Chile, Brasil y Colombia han puesto en aprietos al sector de telecomunicaciones

Los choques entre los industriales de la telecomunicación y los gobiernos nacionales no han sido pocos ni sus repercusiones, así como tampoco el monto de las inversiones que se han visto comprometidas o la viabilidad futura de las empresas por polémicas decisiones legítimas y legales de las autoridades, pero que al final han terminado trastocando los servicios recibidos por el consumidor.

Chile es el reciente ejemplo que ha puesto en un dilema a las empresas del sector sobre como proceder en el mercado tras la determinación del gobierno de congelar la explotación de una banda de espectro y de exigir la devolución de frecuencias en otra. Pero Brasil, Colombia y el mismo México también tienen sus propias historias.

Brasil y las megamultas a la telefónica Oi

Oi es el cuarto operador móvil del mercado brasileño y sus problemas son esencialmente financieros. Sus pasivos sumaban 24,900 millones de dólares al terminar 2017 y buena parte de esa carga es resultado de las constantes multas impuestas una tras otra por el regulador Anatel a la compañía, cuando especialistas habían sugerido mandatar nuevas obligaciones de cobertura para Oi, por ejemplo, para mejorar los servicios y en lugar de aplicar sanciones económicas que ahora han puesto en aprietos a esta empresa que vino de un proyecto de Estado por contar con un fuerte operador de participación accionaria mayoritariamente brasileña.

Pese al difícil estado de Oi, han habido interesados en convertirse en socios de la empresa o en adquirir la totalidad de sus activos, pero, otra vez, el actual ambiente político y económico de Brasil ha complicado una solución de fondo para Oi. Compañías chinas como China Telecom, China Mobile o China Unicom; inversionistas rusos y el mismo Carlos Slim se han interesado en varias ocasiones en comprar toda la empresa o partes de ella. La razón está en que Oi tiene 40 millones de usuarios móviles, un alcance de 16 millones de hogares en redes fijas, más espectro de capacidad y cobertura en las bandas de 400 MHz y de 1800 y 2500 MHz.

Para destrabar los líos de Oi, consideran especialistas, son necesarias una sensibilidad y voluntad de la clase política y del regulador también para que la empresa regrese del todo a flote.

Chile vs Claro-Entel-Movistar por la banda de 700 MHz

El supremo tribunal chileno resolvió hace una semana un pleito que duró cuatro años y que el fondo de todo tenía que ver sobre si las telefónicas Claro, Movistar y Entel incurrieron en prácticas anticompetitivas al adjudicarse espectro en la banda de los 700 MHz. La Corte dijo que así fue y mandató entonces a los operadores a desprenderse de la misma cantidad de espectro conseguido en el concurso de esa banda, de 2014; pero les permitió la posibilidad de elegir devolver frecuencias del 700 o de otro espectro. 

En el concurso de 2014, Claro y Movistar consiguieron 20 MHz de ancho de banda, y Entel, 30 MHz. Ahora será decisión de las empresas qué y cuánto del espectro que está en sus manos devuelven: Claro y Movistar cuentan cada una con 115 MHz entre las bandas de 700 y 800 MHz y de 1.9 y 2.5 GHz. Por su parte, Entel cuenta con 130 MHz en todas esas frecuencias, salvo en la de 1.9 GHz.

La industria chilena está preocupada por el fallo del Corte Suprema, pues ésta ocurre dos años después de importantes inversiones dirigidas para explotar espectro en los 700 MHz para servicios 4G LTE Advanced y cuando también, al mismo tiempo, el gobierno chileno decidió no explotar la banda de 3.5 GHz en tanto se definan los parámetros internacionales para su explotación en 5G. 

Además, el hecho ocurre en momentos en que el operador WOM, el cuarto operador del mercado y con frecuencias sólo en 1.7/2.1 GHz, pide espectro en 700 MHz que le permita competir de mejor manera en 4G y cuando el Estado analizaba poner en licitación un bloque de 20 MHz reservado en esa banda para servicios de emergencia. Una posibilidad era que un operador, por ejemplo WOM, explotara esos 20 MHz reservados y a su vez desplegara infraestructura para la red de emergencia pensada por el gobierno.

“La decisión de la Corte Suprema de Chile de obligar a Claro, Entel y Movistar a devolver espectro sorprendió a la industria y no hace más que evidenciar las tensiones que existen entre el sector público y privado”, platica Juan Gnius, analista en Telracom.

“La sentencia podría sentar posiciones de cara al futuro a escala regional, no tanto por el tope de espectro sino por el concepto de 'acaparamiento' de espectro. Es decir, espectro en manos de un operador que no se utiliza o se utiliza de manera ineficiente. Este concepto fue utilizado por el regulador Subtel para suspender el uso de la banda de 3.5 GHz, ya que los operadores no la utilizaban de manera eficiente, pues sobre 60 localidades revisadas por el regulador, el 73% no contaba con cobertura en esas bandas. Otro caso similar que puede mencionarse es con la banda de 2.5 GHz en México, recuperada por el Estado por estar sin uso”, dice Gnius.

Colombia vs Slim y Movistar

Los colombianos encaran en estos días un dilema por la subasta de un espectro que tiene el poder de conectar a su población más desprotegida y ampliar éstos hacia las zonas rurales más apartadas, pero esa licitación también ya sufre la frialdad de las telefónicas que no ven condiciones económicas y regulatorias para ir por ese espectro, cuando hace un año mostraban entusiasmo para usarlo en redes 4G y por eso su ruego para que se definiera pronto el concurso de la banda de los 700 MHz.

El motivo está en que las sanciones impuestas por Colombia a las filiales locales de Telefónica y América Móvil a mitad de 2017 por una suma conjunta y cercana a los 1,700 millones de dólares —4.7 billones de pesos colombianos— para poner fin a una controversia por una ley de reversión de activos de hace más de veinte años, ha provocado ahora que la industria haya dicho no a la licitación de ese espectro. 

Claro de América Móvil y Movistar de Grupo Telefónica ya exhibieron su desinterés por la licitación y lo hicieron saber a través de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, Asomóvil. Tigo de Millicom International Cellular, aunque no fue directamente afectada por las megamultas, acompañó la posición de sus competidores.

Movistar y Claro enfrentan retos por las sanciones de julio, pero pagadas ya en agosto de 2017, ya que  ambas empresas tuvieron que recurrir a compromisos financieros de carácter internacional para cumplir con las penalizaciones. Su operación diaria también se vio afectada y por ello la posición de convergencia que ha mostrado la industria sobre esa licitación. 

Los operadores han afirmado que no es el momento económico idóneo para que Colombia dirija un proceso licitatorio, cuando el mercado liga más de dos años con números rojos y cuando, debido a estas sanciones para los dos grandes operadores del sector, se perfilan tres años más de impactos negativos.

México y la 2.5 GHz, “la banda maldita”

Luego de una década de que empezaron a vencer los primeros títulos de concesión entregados para servicios de audio/video vía microonda a través de la banda de los 2.5 Gigahercios, este espectro está nuevamente a concurso, pero ahora para servicios móviles avanzados. La intrincada historia de estas frecuencias empieza en los años 90s, cuando la desaparecida Cofetel entregó los 190 MHz de ancho de banda que componían ese espectro a una docena de empresas, siendo MVS Comunicaciones el mayor tenedor de las señales.

Con los primeros vencimientos de concesiones, sobrevino una batalla por la tenencia de la banda; en 2011 y 2012 hubo una pelea entre el entonces gobierno de Felipe Calderón y MVS, que concluyó en 2013 con la recuperación de 130 MHz a favor de la Nación y 60 MHz para las empresas. 

Los operadores debían construir una red de servicios avanzados o el Estado recuperaría la totalidad de la banda a más tardar en 2017, de ahí que MVS definió traspasar sus frecuencias a Telcel, generándose así una nueva polémica en la industria.

La polémica de estos días gira en que la construcción de la subasta de la 2.5 GHz tuvo entre sus fines apoyar al concesionario de la Red Compartida, al establecer en sus bases de licitación obligaciones sociales de cobertura para los interesados y a cumplir con espectro de 2.5 GHz o de otras bandas, como la de 700 MHz. El resultado es que a mitad de concurso sólo llegaron dos tiradores por las frecuencias y los especialistas ya advierten que quedará espectro de la 2.5 GHz sin adjudicar. 

“El sector de telecomunicaciones es un mercado de capital intensivo en el que los operadores comprometen inversiones de montos elevados”, expone al respecto de todo el tema Octavio Lecona, socio de telecomunicaciones en la firma Holland & Knight. “Las inversiones en nuevas tecnologías, incluyendo el despliegue de redes de nueva generación, requieren la máxima certeza jurídica; de otra forma, esas inversiones encontrarán un campo fértil fuera de las fronteras de países que no den certidumbre al despliegue de infraestructura tan necesaria para cerrar la brecha digital”.

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