Santander recurrirá su imputación en la causa penal de Popular

El caso Popular vuelve a tomar protagonismo. Los servicios jurídicos de Santander ultiman la presentación de un recurso contra un auto de la Audiencia Nacional que le ha declarado formalmente imputado en la causa penal que se está instruyendo contra Ángel Ron, Emilio Saracho, miembros de sus consejos y varias personas jurídicas. Lo ha hecho tras estudiar la petición de dos pequeños exaccionistas de Popular.

Desde la reforma del Código Penal del 2010, una empresa puede ser también perseguida judicialmente por hechos penales.

Popular está imputado como persona jurídica en este proceso desde que se abrió la causa. Ahora le sustituirá Santander. El juez instructor, José Luis Calama, argumentó que la responsabilidad penal de Popular no se extingue por efecto de una absorción empresarial, sino que “se traslada” a la entidad compradora.

Santander sostiene que es injusto que le hagan responsable por conductas de consejeros que nunca han trabajado en Santander y que su decisión de comprar Popular la misma noche de su resolución (fue la única oferta) permitió que el banco siguiera funcionando y evitó una importante desestabilización del sistema bancario español, según fuentes próximas. Como consecuencia de la aplicación de la normativa de resolución, 300,000 accionistas perdieron su inversión en la entidad.

Santander mantiene en secreto a cuánto ascienden los riesgos legales (penales y civiles) derivados de la compra de Popular, que se extienden a Estados Unidos y México. En su memoria del 2017 se limita a decir que las eventuales responsabilidades “no tendrán, en conjunto, un efecto significativo adverso en los resultados del grupo”. Pimco, uno de los grandes accionistas que pleitea contra Santander, sostiene que ese riesgo legal asciende a 3,000 millones.

En octubre del 2017, la Audiencia Nacional admitió a trámite las primeras cuatro querellas, la mayoría de asociaciones de consumidores, contra exconsejeros de Popular por su posible responsabilidad penal en la quiebra de la entidad. La cifra de querellados se eleva a 34. Entre ellos se encuentran los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho y el empresario mexicano Antonio del Valle. Como personas jurídicas están investigados Santander, varios accionistas de referencia de Popular (Crédit Mutuel, la Sindicatura, Unión Europea de Inversiones) y PwC, la auditora de Popular en el momento de la resolución del banco.

La instrucción de este sumario acaba de cambiar de manos. José Luis Calama, actual titular del Juzgado Central número 4, lleva la investigación. Dada la complejidad de la causa, el sumario seguirá abierto hasta abril del 2019.

Pendiente declaración

Desde hace más de un año, dos peritos judiciales del Banco de España están examinando las cuentas de Popular en busca de posibles irregularidades. El juez está esperando la llegada de sus conclusiones para empezar a tomar declaración a todos los imputados en la causa.

La CNMV sí ve irregularidades contables. Al menos en las cuentas de Popular del 2016. En octubre abrió un expediente administrativo a Ángel Ron y su equipo por infracción muy grave por esta causa. El supervisor sostiene que contenían datos “inexactos o no veraces”. La CNMV está investigando si parte de las pérdidas declaradas por Popular en el 2017, ya como filial de Santander, proceden de años anteriores.

Ampliación de capital

El caso Popular se compone de dos piezas separadas. La primera gira en torno a la ampliación de capital realizada por Popular en el 2016. Investiga si los gestores engañaron a los inversores que acudieron a esta operación con información contable que no reflejaba la imagen fiel del banco. Estos hechos recuerdan a la salida a Bolsa de Bankia, cuyo juicio comenzó a finales del 2018 y se alargará hasta junio del 2019.