistema Nacional DIF, significa un enorme retroceso para los derechos de estas poblaciones, y sería desperdiciar un engranaje del más alto nivel en la historia de México que, además, fue un mandato internacional, coincidieron representantes de organismos internacionales, expertas y diputadas federales.

Al participar en el foro “El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el marco de la reforma en materia de simplificación orgánica”, legisladores y especialistas alertaron de retrocesos para los casi 40 millones de personas menores de edad de nuestro país, en caso de aprobarse la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que pretende incorporar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes al Sistema Nacional DIF.

Resaltaron que la eventual e indeseable desaparición de esa Secretaría Ejecutiva puede tener efectos negativos como falta de coordinación al interior del Gobierno Federal, ausencia de políticas integrales en el tratamiento de este segmento de la población, debilitamiento del monitoreo y evaluación, y disminución de la participación ciudadana.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, recalcó que el Sipinna y el DIF, son sistemas complementarios, pero totalmente distintos, ya que uno es el coordinador de políticas públicas y el otro es un sistema de asistencia social encargado de la restitución de derechos.

Asimismo, advirtió que la modificación del Sipinna, que pretende llevar a cabo el gobierno federal, también tendría implicaciones en el ámbito internacional, pues su creación fue un compromiso y mandato de organismos internacionales hacia nuestro país.

En este sentido, María Constanza Tort San Román, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, celebró que este evento es la oportunidad de aclarar que el Sipinna no son órganos ni oficinas de gobierno; “por ello, no representan una erogación para el Estado, ya que son órganos colegiados de carácter nacional, estatal y municipal. Las Secretarías Ejecutivas no son los Sipinna, y las secretarías sí son oficinas que coadyuvan con los Sipinna para la generación de políticas públicas en beneficio de la niñez”.

Recalcó que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es un mecanismo colegiado y permanente que esta encargado de la articulación de todas las entidades políticas publicas y privadas que tienen el debe y objetivo de garantizar la protección de los menores.

Por su parte, Sara Oviedo Fierro, experta internacional y exvicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, aplaudió la defensa del Sipinna, ya que es una obligación que asumió el Estado mexicano al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño; de aprobarse la iniciativa habría regresividad de derechos. Debe evitarse el desmantelamiento del Sipinna, pues el DIF brinda servicios concretos, con una mirada asistencial y contraria al enfoque de derechos y no abona a diseñar nuevas políticas públicas.

En el mismo sentido, la relatora de Derechos de la Niñez de la CIDH-OEA, Esmeralda Arosamena de Troitiño, externó su inquietud respecto de que la propuesta de reforma sea motivo de regresividad en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aseguró que el Sipinna es un modelo de protección, al contar con la dimensión normativa, institucional y articulación en los derechos de la niñez, mientras que el DIF tiene una visión asistencialista y da protección cuando el derecho ha sido violentado.

Karla Irendira Gallo Campos, Oficial Nacional de Protección a la Infancia de UNICEF México, indicó que para fortalecer el Sipinna se requiere que continúe como una Secretaría Ejecutiva y un sistema con carácter deliberativo no consultivo y que las decisiones sean vinculantes. Al existir una coordinación nacional se hace más eficiente el gasto público, se atienden las problemáticas más urgentes y se posibilitan cambios positivos a corto y largo plazo a favor de la niñez y adolescencia, abundó.

Nancy Ramírez Hernández, directora nacional de Incidencia Política y Temas Globales de Save The Children México, consideró fundamental tener un sistema que garantice derechos a niñas, niños y adolescentes, y la simplificación orgánica no representa ahorros presupuestales como se argumenta en la iniciativa. “No deberíamos hablar de ahorros cuando se trata de la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. El Estado debería asegurar incrementos progresivos, hay una marginal inversión en la niñez”.

Baldomero Gómez de la Cruz, de la Oficina de la Defensoría de la Infancia, afirmó que no hay implicaciones positivas para la protección integral derivadas de la reforma de simplificación orgánica, “solamente observamos implicaciones negativas, de retroceso y debilitamiento de la estructura estatal para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se revive una visión asistencial y tutelar, que debería estar superada, con la inclusión como unidad administrativa en el Sistema Nacional DIF”.