Juzgado Tercero de Distrito resolvió que la fuerza pública se retire de la UDLAP

Desde el pasado 29 de junio la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se mantiene en resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con ello más de 9,000 estudiantes, personal docente y administrativo tuvieron que suspender cualquier actividad académica en un hecho sin precedentes.  

El 10 de julio la comunidad estudiantil protesto afuera de la UDLAP para exigir la liberación del campus, posteriormente académicos, consejo estudiantil, exalumnos, empresarios y ciudadanos, se manifestaron a través de un comunicado que condena las acciones en contra de esta institución.  

En entrevista, Enrique Cárdenas, uno de los responsables de la publicación y ex rector de esta institución, comparte que firmaron porque “consideramos que esto es un atropello, que no se puede permitir y no nos podemos quedar callados ante esta situación. Sobre todo porque también existe una suspensión provisional por parte del Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales del estado de Puebla, para que la fuerza pública se retire de la universidad y se abstenga de intervenir en tanto no se resuelva la disputa judicial en curso”. 

El problema que tiene a la institución en estas circunstancias

Cárdenas explica que la Fundación Mary Street Jenkins tuvo un conflicto interno, el problema es que por legislación de la Universidad desde hace muchos años se decretó que el patronato de la Fundación de la UDLAP se constituye de las mismas personas que la nombrada Fundación que es donataria. Dijo que eso se tomó como pretexto por parte del gobierno del estado para que a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del estado de Puebla, se nombrara a un nuevo patronato para la Universidad y posteriormente a un nuevo rector, Armando Ríos Piter. 

“Esto no es posible, primero tomar una universidad con la fuerza pública cuando no ha pasado nada al interior de la institución, luego, trastocar la operación interna al nombrar un nuevo rector sin seguir los lineamientos ni la normatividad”. 

Entre los firmantes del comunicado se encuentran: Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México; Soledad Loaeza, catedrática, historiadora y escritora; Andrés Lira, ex presidente del Colegio de México, Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami y ex secretario de salud; Antonio Lazcano, uno de los científicos más reconocidos del país y miembro del Colegio Nacional; José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral, entre otros.  

Cárdenas recalcó que una cosa es el problema jurídico y otra cosa es la vida interna de la institución y no tiene por qué afectarse una con la otra. “La universidad no debe ser trastocada y el campus debe ser devuelto a las autoridades institucionales. Esto es lo que esperamos y por lo que pugnamos”.  

Este lunes 26 de julio más de 300 profesores de la UDLAP también se unieron al llamado y expresaron su preocupación por el daño al prestigio académico y a la imagen institucional que acarreó la irrupción armada al campus. Además refrendaron su compromiso con la educación, “No hemos dejado ni dejaremos de atender nuestras tareas de docencia, investigación y creación artística”. 

Agregan que es urgente restablecer las condiciones de estabilidad y que se deslinde a la institución de intereses políticos. “Exigimos asimismo respeto a nuestra dignidad intelectual y moral: somos las y los formadores de numerosas generaciones ya egresadas”. Esta institución tiene más de 35,000 egresados. 

Conflicto en el patronato 

Cárdenas explica que lo que hace el patronato es tener el control en cuestión del patrimonio institucional, pero no se mete a la operación de la universidad, para eso hay un estatuto orgánico al interior que establece cuales son las funciones de cada parte. También nombran al rector, pero con base en un procedimiento establecido y donde además participa un consejo que está integrado por personas no miembros del patronato y que participa en muchas de las decisiones al interior, entre ellas proponer al mayor representante de la institución. “Este consejo no fue tomado en cuenta para nada en este último nombramiento”.  

El conflicto que hay al interior del patronato es incluso familiar. “Lo que debiera haber sucedido es que al problema se le diera seguimiento en paralelo y se resolviera, pero sin afectar las funciones de la Universidad que operaban con regularidad”. Cárdenas asegura que el conflicto lleva años y no es el primero, pero nunca había trastocado al interior de la institución.  

“En este caso también se habla de un dinero que la Fundación Jenkins sacó de México y que al parecer se permitió de manera legal, ese es un problema, pero totalmente ajeno a la UDLAP. Pareciera que quieren que regresen el dinero a Puebla, pero están tomando de rehén a la universidad, esa es la impresión”.  

El exacadémico explica que la Universidad es un gran activo del estado, pues vienen muchos estudiantes de fuera, es un motor social y económico importante, “en las épocas cuando yo era rector era la segunda nómina más importante del estado. A nadie conviene una crisis en la institución”  

Concluye que este es un caso en el que se debe poner mucha atención porque el riesgo de intervención en universidades públicas o privadas es un atropello y no se debe permitir, “por eso tantas personas se han manifestado en contra de estos hechos y alzamos la voz para que esto se atienda de inmediato”.  

El gobernador de Puebla habla al respecto

Este martes 27 de julio el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta criticó sin conocer el reciente desplegado firmado por 300 profesores de la UDLAP y reprochó que no se hayan manifestado en el pasado.  

Dijo que desde el 2013 ya se sabía de desfalcos en la Universidad y la Fundación, pero que de eso no hubo ningún desplegado para reprochar esta situación. “En la UDLAP existió ´la moral del silencio´”.  

Aunque confirmó no haber leído el desplegado, pidió a los firmantes que revisen si lo que hubo en la Fundación era legal, porque asegura, hubo desvío de recursos económicos al extranjero. “Señores académicos, ustedes no son cómplices de Luis Ernesto Derbez. No voy a opinar porque no conozco el desplegado. Yo lo que deseo es una salida negociada y legal”, dijo. 

nelly.toche@eleconomista.mx