Violencia electoral dejó 91 políticos asesinados durante el proceso

Las campañas electorales terminaron con al menos 36 aspirantes o candidatos a puestos de elección popular asesinados, lo que coloca al proceso en marcha como el segundo más violento en los últimos 20 años, que es de cuando se tienen registros.

De acuerdo con datos del Indicador de Violencia Política en México, realizado por la consultora Etellekt, del 7 de septiembre de 2020, cuando inició el proceso, hasta el 5 de junio, en decir dos días después de terminado el periodo de campañas, fueron asesinados 91 políticos, de los cuales 36 eran aspirantes o candidatos y de éstos últimos 31 eran del ámbito municipal y 90% eran opositores a los presidentes municipales del lugar en donde vivían.

Tan sólo del 7 de septiembre de 2020, cuando inició el proceso, hasta el 30 de mayo de 2021, es decir a tres días de que concluyera el periodo de campañas, fueron asesinados 89 políticos, de los cuales 35 eran aspirantes o candidatos.

Los datos de Etellekt reflejan que el número global de asesinatos es 41% menor a los registrados en el proceso electoral 2017-2018, cuando fallecieron por ese tipo de atentados 152, de los cuales 48 eran aspirantes o candidatos. 

Los asesinatos de aspirantes o candidatos del periodo electoral en marcha ocurrieron en 33 municipios de 12 entidades del país, aunque en 10 entidades más hubo ataques letales a políticos que no necesariamente buscaban una postulación.

De las 782 agresiones en total, 117 se dirigieron contra políticos, aspirantes y candidatos de Veracruz, estado que concentró 15% de los ataques. De las 89 personas asesinadas, 16 eran de esa entidad es decir 18 por ciento. Incluso de los 35 aspirantes y candidatos asesinados, ocho, que representan 23% eran de ese territorio.

El segundo estado con más agresiones o delitos contra políticos registrados en el proceso electoral en marcha (hasta el 31 de mayo) es Oaxaca, con 68, seguido de Puebla, con 58 y el Estado de México, con 56.

Solo en Baja California Sur, Nayarit, Durango, Coahuila, Colima, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán no se han registrado ese tipo de agresiones.

De las 35 personas muertas aspirantes o candidatas, 13 contaban ya con registro como abanderado. De las 89 víctimas, 14 eran mujeres y de estas siete aspirantes o candidatas.

Ámbito municipal, el más peligroso para hacer política

• Hasta el 30 de mayo ocurrieron 782 agresiones contra políticos y candidatos, es decir ocho casos más que en todo el proceso electoral de 2018.
• Del total de agresiones resultaron 737 víctimas, de las cuales 260 eran mujeres, es decir 35 por ciento.
• Del total de políticos agredidos, 518 eran aspirantes y candidatos. 75% de ellos buscaban cargos de elección en el ámbito municipal.
• De hecho, de las 89 víctimas mortales, 89% pertenecían al ámbito municipal; 8% al estatal y sólo 3% al municipal.
• Del resto agredidos 120 son militantes de partidos políticos y 99 autoridades y representantes populares.
• Concretamente, de los 35 aspirantes y candidatos asesinados, 30 competían por cargos municipales, cuatro por diputaciones estatales y uno a diputado federal. 7 de las 35 víctimas mortales eran mujeres.

Ser opositor incrementa el riesgo

Las agresiones ocurrieron en 460 municipios distintos del país que representan 19% del total. Llama la atención que de los 737 políticos y candidatos víctimas de agresiones o delitos, 75% eran opositores a los gobiernos de los estados.

Asimismo, 75% de los 89 políticos asesinados eran opositores a los gobiernos estatales.

Si se comparan las cifras del proceso electoral de 28 con las de este año se observa que el ataque a opositores se incrementó pues de los 152 políticos asesinados hace tres años, 69% eran opositores.

Si bien durante los últimos 10 días de campaña se incrementaron los ataques contra candidatos en campaña, en mayo disminuyó la violencia letal contra políticos, pues se reportaron 9 asesinados, de los cuales 4 eran candidatos, cuando en abril fueron 15, de los cuatro eran candidatos.

Si se analizan los datos en función del partido a que pertenecían, de los 89 asesinados, 39, es decir 44%, eran de un partido de la alianza PAN, PRI y PRD, mientras que 25, es decir 28%, pertenecían a la coalición Morena, PVEM y PT.

El PRI concentra el mayor número de políticos asesinados, seguido por Morena con 14 y PRD con 12, entre otros.

La consultora Etellekt destaca que además de los 89 políticos asesinados, han perdido la vida 11 colaboradores de políticos y 35 familiares. En el periodo señalado 278 políticos recibieron amenazas.

Durante el proceso electoral 2017-2018, el Indicador de violencia Política de Etellekt registró un total de 774 agresiones o hechos delictivos contra políticos con un saldo de 152 asesinados, de los cuales 48 eran aspirantes y candidatos. 69% de las víctimas mortales eran opositores a los gobiernos estatales.

Con base en esos datos, la Organización de Estados Americanos consideró al proceso electoral de 2018, como uno de los más violentos de la región.

Por su parte, la secretaria de Gobernación dijo que los hechos que han afectado a candidatos tienen tres motivaciones.

Primero, conflictos producto de añejas demandas sociales, fundamentalmente en el medio rural y en comunidades originarias, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Michoacán.

Segundo, hay organizaciones sindicales, campesinas, populares, estudiantiles, que utilizan la coyuntura electoral para presionar, en ocasiones de manera violenta, por la satisfacción de sus demandas, que nada tiene que ver con las elecciones. 

Y tercero, las acciones criminales, que afectan sobre todo el ámbito municipal. Por eso he dicho que el eslabón débil en la cadena de gobernabilidad está en algunos municipios.

No tiene que ver con las elecciones: Gobernación

Para la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero “en la enorme mayoría de los casos (de agresiones contra candidatos) no tienen relación con el proceso electoral”.

La funcionaria del gobierno federal dijo que “desde luego que toda agresión contra los candidatos no importa de qué partido, es una vulneración a la gobernabilidad democrática”.

El 9 de abril pasado durante una presentación sobre la “Estrategia de protección en contexto electoral” la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez planteó que “el partido del crimen amenaza a candidatos y candidatas para incrementar su influencia”.

En ese sentido, de acuerdo con el proyecto Elecciones y violencia en México del Programa Noria para México y América Central, aunque las organizaciones criminales tengan una responsabilidad innegable en las dinámicas de violencia, la presunción de que “el narco” o “el crimen organizado” son la única explicación de la violencia electoral no es satisfactoria. 

Desde su perspectiva, en el país, la violencia es un recurso político central, usado por una variedad de actores públicos y privados, lícitos e ilícitos.

Destaca que se tienden a olvidar o minimizar el papel que juegan las autoridades políticas, las fuerzas públicas y diversos actores privados (empresarios, caciques, figuras de autoridad de facto, patrones informales, y muchos más) en la violencia electoral, a través de la colaboración –activa o pasiva– o de la protección de actores violentos.

Destaca que existe evidencia clara acerca del peso ocupado por las redes político-criminales en actos de represión, amenazas, y asesinatos de candidatos en México.

Asimismo refiere que un aspecto crucial que yace en la geografía política de la violencia electoral es que en su inmensa mayoría, afecta a cargos municipales o locales.

diego.badillo@eleconomista.mx